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Amenazas, un pendrive 'sorpresa' y la sombra permanente de Álvarez Conde: así ha sido la primera jornada del juicio a Cifuentes

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Llegó el día decisivo para Cristina Cifuentes. Sentada en el banquillo de los acusados, se enfrenta a más de tres años de cárcel acusada de ser la inductora de la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM). Pero, de momento, habrá que esperar para saber cómo la Fiscalía llega a esa conclusión, ya que en la primera jornada de juicio han declarado otras acusadas –la exdirectora del máster Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito– que no han aportado luz acerca de cómo la expresidenta habría gestado la manipulación del documento oficial.

Lo que sí ha quedado patente en la primera jornada del juicio, que se alargará al menos otros tres días, es que Rosado, que ha colaborado con la investigación, ha admitido que fabricó el acta después de que se publicara el escándalo en eldiario.es, que lo hizo a instancias de su superior, el catedrático Enrique Álvarez Conde, y que se sintió presionada tanto por él como por Feito, quien según su versión le llegó a decir: “Si no me envías el acta, Cifuentes os va a matar a vosotros y al rector”. También ha habido sorpresa al inicio de la vista oral, pues la defensa de la expresidenta madrileña ha aportado un informe que acreditaría que superó todas las asignaturas así como un pendrive que demostraría que en su agenda como delegada del Gobierno, cargo que ostentaba en 2012 cuando cursó el máster, había una cita referente a la fecha de defensa del trabajo. Es la primera vez que aporta esta prueba en todo el procedimiento judicial. Cifuentes prestará declaración el próximo viernes, 22 de enero.

La declaración como acusada de Cecilia Rosado, testimonio clave para la acusación de la Fiscalía y de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), se ha extendido por varias horas en las que ha dicho que no recuerda haber visto a Cifuentes en la clase del máster ni recuerda quién le puso las notas ni su defensa del TFM. Según ha recordado, la semana en la que debía realizar esa defensa, el 2 de julio de 2012, Rosado no pasó por la universidad porque estuvo preparando una ponencia de un curso de verano, algo que suele hacer en su casa.

Más de veinte llamadas

La profesora, para quien el Ministerio Público pide 21 meses de prisión, menos que a las otras acusadas al haber colaborado, ha querido dejar claro que la relación con Álvarez Conde –el director del Instituto que organizaba el máster y fallecido en 2019– siempre fue de "jerarquía", argumento que ha utilizado para justificar que falsificara el acta del TFM de Cifuentes el mismo día en que se publicó la primera información periodística. Aunque ha admitido que fue ella la primera que contactó con él en cuanto leyó la noticia, ha asegurado que a lo largo de las siguientes horas el catedrático le llamó "veinticuatro veces" y que también recibió "quince SMS" de llamadas perdidas suyas.

"Me dijo 'esto hay que arreglarlo'. Me dijo que había que poner un tribunal y las personas. Me puse muy nerviosa y me dijo que era la única opción. Y que no había nada que hacer", ha relatado. También ha explicado que fue después de la rueda de prensa que ofreció la universidad ese mismo día cuando Álvarez Conde le ordenó elaborar el acta de notas de Cifuentes. 

La profesora ha explicado que aunque ella era la directora del máster, no tenía "autonomía académica" porque Álvarez Conde era quien "decidía todas las cuestiones importantes", como qué profesores daban clase, y se encargaba de buscar alumnos. Tanto es así, ha dicho, que al primero al que llamó cuando saltó la noticia fue a él.

Según Rosado, también recibió numerosas llamadas de María Teresa Feito, quien en aquel momento era asesora de Educación en la Comunidad de Madrid pero también era funcionaria de la URJC. Aunque no recuerda haber tenido relación con ella antes, ese día recibió "quince llamadas y cinco SMS", así como "llamadas de Whatsapp". "Me dijo que el TFM tenía que aparecer. Luego cambió y me dijo que había que hacer el TFM, que le busque bibliografía del título del trabajo. Y después de la rueda de prensa, que haga el acta, que envíe el acta", ha explicado.

