La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en relación a los cursos de formación, considera que la Junta de Andalucía habría concedido 950 millones de euros en subvenciones para este fin sin justificar entre los años 2008 y 2011, según ha adelantado este jueves la Cadena Ser.
La juez Mercedes Alaya hace dicha afirmación en el auto por el que imputa en la causa al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, auto que, según fuentes consultadas por Europa Press, le ha sido notificado este mismo jueves. Fernández es el primer imputado en esta investigación y ha sido citado a declarar el próximo día 16 de octubre.
Según las fuentes consultadas, la magistrada atribuye al exconsejero de Empleo, imputado también en la causa de los ERE irregulares, dos presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber concedido 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi.
En el auto, la juez asegura que, según se desprende de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, la Administración autonómica habría exonerado o permitido no justificar 950 millones en subvenciones para la formación, todo ello a fecha de octubre de 2013 y en base a las resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Junta hasta esa fecha.
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En relación a Antonio Fernández, la juez considera que mientras ocupó el cargo de consejero de Empleo, de 2004 a 2010, concedió "con ausencia de procedimiento" distintas subvenciones para la formación de los extrabajadores de Delphi, a lo que se suma que habría autorizado la subcontratación de actividades formativas sin estar permitido. Asimismo, la juez mantiene que el exconsejero habría concedido supuestamente becas a los trabajadores por asistencia a los cursos "por encima del máximo legal establecido".
A todo ello se suma, según Alaya, que Antonio Fernández otorgó subvenciones dictando resoluciones de exoneración de la justificación de las mismas a las entidades beneficiarias, todo ello en contra de la Ley de Subvenciones, que prevé que las exoneraciones sean la excepción y no la forma habitual de proceder.
Antonio Fernández se ha convertido en el primer imputado dentro de esta causa, en la cual la magistrada investiga también las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), todo ello después de que la Fiscalía Superior de Andalucía remitiera dicha investigación a la Fiscalía de Sevilla. En el escrito de remisión de la investigación, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ponía de manifiesto sobre el Plan Formativo de los extrabajadores de Delphi que se han "detectado numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable" y que afectarían también a la Faffe.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en relación a los cursos de formación, considera que la Junta de Andalucía habría concedido 950 millones de euros en subvenciones para este fin sin justificar entre los años 2008 y 2011, según ha adelantado este jueves la Cadena Ser.