Un centenar de afectados que pidieron entre los años 2008 y 2010 un Préstamo Renta Universidad ICO para realizar estudios de máster se han unido para iniciar un proceso administrativo que puede acabar con el Ministerio de Educación –la institución gestora de los créditos– y las entidades financieras que ejercían como intermediarias de estos préstamos –principalmente, el Banco Santander– ante los tribunales. Los jóvenes acabaron sus posgrados hace años pero su situación de desempleo o precariedad hace que ahora, aunque quieran pagar los préstamos que pidieron para estudiar, no puedan hacerlo.
Miguel Ángel Llamas, abogado de la Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad, explica a infoLibre que la iniciativa de iniciar una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración contra el Ministerio de Educación ha sido el último recurso después de que fracasaran los intentos del colectivo de iniciar un diálogo con el gabinete de dirige ahora Iñigo Méndez de Vigo y, previamente, José Ignacio Wert. Este trámite es el paso previo a un posible recurso contencioso-administrativo, que se puede presentar si el expediente no se resuelve favorablemente.
Según señala Llamas, la principal reclamación de la plataforma es que las condiciones de devolución se asemejen a las de la convocatoria de 2007. Ese año, cuando el entonces Ejecutivo socialista puso en marcha este programa de préstamos para que los licenciados con menos recursos pudieran seguir con su formación, sus condiciones eran realmente ventajosas. Los deudores tendrían que empezar a devolver sus créditos a los tres años de haber acabado los estudios o prorrogar la amortización sin intereses hasta 15 años si no ganaban más de 22.000 euros al año. Pasado ese tiempo si tenían un sueldo inferior a esa cantidad el crédito se cancelaba y el Estado quedaba como avalista.
Pero las condiciones se fueron endureciendo progresivamente en las siguientes convocatorias hasta que en la de 2010 (la última) el interés cero se cambió por un tipo fijo cotizado por el ICO quincenalmente. De hecho, esta última convocatoria es la que cuenta con más afectados. Además, en 2008 ya se había eliminado el mínimo de salario bruto que tendrían que cobrar los estudiantes para tener la obligación de pagar lo prestado. Es decir, los estudiantes que pidieron préstamos a partir de ese año tienen que devolver el dinero sí o sí.
A finales de 2013, tras movilizarse a través de la Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad el Ministerio de Educación accedió a ampliar los períodos de carencia y de amortización de los préstamos de la última convocatoria [ver resolución del BOE, aquí]. Sin embargo, pasado ese plazo los recibos de alrededor de 250 euros comenzaron de nuevo a cobrarse. El problema es que la situación de muchos de ellos no ha mejorado desde entonces y siguen sin poder hacer frente a esos abonos. No pagar los recibos les convierte en morosas a los ojos del Estado, lo que les puede entrañar futuros embargos o dificultades para hacer cualquier compra a plazos.
Por otro lado, el colectivo quiere que se anulen las "cláusulas abusivas" de la convocatoria de 2010, entre las que el letrado alude a las comisiones por reclamación de posiciones deudoras que rondan los 40 euros por cada recibo que no se abona y que las entidades financieras están aplicando a la mayoría de afectados de esta última convocatoria que no pueden hacer frente a la devolución del préstamo. Por otro lado, Llamas señala que con este procedimiento la plataforma pretende también que se paralice de forma cautelar la reclamación de los pagos y, de esa forma, se pueda aliviar un poco la situación "dramática" que viven algunos afectados.
Desinformación
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Los contratos que los estudiantes firmaron con las entidades financieras recogen punto por punto los términos de la convocatoria –así lo han reconocido a este diario varios de ellos– pero también es cierto que en la página web del Préstamo Renta Universidad (todavía activa a día de hoy a pesar de que este programa se canceló en 2010) se publicita que los préstamos son "sin intereses" y que sólo existe la obligación de devolverlo si se alcanza un nivel de renta superior a 22.000 euros anuales. Según la plataforma este fue la fuente de información "utilizada por universidades y alumnos".
Los afectados insisten en que ha habido "graves deficiencias de comunicación entre los agentes implicados". De hecho, el abogado que les asesora en este proceso dice tener "documentos" y "pruebas" que acreditan la "desinformación" con la que actuaron el Ministerio de Educación y las entidades financieras. Llamas asegura que los bancos colaboradores estuvieron vendiendo a los estudiantes las ventajosas condiciones de la convocatoria de 2007 en los cursos siguientes.
"La situación es dramática. Los afectados quieren pagar, pero no pueden hacerlo. Hay situaciones personales que impresionan, que son de miseria, con familias con varios miembros en paro y que no llegan a fin de mes y que tienen esta carga. Es increúble que el ministerio no se haya dignado ni a dialogar", sentencia Llamas.
Un centenar de afectados que pidieron entre los años 2008 y 2010 un Préstamo Renta Universidad ICO para realizar estudios de máster se han unido para iniciar un proceso administrativo que puede acabar con el Ministerio de Educación –la institución gestora de los créditos– y las entidades financieras que ejercían como intermediarias de estos préstamos –principalmente, el Banco Santander– ante los tribunales. Los jóvenes acabaron sus posgrados hace años pero su situación de desempleo o precariedad hace que ahora, aunque quieran pagar los préstamos que pidieron para estudiar, no puedan hacerlo.