¿Cómo afecta la directiva de derechos de autor a los internautas?

Luz verde a la reforma de los derechos de autor. El Parlamento Europeo avaló este martes la polémica directiva de copyright después de dos años de intensas negociaciones y enmiendas. Con las elecciones del 26 de mayo a la vuelta de la esquina, la sesión celebrada en Estrasburgo se presentaba como la última oportunidad para sacar adelante el proyecto. Por eso, todos los partidos movilizaron a los suyos. En sus escaños, 651 eurodiputados. De ellos, 348 se pronunciaron a favor de la norma, frente a 274 que emitieron su voto negativo. Un resultado que evidencia la enorme división del hemiciclo en relación con esta directiva y el intenso debate que durante meses se ha vivido en la Unión Europea entre los defensores de la medida –autores y grandes medios de comunicación–, que consideran que garantiza una retribución justa para los creadores de contenido, y los detractores –gigantes tecnológicos y ciberactivistas–, que la califican como un “texto tecnófobo hecho a medida de los monopolios del copyright” y que el pasado fin de semana consiguieron sacar a miles de personas a las calles bajo el lema #SaveyourInternet.

La Comisión Europea mostró su “satisfacción” tras conocerse el resultado de la votación. En una declaración conjunta, el comisario de Mercado Único Digital y su homóloga de Economía y Sociedad Digital señalaron que la directiva “protege la creatividad” en la era online y “garantiza” que los ciudadanos europeos “se beneficien de un acceso más amplio al contenido y de nuevas garantías para proteger completamente la libertad de expresión en línea”. “La votación de hoy garantiza el correcto equilibrio entre los intereses de todos los actores –usuarios, creadores de contenido, autores y prensa– al tiempo que establece obligaciones proporcionales para las plataformas online”, señalaron desde el Ejecutivo comunitario. Medidas que, añadieron, “fortalecerán” las industrias culturales y creativas europeas. Sectores que, según un informe elaborado por la Eurocámara en 2016, aportan “más de 12 millones de puestos de trabajo a tiempo completo” y generan “aproximadamente 509.000 millones de euros de valor añadido al PIB (el 5,3 % del VAB total de la Unión)”.

Los detractores de la directiva, por su parte, han lamentado que la Eurocámara haya dado finalmente luz verde al texto, que ahora tendrá que ser transpuesto por los Estados miembro en los próximos dos años. Así, la eurodiputada del Partido Pirata y líder del bando que se oponía firmemente a la reforma, Julia Reda, ha señalado que este 26 de marzo de 2019 se ha convertido en un “día negro para la libertad en Internet”. “Solo servirá para recortar libertades y censurar a destajo, bajo la perspectiva delirante de que todo lo que no produce moneda contante y sonante para las majors debe ser prohibido y eliminado. Una tragedia para los trabajadores del mundo de la cultura que, por otra parte, una vez más han sido frívolamente incapaces –salvo contadas, valientes y loables excepciones – de informarse de qué va realmente el asunto”, ha señalado la plataforma Xnet, miembro español de la coalición #SaveyourInternet, en un comunicado emitido nada más conocerse el resultado de la votación en el Parlamento Europeo.

Vigilancia previa de las plataformas

La aprobación de la nueva normativa, que reforma y actualiza una directiva que data del año 2001 –cuando las redes sociales ni siquiera estaban pensadas y Youtube tardaría todavía cuatro años en llegar–, abre una nueva era en Internet. Lo que está bajo debate es si todos estos cambios legislativos serán beneficiosos o perjudiciales para los internautas. En concreto, la tensión ha girado en torno a dos puntos del texto. El primero, el artículo 17 de la reforma del copyright, que obliga a las plataformas de contenidos a controlar que lo que suben los usuarios respeta los derechos de autor. Si no lo hacen, serán “responsables” de los “actos no autorizados” a menos que demuestren que han hecho “los mayores esfuerzos para obtener una autorización” de los titulares de derechos y para “inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web”. Es decir, que en la práctica las plataformas deberán actuar con esta nueva directiva a priori, y no a posteriori, como ocurría hasta ahora.

Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos –que ha votado en contra de la normativa–, reconoce que “existe un problema” en el “mundo de los autores y los creadores, que no están bien remunerados”. Sin embargo, considera que la nueva directiva intenta “matar moscas a cañonazos”, señalando que pone en riesgo “el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información”. En conversación telefónica con infoLibre, no duda en rechazar categóricamente el artículo 17 al considerar que convierte a las grandes plataformas “en policías de contenidos”. “Se busca instaurar una censura previa sin que haya una denuncia de por medio”, apostilla la eurodiputada de Podemos, que sostiene que para controlar todos los contenidos que se suben las plataformas van a tener que recurrir al “uso de algoritmos” cuyo coste “sólo podrían afrontar las grandes empresas”. Un mecanismo que los detractores de la reforma del copyright temen que pueda dar fallos, impidiendo que se suban contenidos que sí respetan los derechos de autor o que se enmarcan dentro de un mensaje crítico.

Discrepa José Blanco, eurodiputado del PSOE, que ha votado a favor del texto. Vía correo electrónico, el parlamentario recuerda que el artículo 17.5 de la directiva recoge claramente  que los Estados miembro establecerán excepciones en lo relativo a “citas, críticas, reseñas” y “usos a efectos de caricatura, parodia o pastiche”. “Los memes –fotomontajes– no se ven afectados”, apunta Blanco, que considera que la nueva normativa no coarta la libertad de expresión, sino que “la refuerza” porque protege “a las voces más libres que tiene una sociedad, que son sus creadores, de manera que puedan vivir de sus obras y recibir lo que es justo por la explotación de las mismas”. El eurodiputado socialista también recuerda que la reforma “impone a los titulares de derechos justificar razonadamente sus peticiones de retirada de material protegido”, excluye “la posibilidad del procesamiento de datos personales de usuarios individuales” y “no impone ninguna obligación de monitoreo general”, una previsión que, tal y como dice, “iría en contra de la normativa comunitaria”.

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El segundo punto de discusión es el que afecta, directamente, a la prensa. En concreto, el artículo 15 de la nueva directiva establece que los Estados miembro dispondrán “que los autores de las obras incorporadas a una publicación de prensa reciban una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de prensa perciban por el uso de sus publicaciones de prensa por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información”. Es decir, que los editores podrán solicitar a los agregadores de noticias –como Menéame o Reddit– u otras plataformas que se lucren con estos contenidos una compensación por la utilización de dichas obras. Es decir, avala la implantación de una tasa de la que ya existen precedentes en Estados como Alemania o España. En nuestro país, la nueva Ley de Protección Intelectual aprobada en 2014 incluía el denominado Canon AEDE –por la Asociación de Editores de Diarios Españoles–, una tasa que llevó a Google News a bajar la persiana en suelo español. Algo similar sucedió en Alemania, donde la fórmula tampoco funcionó como se esperaba.

Los derechos contemplados en la directiva, recoge el texto, expirarán “dos años después de haberse publicado la publicación de prensa” y “no se aplicarán al uso privado o no comercial” por parte de “usuarios individuales” –es decir, que un lector podrá compartir libre y gratuitamente en redes sociales una noticia–. Y no se aplicarán “al uso de palabras sueltas o de extractos muy breves de una publicación de prensa”. Para la eurodiputada de Podemos, dicho artículo puede suponer “un grave problema para los medios” porque páginas como Menéame o Facebook evitarán enlazar informaciones y “el tráfico en la prensa disminuirá”. Por otra parte, Sánchez también considera que se está intentando “capar la libertad de información” y critica el lenguaje abierto que utiliza el texto en relación a la extensión del fragmento de contenido que podrá compartirse libremente: “¿Entendemos que es un titular? ¿Una frase? ¿Un párrafo? ¿Cada Estado impondrá la extensión que considere oportuna?”, se pregunta la eurodiputada.

Blanco, por su parte, considera que “en una época en la que prolifera la desinformación” es “más necesario que nunca” una regulación “que proteja la información de calidad”. En este sentido, sostiene que la directiva aprobada este martes “no pone en riesgo los enlaces, como se ha dicho, dado que quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación”. Además, recuerda que “el texto establece que los autores recibirán una parte apropiada de los ingresos que los editores de prensa perciban por los usos digitales y que estos siguen disponiendo de su derecho inalienable como autores de la obra”. En definitiva, el eurodiputado del PSOE considera que la directiva “corrige el actual desequilibrio, dando más fortaleza a los creadores para reequilibrar la cadena de valor”. “Europa tiene que tomarse en serio el trato justo a sus creadores porque no puede permitirse que el grueso de los ingresos por la explotación de contenidos vaya a parar a manos de plataformas que no pagan una remuneración justa a los creadores de esos contenidos”, sentencia Blanco.