Así ven jueces y fiscales la petición del PP de limitar con “urgencia” la acusación popular

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se convirtió el pasado miércoles en el primer líder del Ejecutivo en activo que ha tenido que declarar como testigo en un procedimiento penal. Lo hizo en el juicio sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) a petición de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), principal acusación popular en el caso. La petición del abogado José Mariano Benítez de Lugo, que ya había sido rechazada hasta en dos ocasiones previas, fue aceptada el pasado mes de abril ante la falta de colaboración del PP. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron al considerar que la comparecencia no era "ni útil ni pertinente". 

Veinticuatro horas después de que Rajoy accediese a la Audiencia Nacional por el garaje, fuese recibido por el presidente del órgano judicial y se le sentase en el estrado a la derecha del tribunal para evitar la imagen con los acusados de fondo, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha aprovechado una entrevista en RNE para criticar el "juicio político promovido por el PSOE" al que fue sometido el presidente del Gobierno y para pedir que se limite de forma "urgente" la acción popular. "Fue una estrategia montada por Adade, una organización vinculada al PSOE, y por el PSM y el PSPV, que tenían a sus letrados presentes", aseveró.

No es la primera vez que desde la formación conservadora se pide "regular" el derecho recogido en la Constitución. El pasado mes de noviembre, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ya dejó claro, en una entrevista concedida al diario El País, su intención de poner en marcha los mecanismos necesarios para reducir la figura de la acusación popular. "Ya no será el juez el que promueva la investigación, sino que será el fiscal, con capacidad de autoorganización y de funcionamiento con autonomía", señaló el ministro. "En ese modelo, la acusación popular debe reducir mucho su ámbito de actuación", completó.

Sobre la limitación de este derecho también se pronunció en abril el PSOE. En declaraciones al diario El Mundo, el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso, Juan Carlos Campo, sostuvo que el partido no estaba por la "supresión" pero sí por la "limitación". "Pero antes tenemos que abrir un profundo debate, no sólo con todos los grupos políticos, sino también con las asociaciones de jueces y con juristas de prestigio para dar la mejor solución al procedimiento penal general", señaló el magistrado, que también puso sobre la mesa la necesidad de trabajar en un nuevo Estatuto Fiscal que otorgue independencia del Poder Ejecutivo al Ministerio Público.

En la cabeza de todos ellos, la utilización de esta figura por parte de algunas asociaciones para obtener beneficios personales. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), liderada por Luis Pineda, y del sindicato ultra Manos Limpias, encabezado por Miguel Bernard. Aunque se presentaban como luchadores contra la corrupción y defensores de los consumidores, lo cierto es que acudían juntos a procesos judiciales y luego chantajeaban a los querellados para retirar las querellas presentadas contra ellos. La organización criminal, que exigió tres millones a cambio de retirar la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos, fue desarticulada en abril de 2016. 

"Regularla" para evitar "fines espurios"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se posicionan a favor de regularla. Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), por su parte, ponen como condición previa necesaria el asegurar la independencia del Ministerio Fiscal. Mientras tanto, Foro Judicial Independiente (FJI) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) rechazan dar este paso. La Asociación de Fiscales dice que por el momento se atiene "a la regulación que de ella se hace en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Raimundo Prado y Celso Rodríguez, portavoces de la AJFV y la APM, son los que se pronuncian con mayor contundencia a favor del limitar el derecho a la acción popular. Ambos coinciden en que es necesario evitar la utilización de esta figura "con fines espurios" y, por ello, su uso tiene que ser restringido. "Se podrían establecer una serie de filtros, como por ejemplo sanciones en aquellas querellas que se consideraran improcedentes", apunta Prado. "O se podría permitir el ejercicio de las acciones penales solo a aquellas personas físicas o jurídicas que demostrasen de manera evidente por el tribunal un interés legítimo en el objeto del proceso", completa Rodríguez. 

Aunque se han revelado casos de mala utilización de la acción popular, los dos juristas reconocen que también se pueden encontrar ejemplos en los que el uso ha sido "legítimo y sin objeciones". Por tanto, señalan que no apuestan por la "supresión completa de la figura" –para ello sería necesaria, además, una reforma constitucional–, sino por una "restricción" en su utilización. En este sentido, Rodríguez apunta que tampoco hay que permitir que "hechos que pueden ser delictivos" queden "sin persecución" por una "restricción excesiva" y pide "confiar en el ejercicio en defensa de la legalidad que le corresponde a la Fiscalía".

