La renuncia de Vox a exigir su entrada en un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y el guiño al PNV que tal decisión encubre ha reabierto un interrogante: el de si realmente, sin crisis interna y en lo que ya se perfila como una hipótesis inverosímil afrontaría la ultraderecha la fusión de sus votos con los del grupo vasco, al que llegó a amenazar al inicio de la legislatura con la ilegalización en cuanto le fuese posible, bautizó luego como “recogenueces de ETA” y lo definió hace apenas un año como los que con la “eficacia de un cirujano” gestionaron los “efectos y réditos políticos del asesinato”.
En caso afirmativo ante la posibilidad de un voto coincidente de Vox y el PNV para aupar a Feijóo a la Moncloa -la ultraderecha ha “levantado el veto” sobre el partido nacionalista, como sostienen algunos medios- los interrogantes crecen de dimensión. ¿Ha cambiado el partido de Santiago Abascal su diagnóstico sobre lo que histórica y políticamente ha representado y representa el PNV o exageraba deliberadamente sus ataques en busca de seguidores en el espacio electoral? ¿O le abre Vox a ese mismo PNV la puerta del bloque proPP porque no cree que pueda darse una situación donde levanten la mano al unísono los cinco diputados peneuvistas y los compañeros de Jorge Buxadé -autor de la figura retórica que equipara al PNV con los gestores del beneficio político de los atentados terroristas - o de Javier Ortega Smith, el dirigente que prometió ilegalizar al partido que preside Andoni Ortuzar? -pincha aquí para ver lo que afirmó en un debate en La Sexta-
Pero no solo Buxadé, vicepresidente de acción política de Vox, ni Ortega Smith, secretario general cuando enarboló la ilegalización como un estandarte, han atacado con dureza extrema al PNV. En junio de 2020 y ante una pregunta de los periodistas sobre la propuesta para ilegalizarlo, el propio Santiago Abascal respondió lo que sigue: que la formación que dirige "no se echa atrás" en sus planteamientos y que "los partidos que quieren destruir la unidad nacional o la democracia deben estar fuera de la ley".
Aunque a través de su cuenta oficial en Twitter el PNV subrayó de inmediato este lunes que bajo ningún concepto facilitará la investidura del líder del PP, la organización que preside Abascal se ha atrincherado en el silencio tras el comunicado difundido la víspera y en el que ofrecía al PP su apoyo sin oficialmente pedir nada a cambio.
Esa nota sigue incluyendo a la veterana formación nacionalista vasca en el lote de “los enemigos de España”. Pero al mismo tiempo el texto agrega que Vox “no será la excusa de nadie” ni “el impedimento para evitar un gobierno de quienes pretenden destruir los fundamentos de la Constitución”. Que el medio de comunicación oficial de Vox, La Gaceta, eligiera para su tuit sobre el asunto la frase sobre “la excusa de nadie” confirma que la extrema derecha ha tendido a la veterana formación nacionalista vasca un cable bajo cuerda pero visible desde la superficie. De hecho, el foco mediático aparece ahora iluminando al PNV como el partido en cuyas manos deja Vox el triunfo o el fracaso de Feijóo, lo que ya ha puesto en alerta a algunos seguidores de la extrema derecha como lo demuestran determinadas respuestas al tuit de La Gaceta.
Más allá de la literalidad del comunicado del domingo y del enfoque informativo del digital propiedad de Disenso -la fundación creada, dirigida y financiada por Vox-, lo que abona la tesis de que el partido de siglas verdes ha alterado los que aparecían como férreos principios respecto al PNV es justamente el silencio aludido en párrafos anteriores. Al cierre de esta edición, ni Abascal ni nadie de su equipo había pronunciado una sola palabra contra el entusiasmo y la rapidez del PP para emplazar al PNV a prestarle sus votos del Congreso en una hipotética sesión de investidura cuya convocatoria depende del rey. infoLibre envió a los portavoces de comunicación de la extrema derecha una pregunta con el siguiente enunciado: dado que en el comunicado de ayer Vox sigue incluyendo al PNV en el grupo de "enemigos de España", ¿cambiaría su oferta de voto favorable a Feijóo si el partido de Ortuzar accediese a apoyar la investidura del líder del PP? No hubo respuesta.
