La nómina pública de octubre de los médicos que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y además ejercen la medicina privada traía una buena noticia. Por primera vez, han percibido una cuantía que hasta ahora sólo cobraban los facultativos con dedicación exclusiva al sistema público. Son más de 800 euros al mes, que tienen como beneficiarios a más de 2.400 facultativos, lo que supone un coste anual de más de 28 millones de euros, según la documentación consultada por este periódico y la confirmación oficial de la Consejería de Salud y Familias. La medida, defendida por PP, Cs y Vox, se ha empezado a materializar justo antes de una orden oficial que permite restricciones puntuales del ejercicio de derechos del personal sanitario ante el avance de la pandemia y que ha levantado a los sindicatos.
El llamado “complemento de exclusividad” tiene historia. La Junta de Andalucía pagaba a los sanitarios un extra por trabajar sólo en el sistema público, en razón de un acuerdo del Consejo de Gobierno de 2006 y de un decreto de 2009, en ambos casos siendo consejera de Salud María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda. La idea subyacente era reforzar la dedicación de los profesionales a la sanidad pública y reducir los conflictos de intereses. El PP vio siempre una discriminación ideológica y un castigo a los médicos que querían trabajar en la privada. Supuestamente, la medida ahuyentaba talento. También Ciudadanos estaba en contra. Y Vox. Cuando los tres partidos formaron mayoría tras las elecciones de diciembre de 2018, la suerte de este complemento estaba echada.
Según los críticos a este tratamiento diferenciado, es pernicioso porque aleja a especialistas de alto nivel, que verían desincentivado el trabajo en la sanidad pública por no poder a la vez operar en la privada al mismo tiempo. Fue emblemático para apuntalar estas tesis el caso del prestigioso doctor David Farrington, que dejó en 2017 la sanidad pública andaluza, decisión que fue atribuida a la imposibilidad de compatibilizar su responsabilidad pública con la privada.
El acuerdo de PP y Cs para los 100 primeros días del Gobierno del presidente Juan Manuel Moreno (PP) y el vicepresidente Juan Marín (Cs) recoge lo siguiente: “La eliminación de la discriminación salarial entre los facultativos por razón de exclusividad, estableciendo el principio de que a igual trabajo, igual salario”. El compromiso también está recogido en el acuerdo de investidura del PP con Vox: “Eliminar la obligación de exclusividad para los profesionales sanitarios”.
De modo que la medida no es ninguna improvisación. Se trata de una extendida reclamación de organizaciones como el Sindicato Médico Andaluz y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. El Gobierno de PP y Cs no pudo cumplir su compromiso en los primeros cien días. Ante la demora en su concreción, ha sido Vox el partido que presionaba desde fuera. Finalmente, la medida ha salido en plena pandemia.
Entre 831 y 866 euros
La Mesa Sectorial de Sanidad, integrada por el Gobierno y los sindicatos, acordó el 10 de julio en una reunión celebrada por videoconferencia “establecer un complemento de productividad para aquellos licenciados sanitarios cuyo complemento específico es diferente a puestos con idéntico contenido funcional, responsabilidad y jornada, de forma que queden equiparadas ambas retribuciones”. Las cuantías previstas oscilan entre los 831,55 euros para especialistas de área y los 866,78 para médicos de atención primaria [ver aquí en “Productividad factor fijo”]. Aunque se trata de un acuerdo recogido en el programa del PP y Cs, cuando se acordó la medida en la Mesa Sectorial ,Vox la atribuyó a la “presión” ejercida por el partido de Santiago Abascal. En la reunión de la mesa, las medidas aprobadas –el fin del “complemento de exclusividad” no era la única– cosecharon el voto a favor del Sindicato Médico, en contra de CCOO y UGT y la abstención del Satse y CSIF, según la información recabada por este periódico.
Satse asegura que su posición ha sido y es de "rechazo" total a esta medida y al conjunto del acuerdo de julio, como recoge este comunicado. "Si en el acta quedó reflejado otra cosa es un error que exigiremos rectificar, pero aún hay actas sin ratificar desde 2019, y esa en concreto todavía no se ha aprobado oficialmente", señala. Satse calificó en agosto como "absolutamente insuficientes" las medidas "en materia de retribución y reconocimiento de jornadas".
La Consejería de Salud y Familias, que dirige Jesús Aguirre (PP), ya ha habilitado el procedimiento para el abono, que incluye un formulario en el que los solicitantes deben indicar la fecha en la que dejaron de cobrar complemento por “ejercer en el sector privado”. El acuerdo pasó por el Consejo de Gobierno el 22 de octubre. Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz, asegura a este periódico que el pago del complemento ha comenzado en la nómina de octubre.
Más de 2.400 médicos
Según la documentación de la Junta de Andalucía a la que ha tenido acceso este periódico, los beneficiarios son 2.429, con un coste anual previsto de 28,34 millones, cifras confirmadas por la Consejería de Salud y Familias.
Está por ver el impacto de la medida justo ahora, cuando Andalucía es una de las comunidades en las que la gestión de la segunda ola ha empezado a implicar limitaciones en el ejercicio de derechos del personal sanitario, con todos los sindicatos de la Mesa Sectorial –CCOO, UGT, Satse, Sindicato Médico y CSIF– anunciando movilizaciones [ver aquí información en detalle].
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Sindicatos a favor y en contra
El Sindicato Médico Andaluz considera que equiparación supone “un esfuerzo por reparar la lamentable situación, profundamente injusta, a la que años de desdén por parte del Gobierno andaluz nos había conducido". “La importancia de acabar con este agravio tiene que ver con la terrible injusticia, justificable únicamente sobre la base de prejuicios ideológicos, a la que estaban sometidos una parte de nuestros compañeros", según ha manifestado el sindicato. No es la única organización defensora de esta medida. El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que también la ha reivindicado, afirma que ya sólo quedan dos comunidades con este complemento, Asturias y Galicia.
CCOO se ha mostrado contra esta equiparación y ha expuesto su “absoluta disconformidad” con el hecho de que la Junta “haya priorizado sus compromisos electorales, como la extensión del abono de la exclusividad al personal facultativo que no trabaja en exclusividad en el sistema, por encima del necesario consenso que se tenía que haber configurado con las organizaciones sindicales”.