El 'yo acuso' de Aldama se centra en las mordidas de Ábalos y solo siembra sospechas sobre cargos del PSOE

El empresario Víctor de Aldama vuelve a mover ficha. Y esta vez ante el Supremo. Dos semanas después de salir de la cárcel gracias a una suerte de acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, el considerado "nexo corruptor" del caso Koldo ha remitido un escrito al Alto Tribunal, que investiga parte de la trama que afecta a José Luis Ábalos, con nuevas alegaciones y documentos. El segundo yo acuso del empresario habla de supuestas mordidas por la adjudicación de contratos a determinadas constructoras. Y se centra, fundamentalmente, en el exministro de Transportes. Pero sigue sin probar las supuestas comisiones que dice haber abonado a otros dirigentes socialistas.

A lo largo de cuarenta páginas, De Aldama insiste en el relato que hizo en la Audiencia Nacional y que derivó en su puesta en libertad. Así, explica que las relaciones con Ábalos o su asesor, Koldo García, "se fueron fraguando en el contexto de relaciones internacionales" y, posteriormente, se "intensificaron en el ámbito de la contratación pública". De esta manera, da cuenta del viaje que se hizo a México horas después de que se fotografiara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. O de aquellos a Georgia y San Petersburgo. Y, por supuesto, no se olvida de las gestiones que hizo en relación con Venezuela.

El empresario, a continuación, aborda los supuestos pagos en efectivo a Koldo "para sí y para ulterior reparto" con el entonces ministro José Luis Ábalos "como contraprestación" por la adjudicación de los contratos de material sanitario a Soluciones de Gestión –sobre los que giraba hasta ahora la causa– y otros "vinculados a la adjudicación de obra pública". A fin de avalar esta versión, recuerda que la Guardia Civil ya ha dado cuenta en sus informes "de la existencia de un incremento patrimonial no justificado" y "recurrentes ingresos en efectivo" en relación a Koldo y los suyos.

Buena parte del escrito se centra en el exministro y su entorno, sobre los que recuerda que aún no se ha realizado "investigación patrimonial". Como novedad, relata que "se proyectó" una "operación" por la cual Ábalos adquiría "sin contraprestación" un inmueble en el Paseo de la Castellana propiedad de De Aldama "como garantía" a su favor "del cumplimiento del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones" si resultaban "adjudicatarias" de contratos públicos "pre-adjudicados". "Este contrato permitía a Ábalos asegurarse el cobro de las comisiones futuras. Una vez abonadas, quedaba sin eficacia", especifica.

"A tal fin se llegó a concertar el contrato –una especie de fiducia de garantía– el 24 de abril de 2019, un contrato de arrendamiento con opción de compra, que expiraba el 14 de febrero de 2024", sostiene el empresario investigado, que aporta al juez el "original" del mismo. Por aquel entonces, el inmueble, que "nunca fue ocupado por Ábalos", estaba valorado en aproximadamente 1,9 millones de euros. Es en este punto cuando Aldama vuelve a insistir en algo que ya dijo ante el magistrado de la Audiencia Nacional: que Ábalos "pretendía una comisión cercana a 2 millones de euros".

Obra "pre-adjudicada"

El empresario investigado dedica un punto de su escrito al "reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos" con ocasión de la adjudicación de obra pública y el "reparto por territorios". En relación con esto, comienza señalando hacia un listado de adjudicaciones que ya existe en el sumario: "La mayoría de esos contratos fueron adjudicados a empresas relacionadas con Koldo García". Algo que complementa con la una supuesta "relación de obra pública, pre-adjudicada, que se licitaría conforme a los Presupuestos Generales del Estado del año 2021".

Dicha documentación aportada por Aldama al Supremo contiene anotaciones manuscritas que, sostiene el conseguidor, "pueden corresponder con la letra de don José Luis Ábalos, quizás de don Koldo García, sin poderlo afirmar con seguridad". Un conjunto de papeles en los que, siempre según su versión, "aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas": "Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias". Y en "verde", completa, las "posibles adjudicaciones".

El empresario reconoce haber recibido comisiones por la "gestión de las adjudicaciones" obtenidas del Ministerio de Transportes. Y no solo dispara en su escrito contra el exministro, sino que también sitúa bajo el foco a uno de sus hijos. "Se tiene constancia de que determinadas constructoras suscribieron [con él] contratos de consultoría para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España", asegura Aldama, si bien en este caso no se aporta documento alguno.