Mientras en Murcia Vox mantiene vivo el dilema político de apoyar al PP o forzar allí la repetición electoral, la publicitada gratuidad de la oferta ultraderechista al PP ya ha movilizado al presidente en funciones de aquella comunidad, Fernando López Miras. El líder murciano del PP y aspirante a la reelección no dudó este lunes en elogiar a la dirección estatal de la ultraderecha y en instar al partido a comportarse del mismo modo en la región. Vox ha demostrado “sentido de Estado”. “Y creo que esa misma responsabilidad, ese sentido de Estado, Vox de la Región de Murcia también tendría que aplicarlo, desbloqueando la situación", afirmó en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta TV.
Pero el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, replicó con un tuit inequívoco al que sin problemas dio alas la cuenta nacional del partido: Vox -escribió Antelo y retuiteó la cuenta estatal del partido- “quiere conformar un gobierno de coalición, sin mentiras, sin chantajes y respetando a los votantes de ambas formaciones”.
Pactos que afectan al 24,5% de la población
Vox se abre a apoyar a Feijóo sin entrar en su Gobierno para evitar una investidura de "los enemigos de España"
El mensaje de Antelo engancha con las cerezas que Vox ha ido aunando en un racimo desde las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Pese a su promesa de apoyar la investidura de Feijóo sin condiciones, el ideario de Vox -detractor de la defensa de la igualdad de género y contrario a usar el término violencia machista para sustituirlo por intrafamiliar, la eutanasia, la memoria histórica, los derechos LGTBI o la lucha contra el negado cambio climático- ya condiciona al principal partido de la derecha española allí donde existe un pacto de gestión. A día de hoy, esos pactos de gobierno afectan a territorios donde al menos viven 11,8 millones de ciudadanos. Es decir, el 24,5% -casi uno de cada cuatro- de los 48.196.693 ciudadanos censados este año.
La cifra de los 11,8 millones solo incluye la población de las cuatro comunidades donde gobierna un ejecutivo de coalición PP-Vox (Valencia, Castilla y León, Aragón y Extremadura) pese a su rechazo al Estado autonómico, más la de Baleares por cuanto Vox participa en consejos insulares (Mallorca y Menorca) y la de los municipios con mayor peso demográfico entre los 135 donde hay una alianza municipal: los madrileños Móstoles, Alcalá de Henares, Aranjuez, Colmenar Viejo, Galapagar, Villaviciosa de Odón, Torrelodones y Moralzarzal; Toledo y Ciudad Real.
En la segunda de las dos capitales castellanomanchegas en cuyos consistorios han hecho piña de gobierno PP y Vox tras el 28M, el primer teniente de alcalde es ahora Ricardo Chamorro. Fue Chamorro quien, en su cuenta de Facebook, escribió el 17 de diciembre de 2019 lo que viene a continuación: “El PNV es un partido corrupto hasta el tuétano, igual de corruptos que los postulados de su fundador Sabino Arana, e igual de corruptas que las nueces que recogían mientras asesinos terroristas agitaban el árbol”. En las elecciones generales del 23-J, Chamorro obtuvo un escaño. Se convirtió así en uno de los 33 electos de Vox que en la nueva legislatura compartirán con el PNV espacio físico en el Congreso.
La renuncia de Vox a exigir su entrada en un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y el guiño al PNV que tal decisión encubre ha reabierto un interrogante: el de si realmente, sin crisis interna y en lo que ya se perfila como una hipótesis inverosímil afrontaría la ultraderecha la fusión de sus votos con los del grupo vasco, al que llegó a amenazar al inicio de la legislatura con la ilegalización en cuanto le fuese posible, bautizó luego como “recogenueces de ETA” y lo definió hace apenas un año como los que con la “eficacia de un cirujano” gestionaron los “efectos y réditos políticos del asesinato”.