El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha condenado a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al alcalde de Íllora (Granada), el socialista Francisco Domene, por prevaricación en la adjudicación de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito local a una empresa privada prescindiendo de lo que exige la Ley de Contratación Pública.
Además, junto a él, el juez ha impuesto la misma pena a cuatro de los concejales que en aquel momento pertenecían a la corporación y que participaron del proceso, concretamente María Victoria Fuentes Pérez, María Ángeles Román Vega, Enrique Recio Gordo, y Antonia Blázquez Rodríguez.
La Fiscalía de Granada pedía para los cinco procesados una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años, que la acusación particular elevaba un año más, hasta los diez de inhabilitación, aunque el magistrado ha impuesto una pena algo menor, de ocho años.
Los hechos
El Ayuntamiento de Íllora adoptó, en mayo de 2005, un acuerdo relativo a la modificación de estatutos de la empresa municipal Parapanda Comunicación S.L., en la que se contemplaba, entre otros aspectos, que el gobierno y la administración de la sociedad sería regida por la Junta General (el Ayuntamiento pleno), el consejo de administración (designado por la Junta General y con representación de todos los grupos políticos) y el director-gerente.
Así, el 8 de enero de 2008 se constituyó el nuevo consejo de administración de Parapanda Comunicación, empresa pública de capital íntegramente municipal, y regida por los acusados como concejales en la corporación de Íllora.
Ya con fecha 19 de febrero de 2008 se celebró la reunión del consejo, en la que, "sin haber mediado convocatoria pública", "ni proyecto ni oferta concreta" y "con ánimo de favorecer a su representante", se adjudicó la gestión de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito municipal a la empresa Silvania Producciones S.L., tras el voto favorable de los procesados, "conocedores de las irregularidades cometidas".
Para el magistrado Manuel Piñar, y según consta en la sentencia, según informa Europa Press, con las pruebas practicadas "se acredita que los acusados tuvieron una intencionalidad preconstituida y una voluntad deliberada y consciente" de adjudicar esos servicios municipales a favor de Silvania Producciones "con el objeto de favorecer a su socio único y administrador, Francisco Izquierdo, por encima de cualquier otro objetivo".
Durante el juicio, el pasado 4 de julio, el alcalde defendió la legalidad de todo el proceso y señaló que los asesores con los que contaba en el momento de la adjudicación no advirtieron de la posible ilegalidad del proceso, como tampoco lo hizo el secretario del Ayuntamiento, presente también en la reunión.
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Domene, que era presidente de Parapanda Comunicación S.L., de capital público, explicó que, para encargar a una empresa la tarea de gestionar la comunicación de la comarca, se pusieron en contacto con las mercantiles que existían en la zona que pudieran ajustarse al perfil que estaban buscando.
Así, se iniciaron contactos con un total de tres, pero sólo una de ellas, Silvania Producciones S.L. fue la que presentó un proyecto "en tiempo y forma", por lo que fue la única propuesta que se llevó y aprobó por el consejo de administración de Parapanda. El alcalde considera que sí se cumplieron por ello los principios de publicidad y concurrencia, y que no se incumplió la ley de contratación pública porque la entidad que contrataba no era el Ayuntamiento, sino la empresa Parapanda.
"Según mis asesores no era necesario que se aprobara pliego de condiciones ni que hubiera expediente administrativo, al tratarse Parapanda de una sociedad mercantil", dijo Domene, para quien el procedimiento legal "se respetó en todo momento".
El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha condenado a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al alcalde de Íllora (Granada), el socialista Francisco Domene, por prevaricación en la adjudicación de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito local a una empresa privada prescindiendo de lo que exige la Ley de Contratación Pública.