Alvise, el azote de las subvenciones, recibirá casi un millón tras su éxito electoral

Casi un millón de euros. Esa es la cantidad que el Estado deberá pagar a Alvise Pérez en concepto de subvención por gastos electorales gracias a los resultados obtenidos en las elecciones europeas del pasado domingo. El Gobierno le abonará 32.508,74 euros por cada uno de los tres escaños obtenidos a los que se sumarán 1,08 euros por cada uno de los 800.763 ciudadanos que le dieron su voto. También otros 26.425 euros por el envío de sobres y papeletas electorales así como propaganda a los ciudadanos. En total, Se Acabó La Fiesta, que ha basado su campaña en abominar de las ayudas públicas y sembrar dudas sobre el sistema electoral, puede llegar a recibir 988.775,43 euros gracias a él.

La plataforma de Alvise se vanaglorió durante toda la campaña de no haber recibido fondos de ninguna administración. Solo de sus seguidores. En sus proclamas, el líder de la alt right española denuncia, además una especie de “sistema criminal” del que forman partidos políticos, jueces, medios de comunicación supuestamente corruptos por las contribuciones de las grandes empresas del Ibex y las subvenciones públicas. Ahora, sin embargo, Se Acabó La Fiesta también recibirá dinero del Estado -en función de los importes aprobados por el Ejecutivo el pasado abril- y del Parlamento Europeo, como todos los partidos que han obtenido representación.

A las subvenciones públicas a la campaña electoral se sumará, además, el sueldo de cada uno de sus tres eurodiputados, que oscila entre los 10,075,18 euros brutos mensuales (7.853,18 netos). A esa cantidad se añade una asignación para gastos personales que puede hacerlo ascender hasta los 12.800. Todo ello sin contar sus dietas (4.950 euros al mes) destinadas a cubrir el alquiler de oficinas, material informático, teléfono móvil y facturas. Además de otros 350 euros al día para alojamiento, comidas y gastos.

Cuando lanzó su campaña, Alvise Pérez afirmó que sortearía su sueldo público si resultaba elegido. Después aseguró que donaría su salario y los fondos publicos que le correspondieran, siempre criticando a los políticos que “viven del Estado” y que se niegan a cambiar ese “sistema criminal” al cobrar de él. “Donaremos el 100% del sueldo público porque no somos malditos parásitos”, ha dicho. También ha asegurado que no entraba en política “para hacerse millonario”.

Su carrera hacia el Parlamento Europeo se ha lanzado a través de redes sociales. Fundamentalmente a través de Instagram y Telegram, donde cuenta con 910.000 y 513.000 seguidores respectivamente. Durante la campaña ha asegurado haber recorrido 7.000 kilómetros para visitar 15 ciudades de toda España organizando mítines en los que aparecía con un megáfono. También ha asegurado haber impreso dos millones de papeletas para repartirlas entre sus seguidores agitando el fantasma del fraude. Él asegura que su éxito es fruto del “mayor boca a boca de la historia de este país”.

El coste de este despliegue, que tan buen resultado le ha dado, es, por el momento, un enigma. Alvise asegura que todo se paga con las aportaciones de sus seguidores. Para ello, facilita en sus redes su perfil en la plataforma de micromecenazgo Patreon, así como cuentas bancarias de entidades como el Sabadell o ING. También ha facilitado un número de móvil para recibir pagos por Bizum. Pero junto a estas vías más o menos transparentes de financiación, en su perfil de Telegram también da la opción de contribuir a su candidatura mediante criptomonedas. El pasado 11 de abril facilitó dos monederos virtuales para recibir donaciones en Bitcoin y Ethereum.

La Ley de Financiación de Partidos establece que estos –también las agrupaciones de electores como la de Alvise– deben recibir sus donaciones en cuentas abiertas en entidades de crédito, es decir, en bancos, exclusivamente para ese fin. También deben comunicar a esas entidades y al Tribunal de Cuentas que esas cuentas bancarias sirven para recoger esas aportaciones. Las donaciones deben proceder, además, solo de personas físcas (no empresas ni otras entidades o asociaciones) perfectamente identificadas.

Una portavoz del Tribunal de Cuentas, el organismo constitucional encargado de supervisar las cuentas de las formaciones políticas, asegura que, "hasta el momento", no se ha dado el caso de que el tribunal "haya tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la admisibilidad o no de las donaciones mediante criptomonedas como fuente de financiación ordinaria o electoral". En caso de que se declararan, "se analizaría si los citados ingresos cumplen el ordenamiento jurídico y, en particular, con los límites y requisitos previstos en la Ley de Financiación de Partidos y la del Régimen Electoral General, al igual que se actúa con todos los ingresos privados que reciben los partidos políticos", añade esa portavoz.

José María Mollinedo, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, considera que, en principio, las aportaciones en criptomonedas no tienen por qué ser ilegales “siempre que cumplan con los requisitos de esa ley”. El Parlamento Europeo, del que ahora formará parte Alvise y otros dos diputados de su grupo, obliga desde 2023 a que cualquier transacción con criptomonedas informe el origen del activo y su beneficiario para evitar fraudes, el blanqueo de capitales y transacciones sospechosas de terceros países.