El sindicato Manos Limpias ha participado durante los últimos años en algunos de los juicios más mediáticos. Lo han hecho como acusación popular de casos tan conocidos como la inhabilitación del expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, el caso Nóos contra la infanta Cristina, los papeles de Bárcenas, el fraude de los ERE de Andalucía o el sumario sobre el clan Pujol. También denunció, empleando la figura de la acción popular, al programa de TVE Los Lunnis por mostrar una boda homosexual, o a varios miembros de Podemos al considerar que el partido era una "banda criminal" cuyos líderes equiparaba a "Hitler, Lenin y Pol Pot".
Pese a la reciente detención del secretario general de la organización, Miguel Bernard, actualmente en prisión acusado de delito de extorsión, organización criminal, fraude contra la Hacienda Pública y falsedad documental, Manos Limpias ha asegurado que no renunciará a personarse en todas las causas donde ejercen de acusación mediante la herramienta de la acción popular.
Esta figura permite a una persona física o jurídica presentarse como parte demandante o acusadora en un juicio, sin necesidad de haber sido damnificada directa de los hechos denunciados. El magistrado Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, explica en conversación con infoLibre que se trata de "la facultad de cualquier ciudadano de pedir a un juez que imponga una pena".
Es la acción popular una particularidad del Estado español, ya que existen pocos ejemplos que empleen una figura similar entre los países europeos. El fiscal Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, señala que "en Europa hay modalidades de litigar con el fiscal a efectos de responsabilidad civil, pero esta figura en igualdad de condiciones sin tener legitimación de origen ocurre sólo aquí".
Las carencias de la Fiscalía
El motivo por el que la acusación popular goza de tal protagonismo es España se explica directamente por las carencias del Ministerio Fiscal. Al menos así lo interpretan las asociaciones de jueces y fiscales del país. "En el siglo XIX en España se decide que cualquier ciudadano pueda denunciar porque no hay confianza en los políticos, que controlan el Ministerio Fiscal", explica Conrado Gallardo.
Con él coincide Salvador Viada, quien entiende como "un fracaso de la Fiscalía la sola existencia de una condena basada en la acusación popular". Y subraya, en este sentido, la necesidad de que el fiscal esté "libre de cualquier tipo de dependencia política". Si se alienta y se estimula esto, continúa, "el hueco que le quedará a la acusación popular será pequeño". Para Emilio Frías, portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, "es necesario reforzar la independencia de la Fiscalía, que no haya dudas sobre ello, que socialmente no quepa la más mínima duda sobre su credibilidad". Después de todo, "que le demos más credibilidad a Manos Limpias me parece disparatado", lamenta el fiscal. Frías aprovecha para equilibrar la balanza a favor de la Fiscalía: "Socialmente se ha usado al fiscal como un muñeco. Cuando viene bien es muy bueno, cuando viene mal, muy malo", denuncia.
Para ello, "hay que hacer que la Fiscalía suscite total confianza, despolitizarla, independizarla, crear un código ético de los fiscales y a partir de ahí, cuando no quepan dudas sobre su imparcialidad, ver si tiene sentido la acción popular", sostiene Salvador Viada.
Acabar con esta figura, sin embargo, no parece tarea sencilla. El propio Viada reconoce que "viene en la Constitución, por tanto es un tema que no hay quien termine con él".
El juez Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, también señala que la acción popular "viene establecida en la Constitución, de modo que hay que cumplirla".
Inconvenientes y necesidad de filtros
Pero, ¿por qué genera tanta polémica la figura de la acción popular? Las críticas se explican, según el juez Conrado Gallardo, porque "existe el peligro de que se use para perjudicar a un enemigo, como venganza, o para entorpecer un proceso civil", motivo por el que es "una anomalía del ordenamiento jurídico español, que no existe casi en ningún otro país”. Para el magistrado, presenta "más inconvenientes que ventajas" e incluso, asegura, "sirve para extorsionar y hacer negocio: el 98% de los casos no responden a delitos reales, sino que persiguen fines completamente espurios", lamenta.
"Te encuentras con ciertos casos en los que se forran, ocurre con frecuencia y se trata de un fraude al sistema cuyo origen está en la falta de eficacia de la Fiscalía", insiste Salvador Viada.
Por su parte, el fiscal Emilio Frías se muestra crítico con la figura de la acción popular, pero entiende que la solución pasa por una decisión política que plantee qué tipo de sistema es el mejor. "¿Queremos acusación popular o no? En caso de que la queramos, que se regule", sostiene. Para Frías, "es indiscutible que tiene que ser objeto de una regulación completa: en qué supuestos cabe, en cuáles no, si se ha de hacer con una fianza que cubra un hipotético perjuicio contra el honor del acusado…" No obstante, Frías rompe una lanza a favor del fiscal, a quien deberíamos "darle un mínimo de confianza, porque parece que socialmente no nos fiamos de él y sí lo hacemos del primero que se presenta como justiciero".
El juez Raimundo Prado, por su parte, señala una serie de medidas que a su juicio podrían aplicarse a la acción popular. "En la Ley de Enjuiciamiento Criminal podían existir determinados tipos de filtros que sirvieran para mejorarla", destinados a "evitar abusos, situaciones torticeras de las partes…", admite el magistrado. Entre ellos, apunta a la fijación de fianzas –en la actualidad es el juez quien determina en qué casos debe depositarse una fianza– aunque reconoce que "no es un problema económico", porque existen asociaciones no lucrativas –como las ecologistas– que no pueden permitirse pagar una fianza. "Los filtros son complicados", reconoce.
Los beneficios
El abogado Manuel Ollé comenta en conversación con infoLibre que la acusación popular, "bien usada, y sobre todo de acuerdo a fines de justicia, no debería desaparecer". El letrado entiende que "en los casos delicados, donde haya algún tipo de interés general con independencia de la posición del fiscal, también la ciudadanía debe poder personarse como acusación".
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El fiscal Salvador Viada destaca que "tiene sentido cuando hay un juez que considera que el hecho es efectivo y que existen motivos para investigar algo". En este tipo de casos, si el fiscal no acusa o no existen perjudicados, "la acusación popular permite al juez seguir investigando, de forma que es una especie de forma de suplir las lagunas de la Fiscalía".
Viada destaca la importancia de la acción popular en los casos de tortura: "Ahí la acusación popular es muy importante, también es un defecto del Estado", reflexiona. "En el fondo siempre es eficaz cuando el Estado, concretamente el Ministerio Fiscal, no cumple con lo que de él se espera", continúa, al tiempo que reitera la idea de que lo óptimo sería "dotar a la Fiscalía de los medios necesarios para que esto se minimice".
En este sentido, juicios como los del caso Filesa, los GAL o los asesinatos de Lasa y Zabala no habrían prosperado, probablemente, sin el impulso de la acción popular.
El sindicato Manos Limpias ha participado durante los últimos años en algunos de los juicios más mediáticos. Lo han hecho como acusación popular de casos tan conocidos como la inhabilitación del expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, el caso Nóos contra la infanta Cristina, los papeles de Bárcenas, el fraude de los ERE de Andalucía o el sumario sobre el clan Pujol. También denunció, empleando la figura de la acción popular, al programa de TVE Los Lunnis por mostrar una boda homosexual, o a varios miembros de Podemos al considerar que el partido era una "banda criminal" cuyos líderes equiparaba a "Hitler, Lenin y Pol Pot".