La profesora ha descrito todo este proceso como "presiones" para que fabricara un acta en ese momento. Y así lo hizo, pero tardó "cerca de tres horas" porque estaba "muy nerviosa" y "asustada" y tenía "miedo" por lo que estaba sucediendo. Como le dijo Álvarez Conde, en el documento debían aparecer también los nombres de otras profesoras como integrantes del tribunal de evaluación: Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Ninguna de ellas está acusada en este caso. "Cuando confecciono el acta estoy en mi casa y Alicia me enseña la firma por videollamada y me da el OK cuando la hago", ha explicado. Lo mismo hizo con la firma de Souto.

Una cuenta de correo creada ad hocad hoc

La rocambolesca historia que ha contado no acaba aquí, sino que, según Rosado, Álvarez Conde le indicó que utilizara su cuenta de correo electrónico para enviar el documento ya terminado al rector y al responsable de comunicación de la universidad. Ella no disponía de las claves de correo del catedrático y éste no se acordaba, así que la profesora creó para la ocasión una nueva cuenta de Gmail desde la que mandó el archivo adjunto.

Días después hubo una reunión de los implicados, a la que Rosado acudió con su abogado, en la que Álvarez Conde quería que todos diesen la misma versión si les preguntaban por el TFM de Cifuentes y el acta en cuestión, según la declaración que ha ofrecido la profesora al tribunal. Después, ésta pudo hablar con el catedrático a solas y le recriminó que "se estaba lavando las manos" y le comunicó que se "había sentido presionada", por lo que le pidió que redactara un documento en el que él reconociera que fue quien ordenó fabricar el acta. "Me dijo que sí. Lo redactamos juntos y él lo firmó", ha apuntado.

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A preguntas de la acusación particular que ejerce la URJC, Rosado ha sido más tajante al manifestar que, aunque no comprobó si efectivamente el TFM de Cifuentes existía y que se limitó a "acatar las órdenes" de Álvarez Conde, siempre tuvo el convencimiento de que "había que hacer un acta de un hecho que no había existido". "Yo sé que ese trabajo no estaba", ha manifestado después a preguntas de las defensas.

La figura de Enrique Álvarez Conde, quien también estuvo procesado en esta causa hasta que falleció en abril de 2019, un año después de que estallase el escándalo, ha estado presente en toda la primera jornada del juicio, que se ha extendido por casi cinco horas. No sólo en la declaración de Cecilia Rosado, sino también en la de María Teresa Feito, quien ha afirmado que mantenía una relación "cordial" con él –"pobrecito, que en paz descanse", ha dicho varias veces–, pero no de amistad como había sugerido la profesora. "Yo no sabía las cosas que hacía este señor. A mí y a todos nos llamaba puto titular. Y tenía razón porque nunca estábamos en el reparto de la docencia", ha remarcado.

Con Cifuentes ha negado toda relación, aunque ha reconocido que pidió a Rosado para que buscara el TFM porque, según ella, Álvarez Conde le dijo "que estaba". Sobre la cantidad de llamadas que la profesora ha relatado que le hizo cuando saltó el escándalo, se ha limitado a asegurar que es "muy pesada con el teléfono". Eso sí, ha resaltado que está segura de que no le llegó a decir que la expresidenta la fuera a matar.

Llegó el día decisivo para Cristina Cifuentes. Sentada en el banquillo de los acusados, se enfrenta a más de tres años de cárcel acusada de ser la inductora de la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM). Pero, de momento, habrá que esperar para saber cómo la Fiscalía llega a esa conclusión, ya que en la primera jornada de juicio han declarado otras acusadas –la exdirectora del máster Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito– que no han aportado luz acerca de cómo la expresidenta habría gestado la manipulación del documento oficial.

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