Muchos contactos, pocas pruebas

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el empresario también disparó contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que dijo que se le entregaron 15.000 euros en un bar frente a Ferraz en relación a "una licitación con una constructora". "Koldo me dice que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán", señaló ante el juez. En este sentido, lo único nuevo que aporta este último escrito es el nombre de la compañía que motivó, según él, "el desencuentro" con el 'número tres' de los socialistas que derivo en el pago. Es la única mención que se hace del dirigente. Y no va acompañada de prueba alguna.

Aldama también relató que se le abonaron 25.000 euros en metálico a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, algo que vinculó a un aplazamiento de una deuda tributaria. "Se le pide un favor para una compañía que teníamos, Pilot Real Estate, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda. Se pide a Koldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento porque nos iban a embargar", contó. Algo que, finalmente, se concedió. "Se me piden 25.000 euros. [...] Quedamos a tomar un café en un bar que hay debajo del Ministerio y Koldo le entrega el sobre a Moreno delante mía", completó.

Pero, por el momento, pocas pruebas aporta también de todo esto en su escrito remitido al Supremo. En él, sólo recoge que mantuvo "varias conversaciones" por WhatsApp con Moreno, aunque lo único que destaca de las mismas es que este último le pedía que le "facilitara oportunidades de inmuebles" porque quería adquirir uno con su pareja, si bien finalmente compraron una vivienda que "no fue facilitada" por el conseguidor. Ni una sola mención a los 25.000 euros. En este sentido, lo único que aporta es el contacto telefónico de Moreno y una fotografía de su tarjeta oficial de visita como jefe de gabinete.

Y exactamente lo mismo sucede en relación con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En su declaración, Aldama aseguró que Koldo habría pedido 50.000 euros para el expresidente canario, un dinero que, según su relato, nunca se desembolsó. Hasta ahora, los investigadores no han referido en ningún momento que Torres pudiese haber pedido ninguna mordida. Los investigadores, más bien, se limitan a recoger que Koldo habló al ministro de la empresa Megalab Eurofins y que le envió algunos mensajes insistiéndole en ese asunto. Y que Aldama le dijo al exasesor que el ahora ministro les debía "una grandísima".

El escrito del empresario recuerda este último mensaje. Y dice que hacía referencia a "las gestiones que había realizado con anterioridad facilitando inmuebles para encuentros de diversa naturaleza en los que participaba junto a otras personas". "Fue recurrente el alquiler de un piso en la calle Atocha", sostiene. Acusaciones que rechazan desde el entorno del ministro, que junto con el resto de afectado ya interpuso una querella contra Aldama por injurias y calumnias. De nuevo, sigue sin ponerse sobre la mesa prueba alguna más allá de que el empresario tuviera el contacto de Torres.

El "nexo corruptor" de la trama también pone de relieve, "sin querer expandir indebidamente el elenco de altos cargos", que disponía del contacto de Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez y con quien tenía una "relación especial". O el de la ahora vicepresidenta de Competencia y Transición Justa de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Un número que en el verano de 2020 interesaba conseguir al empresario. "Pásame teléfono de la vicepresidenta, que ni Javier ni yo lo tenemos, porfa, no sé donde lo echamos de la de transición ecológica", le escribió a Koldo en julio, quien se lo envió dos horas después.

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Aldama sostiene que en todos los contactos a los que hace referencia "se contienen comunicaciones" de WhatsApp que resultan "relevantes" para la causa. Unas conversaciones que, hasta el momento, no ha aportado. Y no lo ha hecho porque el teléfono que contendría las mismas ha sido intervenido en el otro caso que le persigue: Hidrocarburos.

De ahí que pida al instructor que lleva el caso Koldo en el Supremo que libre oficio al Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que es el que lleva dicha investigación, para que se realice un volcado de dicho móvil y se envíe el terminal al Supremo para poder acceder al contenido de unos WhatsApp que también habría intercambiado en relación al piso de la Castellana con el hijo de Ábalos. Unos mensajes con los que espera poder corroborar "muchos de los extremos" del relato que ha ido construyendo Aldama.

Mientras, el instructor en la Audiencia Nacional del caso Koldo, el magistrado Ismael Moreno, ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que comprueben las manifestaciones realizadas por el conseguidor durante su declaración. Y también ha pedido el expediente de concesión de la medalla al mérito de la Guardia Civil que le fue otorgada a Víctor de Aldama.