La crisis del coronavirus obligó a las autoridades a trabajar a contrarreloj. Y lo hizo tanto a nivel normativo como a la hora de comprar material, contratar servicios o levantar nuevas infraestructuras desde los cimientos. De ahí que en cuestión de pocas semanas se normalizase el uso de una fórmula excepcional en el ámbito de la contratación pública: la vía de emergencia. Una palanca de la que siguen tirando, tres años después del estallido de la pandemia, algunas administraciones públicas en casos que se alejan de las circunstancias especiales que la ley reserva para esta fórmula. Todo ello, a pesar de los continuos avisos que los organismos fiscalizadores han hecho sobre el abuso de esta vía de contratación.
La Ley de Contratos del Sector Público contempla la tramitación de emergencia para aquellos casos en los que la Administración tiene que "actuar de manera inmediata" como consecuencia de "acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional". Y se limita a esos supuestos porque dicha fórmula lleva aparejada una rebaja de las exigencias en el procedimiento. Sin necesidad de tramitar un expediente, el órgano de contratación "ordenar la ejecución de los necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida" o "contratar libremente su objeto" sin sujetarse a los requisitos formales establecidos. En definitiva, puede adjudicar directamente, a dedo.
Esta fue la fórmula que permitió a la Comunidad de Madrid poner en marcha de inmediato la construcción del proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria durante la pandemia: el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Y por la vía de emergencia se adjudicaron también los distintos servicios vinculados a este centro sanitario: lavandería, limpieza, alimentación, seguridad, mantenimiento... El azote permanente del virus podía justificar en aquel momento el uso de ese mecanismo de contratación para que el Zendal, que acabó costando el triple de lo presupuestado, pudiese echar a andar con rapidez. Ahora bien, antes o después tendrían que preparar un concurso público con competencia para todos esos servicios.
El mantenimiento del Zendal y abogados en Galicia
El problema es que el Gobierno regional se dedicó una y otra vez a renovar por la vía de la emergencia la realización de estas labores. Y lo hizo hasta hace no mucho. La pasada Nochebuena, el Ejecutivo madrileño adjudicó por más de medio millón de euros el mantenimiento del centro hospitalario a Serveo, la nueva marca de Ferrovial Servicios, que se ha hecho cargo de estas labores desde que el Zendal empezó a funcionar. Un encargo a dedo que puede ser el último. El pasado mes de febrero, tres años después del comienzo de la crisis sanitaria, la Administración autonómica puso ya por fin en marcha el procedimiento para la contratación por la vía ordinaria de este servicio en las instalaciones sanitarias.
El Ejecutivo madrileño también ha recurrido en los últimos meses a la vía de emergencia para poner en marcha un servicio de información y atención telefónica a la población ucraniana. "Estas actuaciones no pueden ser atendidas con los recursos propios de la Administración y requieren la contratación de servicios externos", se recoge en la orden por la que se adjudican estas labores a Ilunión Contact Center. Un documento en el que se justifica la tramitación por la vía de emergencia de la siguiente manera: "La situación actual se encuentra encuadrada en un acontecimiento catastrófico como es la actual crisis humanitaria derivada de la guerra de Ucrania". Para cuando se tomó dicha decisión, el conflicto en suelo ucraniano llevaba ya nueve meses activo.
La falta de recursos también obligó a la Xunta de Galicia a tirar de la vía de emergencia para contratar un servicio de asistencia jurídica. Todo se remonta al pasado mes de octubre, cuando entró en vigor la prohibición europea de pescar con artes de fondo en decenas de zonas del Atlántico Nororiental, lo que afecta a la flota pesquera gallega. Semanas después, la Administración gallega decidió participar como parte coadyuvante en los recursos de anulación interpuestos por el sector pesquero contra la resolución comunitaria. El problema es que la Asesoría Jurídica comunicó que no podía prestar esa asistencia jurídica en este caso por la insuficiencia de medios. De ahí que a comienzos de año la Xunta decidiese adjudicar estas labores al bufete de abogados Garrigues recurriendo a la emergencia.
Las clínicas privadas andaluzas y el funicular asturiano
La utilización de esta fórmula excepcional provocó hace un par de semanas un enorme revuelo político en Andalucía. En el centro de la disputa, una serie de contratos con clínicas privadas que se aprobaron por la vía de emergencia para dar una respuesta temporal a la crisis sanitaria y que, como consecuencia de las sucesivas prórrogas, aún siguen vigentes en la actualidad. Lo que en un principio iban a ser 70 millones, ahora son algo más de 242 millones, más del triple. Toda esta contratación ha generado una enorme controversia jurídica. Principalmente, según desveló elDiario.es, porque al menos 117 de esos millones fueron adjudicados amparándose, en parte, en un real decreto que lleva derogado desde mayo de 2021.
El Zendal sigue abonado a los contratos "por emergencia" más de un año después de inaugurarse
La vía de la emergencia también ha estado presente en los últimos compases de 2022 en la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias. Se utilizó para arreglar desprendimientos en carreteras, arreglar diques, hacer obras de protección frente a desprendimientos de piedras, instalar sistemas de auscultación de taludes o refuerzos de la señalización. Pero también para montar un nuevo cable de tractor en el funicular de Bulnes. Este contrato fue adjudicado por la vía de emergencia el pasado mes de noviembre por 69.863 euros después de solicitar ofertas a cuatro empresas distintas, si bien la Administración regional era consciente a raíz de las últimas inspecciones anuales de que el cable metálico que tira de los vagones estaba cada vez más deteriorado.
Uniformes de la Policía Nacional
Los Gobiernos autonómicos no son los únicos que siguen utilizando este procedimiento de tramitación excepcional. También lo hace el Ejecutivo central. El pasado mes de enero, por ejemplo, pasaron por el Consejo de Ministros dos acuerdos relativos a contratos de emergencia para la reparación de un sistema de extinción de incendios en la Dirección General de Tráfico y para la adquisición de diferentes prendas de uniformidad reglamentaria destinadas al personal de la Policía Nacional. Este último, valorado en 1,1 millones de euros, fue adjudicado en su mayor parte a El Corte Inglés, quitando la parte relativa a los pantalones de uniforme de trabajo, un lote con el que se hizo Vestilab Clean.
Pocos días después, se adjudicó por el procedimiento de emergencia a Pharma Prospect un contrato de 417.784 euros para el suministro y distribución de manuales de miembros de mesa e impresos electorales con motivo de las elecciones del 28M. En este caso, el Gobierno central decidió pulsar el botón rojo ante la "ausencia de ofertas" en el contrato basado del acuerdo marco formalizado para este tipo de suministros, un "acontecimiento imprevisible". "Dado que ningún procedimiento de licitación abierta podría adjudicarse con la suficiente agilidad para cumplir los plazos de ejecución del contrato, se consideró imprescindible realizar la contratación por la vía de emergencia", recoge la resolución del Ministerio del Interior.
La crisis del coronavirus obligó a las autoridades a trabajar a contrarreloj. Y lo hizo tanto a nivel normativo como a la hora de comprar material, contratar servicios o levantar nuevas infraestructuras desde los cimientos. De ahí que en cuestión de pocas semanas se normalizase el uso de una fórmula excepcional en el ámbito de la contratación pública: la vía de emergencia. Una palanca de la que siguen tirando, tres años después del estallido de la pandemia, algunas administraciones públicas en casos que se alejan de las circunstancias especiales que la ley reserva para esta fórmula. Todo ello, a pesar de los continuos avisos que los organismos fiscalizadores han hecho sobre el abuso de esta vía de contratación.