Israel
Acusaciones del caso de la 'Flotilla de la Libertad' piden al Gobierno que “reconsidere su relación con Israel”
Las acusaciones populares personadas en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre el ataque contra la denominada 'Flotilla de la Libertad', que el Ejército de Israel llevó a cabo el 31 de mayo de 2010 frente a las costas de la Franja de Gaza y que se saldó con nueve muertos –todos de nacionalidad turca– y 38 heridos, han solicitado al Gobierno que "reconsidere sus relaciones con el Estado de Israel".
La Asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe aseguran, en una nota de prensa, que las autoridades españolas deberían "apoyar las demandas, socorrer a las víctimas españolas y reconsiderar las relaciones con Israel dado el sistemático incumplimiento de las obligaciones de este Estado con el derecho internacional".
Anuncian, además, que el ataque se ha cobrado la vida de una décima víctima, un turco de 51 años que ha permacido en coma durante los últimos cuatro años y que falleció el pasado 23 de mayo.
Los querellantes defienden la decision del juez Ruz, que en un auto fechado el pasado 17 de junio consideró que el Tribunal Penal Internacional (TPI) debería investigar el ataque al considerar que los hechos podrían constituir un delito de lesa humanidad con detención ilegal, deportación y tortura, así como un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en referencia a "crímenes de guerra".
En su auto, el magistrado remitía al Tribunal Supremo las diligencias, en las que se investigan, entre otros, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que sea éste quien determine si los hechos se están persiguiendo en Israel, como país de nacionalidad de los querellados, o en Turquía, con jurisdicción sobre el barco 'Mavi Mármara', en el que se produjeron los hechos más graves.
Las acusaciones populares recuerdan que el Estado español tiene "obligación" de juzgar los crímenes contra la humanidad ya que es firmante de varios tratados Internacionales, entre ellos las Convenciones de Ginebra. "No ha lugar a archivar la causa a pesar del cambio de la ley sobre jurisdicción universal", indican.
"Israel nunca ha mostrado interés por hacer justicia en este tipo de casos y no creemos que vaya a hacerlo ahora. Israel no es signatario de la Corte Penal Internacional. Es más, Israel ya ha utilizado subterfugios engañando a España en casos anteriores llevados a la Audiencia Nacional", recuerdan en el comunicado.
Los españoles, detenidos y deportados
La querella, que fue presentada por los tres activistas españoles, la Asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, se dirigía contra el el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis cargos de su Gobierno y un alto mando militar del país.
Ruz cree que La Haya debería investigar el ataque contra la Flotilla de la Libertad
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La denominada 'Flotilla de la Libertad', formada por seis barcos, pretendía hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza desde Turquía. El Ejército israelí abordó el buque Mavi Mármara el 31 de mayo de 2010 causando nueve víctimas mortales, 38 heridos y otros tantos desaparecidos.
Los tres activistas españoles que viajaban en el convoy, Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, presentaron una querella como acusación particular. En ella solicitaban la imputación no sólo de Netanyahu sino también de sus ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.
En concreto, los tres españoles denunciaron que fueron "detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco, todo ello al margen de lo estipulado en el derecho internacional y sin perjuicio del despojo sufrido de sus pertenencias, documentación y material".
