Adjudicación a dedo y facturas bajo sospecha: así es la última imputación de la 'era Rajoy'

Con su victoria por mayoría absoluta en las municipales de 2011 en Jaén, José Enrique Fernández de Moya (1969) se convirtió en una promesa del PP andaluz. Ahora, siete años después, sale del Ministerio de Hacienda por la puerta de atrás. Su capital político está bajo mínimos. No sólo por la caída de su Gobierno en la moción de censura. El PP lo apartó el año pasado de la presidencia del partido en Jaén, en una maniobra contra la que intentó rebelarse sin éxito. Incluso el Gobierno local, que ahora dirige como alcalde su antiguo concejal de Urbanismo, marca distancias con él. Fernández de Moya no tiene feudo político al que volver. Porque además –y éste sí es su mayor problema– está en problemas judiciales, convertido en el último imputado de la era Rajoy.

El ciclo de Gobierno del PP se cierra con el que probablemente sea el más importante de los secretarios de Estado –Hacienda– camino de un juzgado de instrucción para dar cuenta de su responsabilidad en un caso que reúne, precisamente, algunos de los ingredientes que han marcado numerosos casos de corrupción relacionados con el gran partido de la derecha española: posible trato de favor, falta de procedimientos reglados en la adjudicación, facturas supuestamente infladas, menoscabo de fondos públicos... Fernández de Moya, que aún no está acusado de nada porque el caso está en fase inicial de instrucción, declara su total inocencia.

Su mandato como alcalde, marcado por la escualidez de las arcas públicas y la ausencia de proyectos con los que dejar su impronta, concluyó con una nueva victoria en 2015, pero sin el margen suficiente. Requirió del apoyo de Ciudadanos para repetir como regidor. El extendido comentario sobre su falta de entusiasmo por la vida política municipal no era nuevo, pero tomó cuerpo cuando se anunció que sería cabeza de lista del PP por Jaén en las elecciones generales de diciembre de 2015. Dejó la alcaldía y puso rumbo a Madrid, donde Cristóbal Montoro, muy próximo política y personalmente, lo nombró secretario de Estado de Hacienda en noviembre de 2016, una vez formado el Gobierno tras la repetición electoral de junio.

Algunas cosas chirriaron entonces del recién nombrado secretario de Estado: una) que durante su etapa como alcalde había admitido el cobro de sobresueldos del partido, lo que había llevado a PSOE e IU a pedir su dimisión; dos) que Jaén era, tras su paso por la alcaldía, uno de los municipios más endeudados de España, una credencial poco adecuada para el secretario de Hacienda. Más tarde infolibre desveló que el Ayuntamiento que gobernaba el número dos de Hacienda jamás cumplió la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

No obstante, otro problema más grave había perseguido a Fernández de Moya desde Jaén a Madrid, aunque aún no se conocía. Eran las facturas de Matinsreg.

Fernández de Moya está citado a declarar este martes 5 de junio en el juzgado de instrucción 2 de Jaén en calidad de investigado, antes imputado. El juez Antonio Valdivia quiere conocer en detalle cuál fue su papel y grado de responsabilidad en los pagos realizados por el Ayuntamiento de Jaén durante su etapa como alcalde a la empresa Matinsreg, que según la instrucción no obedecían a trabajos realmente realizados. El menoscabo a las arcas públicas pudo superar –según el juez– los 3,6 millones. La investigación abarca los posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

Ahora mismo Valvidia, basándose en un informe de la Guardia Civil, apunta contra el exalcalde por ser él quien "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y los reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor". Y añade el juez: "En dichos reparos se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte, contrato o relación de toda índole de la empresa Matinsreg SLU con el Ayuntamiento de Jaén, y pese a la existencia de dichas negativas emitidas por la intervención municipal, el citado denunciado ordenaba el pago sin justificación o motivación alguna [...]".

