Esperanza Aguirre, quien como presidenta de Madrid se convirtió en paradigma del poder granítico, desplegó ante el juez del caso Púnica no solo ignorancia sobre la gestión del partido sino sobre asuntos gubernamentales de primer orden. Durante el interrogatorio al que se sometió en octubre como imputada por la supuesta financiación ilegal del PP, Aguirre negó incluso conocer hasta la cláusula que un decreto de su propio Gobierno solo permitía introducir en determinados contratos si lo autorizaba una comisión presidida por ella misma.
Aún vigente, el decreto [puedes consultarlo aquí] ya atribuía desde 2004 a ese órgano –la Comisión Delegada de Asuntos Económicos– decisiones sobre cualquier tipo de licitación de importancia económica o sectorial. Y a esa categoría pertenecía imponer o no que las constructoras destinasen a publicidad el 1% del presupuesto de cada uno de los nuevos ocho hospitales de gestión mixta. Es decir, de aquellos con los que el PP prometió a mediados de la pasada década reducir costes y mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Aguirre sostiene que jamás asistió a esa comisión. Y que ahora es consciente de que la comisión intervino pero solo porque lo ha "leído en el sumario". La licitación de los contratos afectados por el 1% le era ajena: "No tenía nada que ver conmigo", dijo.
La cláusula del 1%, que la expresidenta "no conocía que existía", encareció en tres millones el coste de los hospitales y centros de salud. Y durante años mantuvo ocultos múliples pagos a la firma de publicidad Over Marketing y sus mercantiles satélite, todas ellas proveedores habituales del PP de Madrid. El propietario de Over, Daniel Mercado, terminó confesándole al juez que había participado en la financiación paralela del PP.
¿Cómo se producía el camuflaje de pagos a través del 1%? Según la tesis de los investigadores, las constructoras encargaban y pagaban a Over o sus filiales el importe correspondiente a ese 1% pero no porque la eligiesen por su propio criterio sino porque la Consejería de Sanidad les indicaba a quién debían contratar. Así, no quedaba ni rastro de los pagos en ningún documento público. Ese rastro habría permanecido indeleble y visible si la Consejería hubiese convocado uno o varios concursos para adjudicar las campañas de propaganda de los nuevos centros sanitarios.
El auto por el que el juez de Púnica, Manuel García Castellón, incorporó en septiembre a Aguirre a la lista de antiguos altos de primer nivel investigados por la financiación del PP madrileño –ya son tres expresidentes y seis exconsejeros– pone cifras a los efectos de la cláusula del 1%: "El importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286,70 euros" en lo que a hospitales se refiere. Y a 1.190.481,83 por lo que respecta a centros de salud. El auto incluye un cuadro que desglosa los pagos efectuados por las constructoras de hospitales.
La aplicación de lo que los investigadores definen como una "cláusula nula" ocupó un espacio propio y relevante en el áspero diálogo que con la fiscal Carmen García entabló Aguirre, la mujer que hasta septiembre de 2012 dirigió con mano de hierro la Comunidad de Madrid y hasta febrero de 2016 la estructura regional del PP. Todo apunta a que Aguirre cuidó de forma especial su versión en este punto porque, a diferencia de lo que sucede en otros relacionados con la causa, la ley le otorgaba aquí un protagonismo insoslayable a la hora de tomar decisiones de las que luego se derivó "un perjuicio" para el erario regional.
Es exactamente igual que lo ocurrido con el convenio a través del cual el Gobierno de Madrid entregó a un organismo ya extinguido, Arpegio, la gestión del mayor plan inversor conocido en Madrid: el Prisma, dotado con 1.000 millones y bajo sospecha de desvío de fondos a gran escala.
"¡Oiga!, no tiene nada que ver conmigo"
El apartado sobre la cláusula del 1% se desarrolló en un ambiente tenso: como casi todo el interrogatorio. Al diálogo entre la fiscal y Aguirre pertenecen los siguientes fragmentos, transcritos de forma literal.
Fiscal (F) ¿Quién decidió la introducción de la cláusula?
Esperanza Aguirre (A) No lo sé, no lo sé, supongo que la Consejería de Sanidad.
F. ¿Se discutió en alguna comisión, en alguna reunión?
A. He leído en el sumario que en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
F. ¿Usted estuvo?
A. Nunca, jamás he acudido a ninguna Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
F. ¿Usted tuvo que autorizar la inclusión de esa cláusula del 1% en los pliegos?
A. ¿Yo? ¡Oiga!, la Comunidad de Madrid licitará miles de pliegos, pero no tiene nada que ver conmigo. Eso lo hará el servicio jurídico, la Intervención General y en este caso, además, la Intervención General del Estado, porque el gasto de la construcción de hospitales hubo que periodificarlo en 30 años para no incurrir en el déficit.
