El acuerdo PSOE-PP rompe el bloqueo de la derecha en el CGPJ sin compromiso de un nuevo sistema de elección

Cinco años, seis meses y veintiún días. Es el tiempo que el Partido Popular ha mantenido bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), situación que garantizaba que hubiera una abrumadora mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces. Tras varios intentos frustrados —por el propio PP— de alcanzar un acuerdo con los socialistas para la renovación —que requiere de una mayoría de dos tercios— este martes 25 de junio ambas formaciones han ratificado un acuerdo cuya firma ha tenido lugar en Bruselas, ante la mirada de la comisaria europea de Valores y Transparencia, Věra Juverá.

El acuerdo se ha realizado en base a la ley actual, pese que hasta la fecha los conservadores se habían negado a renovar el CPGJ si no se pactaba, en paralelo, una reforma para cambiar el método de elección de los miembros del órgano. La formación de Alberto Núñez Feijóo nunca ha discutido la elección de ocho de los 20 miembros del Consejo porque es la propia Constitución la que establece, en su artículo 122.3, que deben ser designados por el Congreso y el Senado. Lo que pretendía, en relación a los doce restantes, era imponer su criterio a la mayoría del Congreso y al Gobierno, para que fueran elegidos exclusivamente por los jueces. Una pretensión que han tenido que dejar de lado para que hubiera acuerdo.

La norma actual, la que se ha aplicado con gobiernos del PP y del PSOE y que se utilizó en su día para elegir la actual composición mayoritariamente conservadora del Consejo, deja la designación en manos del Congreso y el Senado, pero no libremente: deben elegir a partir de una lista de medio centenar de nombres propuestos directamente por jueces y magistrados. El acuerdo rubricado por ambas formaciones no establece un cambio en su funcionamiento, como al que aspiraba el PP, sino que deja en manos del CGPJ "la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de los vocales".

Una propuesta que deberán redactar en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor y que deberá ser aprobada por tres quintos de los vocales recién elegidos para ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado. El trámite se podría demorar más de un año si los grupos deciden presentar enmiendas al texto y ser sometido a cambios en la Cámara Baja, como sucede con la mayoría de los proyectos de ley. El PP ya ha comunicado que apoyará la propuesta del CGPJ sea cual sea, pero el PSOE siempre se ha negado a que los jueces se elijan a sí mismos.

Se desconoce quién ocupará la presidencia del CGPJ

El pacto incluye el reparto de los 20 nombres que compondrán el órgano de gobierno de los jueces: 10 candidatos propuestos por el PSOE y 10 por el PP. Sin embargo, todavía se desconoce quién será la persona que presidirá el CGPJ, que deberá ser elegida por los propios vocales. También se prevé la creación de una Comisión de Calificación en el CGPJ, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, "con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas", según el acuerdo.

La ley acordada introduce por primera vez un régimen de incompatibilidades para poder ser designado como vocal del CGPJ, de manera que no podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores, hayan ocupado cargos públicos representativos, así como la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia y acabar con las "puertas giratorias" entre judicatura y política.

Otro de los puntos del acuerdo es el nombramiento del vocal conservador José María Macías como magistrado del Tribunal Constitucional, una vacante pendiente desde hace un año. Macías es un magistrado con perfil duro que en los últimos años ha mostrado abiertamente su oposición a los proyectos de ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la amnistía, afirmó que implicaba la "ruptura del marco constitucional" y lo tachó como un "desprecio al consenso constitucional".

Los dos principales negociadores, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños por parte del PSOE y el vicesecretario de acción institucional del PP Esteban Gónzalez Pons del lado de los conservadores, mostraron su satisfacción por el acuerdo e incluso se dedicaron sendos agradecimientos. "Dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad", llegó a afirmar el diputado del PP. Cada uno presumió de los logros que, a su modo de ver, le arrancó al otro, pero fue la formación de Alberto Núñez Feijóo la que más trató de vender las bondades del acuerdo, hasta el punto de que el líder del PP compareció en Génova.