Subida del gasto en fuentes

El caso Matinsreg lo pone en circulación el PSOE en 2013. El grupo socialista denunciaba entonces que el Ayuntamiento había pagado "entre 4 y 28 veces más por productos como el cloro o los alguicidas" para las fuentes municipales a una empresa de Toro (Zamora), de la que nadie había oído ni una palabra en Jaén. La denuncia sonaba gravísima: Fernández de Moya había multiplicado injustificadamente el gasto en mantenimiento de fuentes ornamentales y de beber a partir de que salió la anterior empresa responsable, Imesapi, y entró la nueva, Matinsreg. Según los socialistas, los abonos se hacían a una empresa que no tenía contrato con el Ayuntamiento y que llevaba un año emitiendo facturas que se encontraban con continuos reparos del interventor municipal y que no venían acompañadas de informes que justificasen su urgencia. Las facturas muestran que el litro de alguicida se pagaba a Matinsreg a 69 euros, precios muy por encima de mercado, donde puede encontrarse por 3, según el PSOE. En un mes se habían utilizado 12.000 litros de cloro. Los concejales socialistas habían preguntado entre profesionales del sector y habían obtenido una respuesta clara: aquello no tenía sentido posible.

Fiel a su estilo beligerante, Fernández de Moya respondió a la denuncia del PSOE con el catálogo habitual de ataques a la oposición. "Socialistas y comunistas" habían dejado "en la ruina" el Ayuntamiento y él estaba tratando de recuperarlo. Explicaciones, pocas. Apoyado en su mayoría absoluta, se limitó a esperar a que la tormenta pasase. Con las facturas que logró reunir, el PSOE acudió a la Fiscalía, que consideró que había poca evidencia para abrir una investigación penal. El tema pareció muerto. Pero el año pasado el PSOE acudió al juzgado. Y la Guardia Civil investigó. Cuando Fernández de Moya dice ahora que el tema ya fue "archivado", refiriéndose a la Fiscalía, no menciona que el juez que lo ha imputado tiene sobre la mesa un informe policial, mientras que el fiscal que no abrió investigación apenas conocía unos pocos documentos dispersos reunidos trabajosamente por un grupo de la oposición municipal.

Siempre el mismo técnico

Lo que ve Valdivia es mucho más grave que lo que denunció el PSOE. El instructor observa que las facturas eran "conformadas" siempre por el mismo técnico, que también está llamado a declarar como investigado. Dicha conformidad se realizaba "sin comprobar la ejecución de los trabajos, ni el empleo de los materiales que se facturaban". "Aparentemente se facturaban de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la cantidad de los facturados, provocando que la diferencia en la facturación soportada, por el mismo servicio de conservación de fuentes ornamentales, entre una anualidad por la empresa Imesapi y una anualidad de la empresa Matinsreg haya generado un quebranto patrimonial para el ayuntamiento superor a 3.600.000 euros".

Cuando finalmente el servicio se abrió a concurso público, Matinsreg no se presentó. El concurso lo ganó Indra. Matinsreg apareció en el listado de empresas morosas de Hacienda en 2015 (1.437.963,94 euros) y 2016 (1.621.200,65 euros).

Fernández de Moya dimitió en 2015 como alcalde. Lo sucedió su concejal de Urbanismo, Javier Márquez, que ahora ha anunciado que el Ayuntamiento se presentará como perjudicado en el caso Matinsreg. El actual Gobierno local también está tocado por el caso. Además de Fernández de Moya, están llamados a declarar un técnico municipal, un representante de Matinsreg y la teniente de alcalde Rosa Cárdenas, que en agosto de 2012 firmó la orden del encargo a la empresa zamorana.

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No obstante, la posición del PP al frente del Ayuntamiento no corre peligro. Los tres concejales elegidos por Ciudadanos ya no son del partido naranja, que los expulsó a raíz de que aceptaran una subida de sueldo de unos 10.000 euros al año cada uno (de unos 29.000 a unos 39.000), decisión que PSOE y Jaén en Común vinculan con una actitud de docilidad ante el PP. La que fue candidata de Cs, Salud Anguita, se ha pasado a Vox.

El PP de Jaén vive sumido en una importante crisis interna, a raíz del proceso de renovación de su presidencia en 2017. Tras importantes roces internos, se invocó una incompatibilidad para ser líder provincial de un partido y secretario de Estado, lo que dejó a Fernández de Moya en fuera de juego. No sin resistencias, el exalcalde acató. El PP de Jaén lo hizo presidente de honor, cargo honorífico.

infoLibre trató de contactar con Fernández de Moya a través del Ministerio de Hacienda, sin éxito. "La principal vacuna en este tipo de situaciones es tener la conciencia muy tranquila, la tengo muy tranquila de haber preservado servicios públicos esenciales en una situación de emergencia", afirmó el exalcalde en el Senado el jueves. Ciudadanos afirmó cuando se conoció la imputación que Fernández de Moya debía "dimitir". Finalmente no será necesario.