Un minuto más tarde, reiteró su ignorancia al pronunciarse así:
– A mí, que no conocía que existía esa cláusula del 1%, lo que sí me consta es que cambiar de hospital a más de un millón y medio de personas es una cosa de la que hay que informar a la ciudadanía, cómo no, y hay que mandarles cartas a todos los enfermeros o médicos, etcétera, que van a ir al nuevo hospital o que se van a quedar en el otro. Que la tarea de información institucional en el plan de infraestructuras es enorme.
Delegar pero sin perder la presidencia
Clonada de un órgano que en 2004 ya funcionaba en el Gobierno central, el que decidió aplicar en Madrid la cláusula del 1% era la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El decreto mencionado al inicio estipula que la presidirá quien presida la Comunidad.
Fue el consejero de Sanidad de la época investigada, Manuel Lamela, también imputado, quien confirmó ante el juez que él mismo propuso a la comisión que introdujese en los pliegos de condiciones la cláusula del 1%. Muy despectivo para con los agentes de la UCO que elaboraron el informe sobre la "nulidad" de origen de esa cláusula, Lamela enfatizó una afirmación favorable a Aguirre: que, aunque la norma –el decreto– le encomienda la presidencia de esa comisión, "siempre la presidió el vicepresidente" Ignacio González.
Antiguos altos cargos del Gobierno central aseguran a infoLibre que si bien es creíble que Aguirre delegara en el vicepresidente su asistencia a la comisión, parece poco verosímil que ignoraba las funciones de la comisión. Y remarcan que la inasistencia no la eximía de permanecer informada y de asumir sus responsabilidades como presidenta de una comisión que –como subrayó el propio Lamela– debe intervenir siempre en casos de licitaciones de importancia económica general o sectorial. Las mismas fuentes recuerdan que, por ejemplo, Mariano Rajoy acudía con regularidad a las sesiones del órgano estatal mientras que Zapatero delegaba porque no consideraba necesaria su presencia.
¿Puede alegar Aguirre, como ya hizo Alberto Ruiz-Gallardón como imputado en el caso Lezo por haber presidido Gobierno regional que autorizó la compra de una empresa colombiana, Inassa, por parte del Canal de Isabel II? Gallardón adujo, en resumen, que carecía de información sobre el daño que esa adquisición pudiese infligir al Canal por el sobreprecio (35,4 millones) de Inassa. Y lo cierto es que el juez García Castellón, que instruye Lezo y Púnica entre otros casos, entendió al igual que la Fiscalía que su argumento era cierto. En mayo, le levantó la imputación.
De momento, no hay el menor atisbo de que la Fiscalía planee pedir el archivo de las actuaciones en lo que concierne a Aguirre. Los investigadores consideran que fue ella quien "supervisó" la ejecución de un "plan preconcebido" para nutrir las arcas del PP con dinero público gracias a contratos amañados, inflados o ni siquiera realizados.
Mucho antes de que el juez abriera este verano la pieza sobre la financiación del PP, la confesión del dueño de Over Marketing resultó clave para el avance de esa parte de la investigación. Daniel Mercado confesó que cumplió su rol en ese plan de dopaje electoral a través de dos vías. Una de ellas, la más conocida de aceptar dinero negro por trabajos para las campañas electorales. La otra fórmula consistía en cobrar de las constructoras con cargo a ese 1% pese a que en realidad al menos parte de aquellos servicios tenían como beneficiario real al partido.
Aguirre no solo niega la mayor -la financiación opaca del partido con coste para el erario madrileño- sino que durante el interrogatorio se encaró a la fiscal en su empeño por desmentir que el dueño de Over Marketing hubiese hablado de facturas falsas. Todas las declaraciones se graban. Y la de Daniel Mercado, fechada en diciembre de 2017, incluye afirmaciones cómo la de que "la gerencia del partido en Madrid" le dio instrucciones para facturar a determinadas empresas una campaña de radio y faldones de publicidad destinada al PP.
Esperanza Aguirre, quien como presidenta de Madrid se convirtió en paradigma del poder granítico, desplegó ante el juez del caso Púnica no solo ignorancia sobre la gestión del partido sino sobre asuntos gubernamentales de primer orden. Durante el interrogatorio al que se sometió en octubre como imputada por la supuesta financiación ilegal del PP, Aguirre negó incluso conocer hasta la cláusula que un decreto de su propio Gobierno solo permitía introducir en determinados contratos si lo autorizaba una comisión presidida por ella misma.