Feijóo admite haber recibido "presiones" para mantener el bloqueo

La comparecencia de Feijóo en la sede nacional del PP fue todo un aviso a navegantes. El conservador necesitaba un golpe de autoridad tras las presiones recibidas en los últimos años en contra de cualquier pacto con Sánchez y reivindicó que ahora ha aceptado negociar con el presidente del Gobierno porque sabe "distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado": "Habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el presidente del Gobierno con lo que está ocurriendo en nuestro país, la respuesta es clara: sabemos distinguir", señaló, en lo que parecía todo un aviso a voces como la de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos días confirmó su oposición a cualquier acuerdo si ello no comportaba la imposición del modelo del PP.

El gallego también hizo referencia a esas presiones recibidas hasta en dos ocasiones: "En este asunto he recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias. Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, terminase esto en un acuerdo o en desacuerdo, les aseguro que no ha sido fácil", reveló. "Con persistencia pese a las presiones y descalificaciones, y con la ayuda indispensable de la Unión Europea, hemos cumplido nuestro objetivo de que el Poder Judicial se renueve", resumió.

El acuerdo para renovar el CGPJ estuvo a punto de ser una realidad hace dos años, pero uno de los motivos determinantes de ese no a la reforma vino de la presidenta madrileña y de influyentes voces de la derecha mediática, como la de Federico Jiménez Losantos, que también ha dejado patente en los últimos días su oposición frontal a cualquier acuerdo. Pero para la actual dirección del PP, este era el momento idóneo para el acuerdo, sin convocatorias electorales a la vista y en pleno periodo estival, cuando la ciudadanía no sigue tan al detalle los entresijos de la política. Feijóo, sin embargo, aseguró que no estaba preocupado por las implicaciones que pueda tener el acuerdo entre sus votantes y se reafirmó en su decisión. Sin embargo, no se mostró optimista ante la posibilidad de que haya un "nuevo clima" de entendimiento con el PSOE.

Yolanda Díaz celebra el acuerdo y los socios parlamentarios del Gobierno se oponen

La noticia del acuerdo sobre el CGPJ ha generado división de opiniones entre los socios parlamentarios del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, puso en valor el "paso adelante" que supone el desbloqueo y destacó que el acuerdo no incluye la pretensión del PP de que los jueces elijan directamente a este órgano. Díaz se pronunció así antes de participar en la presentación del libro La desigualdad en España, organizada por infoLibre. La también ministra de Trabajo señaló que Sumar ha estado en "permanente contacto" con el PSOE durante la negociación y que ya conocía todo el contenido del pacto. Así, incidió en que se negoció "conjuntamente" y que Sumar está representando en el Consejo de manera proporcional a sus votos.

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Una tesis confirmada por Enrique Santiago, diputado de IU y encargado por parte de Sumar de la interlocución con el PSOE sobre el CGPJ. "Hemos participado, hemos dado nuestros criterios a la hora de proponer vocales. Hemos conocido esas propuestas y expresado nuestros criterios. Tienen una acreditada trayectoria y seguro que van a desempeñar sus funciones de una forma mucho mejor", aseguró en declaraciones desde la Cámara Baja. Más crítico se mostró el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que acusó al PSOE de “pactar solo con quien quiere ser el zorro que vigila el gallinero": "PP y PSOE acuerdan renovar el Poder Judicial tras cinco años de secuestro del CGPJ. La derecha cree que el Estado le pertenece y bloquea hasta que cree salirse con la suya".

Por lo que respecta a los socios parlamentarios, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Podemos han sido los más críticos. Aludiendo a la carta de Sánchez, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cargó contra el acuerdo de este martes. "Dijo que existía una máquina del fango y metía al PP, y dos meses después pacta con el PP. Pacta con uno de los elementos que él mismo identificaba como partícipes de la guerra judicial. Los aplaudidores dan el calibre", señaló. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó el pacto como “la peor noticia para la democracia". "Nos parece evidente que el PSOE tenía otra opción, reformar la ley con la mayoría plurinacional y democrática emanada de las urnas, y ha elegido el camino de la rendición al PP y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya anticipó que su formación "no votará a nadie" de la lista de vocales acordados por el PSOE y el PP, ya que ambas fuerzas tienen "mayorías cualificadas suficientes para hacer los cambios que les dé la gana", mientras que Junts afirmó que el pacto es una continuación de "lo que han hecho PP y PSOE" durante los últimos 40 años. “Nos hablan de separación de poderes pero en en realidad lo que han hecho es un reparto del poder, como siempre", resumió su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. El expresident Carles Puigdemont consideró que el PP "gana" con el acuerdo.