Independencia fiscal

Es el Ministerio Público, sin embargo, el que hace que los portavoces de JpD y APIF, Ignacio González y Miguel Pallarés, respectivamente, se pronuncien con menor contundencia sobre este tema. "Ahora no es el momento oportuno", sostiene el juez, que recuerda que la "inmensa mayoría" de los procedimientos penales por corrupción en España están abiertos gracias a la acción popular. González cree que sólo se puede empezar a hablar de una limitación de este derecho "una vez que se elabore un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal" que le otorgue mayor independencia y rompa con el "cordón umbilical" que le une al Ejecutivo. 

En la misma línea se pronuncia el fiscal Pallarés. "Me parece adecuado poner un poco de coto a este maremágnum de acusación popular barra libre para cualquiera", dice el portavoz de la APIF. Sin embargo, al igual que González, para ello considera necesario configurar una Fiscalía "auténticamente independiente" que evite las "injerencias del Ejecutivo" en las actuaciones del Ministerio Público. "Si se hace, estoy convencido de que la acción popular sobra", asegura Pallarés, que pide avanzar hacia "un procedimiento penal moderno".

Un "elemento fundamental"

Concepción Rodríguez, portavoz del Foro Judicial Independiente, rechaza la limitación. "Pueden haber existido algunas disfunciones, pero pueden corregirse. Es un elemento fundamental en un Estado social democrático y de derecho", sostiene la jueza, que señala que "hay intereses, no solo los individuales, que tienen que ser tutelados". No duda cuando se le pregunta si el incremento de las restricciones podrá influir en la lucha contra la corrupción: "Por supuesto que sí". "Teniendo en cuenta que en España no hay división total de los tres poderes, este tipo de acciones permiten precisamente un equilibrio que facilita que salga a relucir la corrupción, sin importar quién la hubiera cometido", asevera.

La portavoz del FJI tampoco acepta una limitación que venga acompañada de una reforma del Ministerio Fiscal en la que se dote al órgano de una mayor autonomía. Del mismo modo se pronuncia Emilio Rodríguez, portavoz de la UPF. "No vemos ningún problema en que se mantengan las acusaciones populares", señala a este diario. En este sentido, el fiscal recuerda que las quejas sobre este derecho se dirigen sólo en "casos concretos de carácter político". "En temas de violencia de género, por ejemplo, se personan ayuntamientos y asociaciones y nadie ve ningún problema", asevera Rodríguez, que añade que este instrumento "lleva en nuestro derecho desde siempre" y "no ha planteado problemas especiales que hagan necesario que se limite o elimine".

A la espera de un texto normativo

La Asociación de Fiscales, por su parte, prefiere no adelantar acontecimientos. "Nos atenemos a la regulación que de la acusación popular se hace en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo", explica a este el portavoz de AF, Jesús Alonso. "Sólo cuando se presente un texto normativo integral sobre la instrucción veremos cómo se regula y qué decidimos al respecto", completa.

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Único en España

La acción popular está recogida en el artículo 125 de la Constitución Española y es un derecho prácticamente inexistente en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo. "No hay ninguna referencia internacional parecida, ningún sistema en la que se reconozca", sostiene Julio Pérez Gil, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos y autor hace 20 años de la tesis La acusación popular. En conversación con infoLibre, el jurista se muestra partidario de "su regulación", algo que, sostiene, se puede hacer perfectamente aunque esté recogida en la Carta Magna: "Los límites son políticos".

El profesor de Derecho Procesal afirma que aunque la acción popular "realmente ha funcionado", esos triunfos "parciales" son realmente "victorias pírricas". "Son los indicativos de que algo funciona mal en el Estado de Derecho, de que no se ha hecho bien lo que se tenía que hacer. No son victorias que haya que atribuir a la libertad y el progreso, sino que son lugares donde se actuó mal y ha habido una válvula de seguridad. Pero el problema de mantenerla es que no se repare la maquinaria que ha funcionado mal, esa es la cuestión", zanja el jurista.