La Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó en julio de 2016 su nueva Ley de Protección Animal, que llevaba por bandera una consigna cuanto menos llamativa: la prohibición de sacrificar animales domésticos abandonados. La comunidad gobernada por Cristina Cifuentes se convertía así en la segunda que impulsaba el sacrificio cero, después de Cataluña. Un año después, no obstante, el balance no deja espacio para celebraciones. Tal y como ya advirtieron organizaciones en defensa de los derechos animales, el principal efecto de esta ley es la absoluta saturación de las perreras y protectoras madrileñas, que no cuentan con los medios ni la capacidad suficiente para acoger a todos los animales que diariamente demandan un hueco en sus instalaciones. Aunque la Comunidad de Madrid prevé repartir un millón y medio de euros para asumir la situación, el movimiento insiste en que de nada sirve el sacrificio cero si no lleva aparejado medidas paralelas que garanticen resultados.
Dichas actuaciones requieren de una primera mirada a la tasa de abandono en España, una cifra que no deja de ser alarmante año tras año. En 2016, un total de 104.447 perros y 33.335 gatos fueron recogidos por las sociedades protectoras de todo el país, según el último estudio de la Fundación Affinity sobre abandono. Estas cifras, que permanecen prácticamente inmutables con el paso del tiempo, se combaten a través del fomento de la adopción y de una regulación contra la venta de animales, especialmente por particulares, práctica que no es legal en el país pero que se sigue llevando a cabo de manera relativamente sencilla. El siguiente paso apunta a la esterilización, que tiene por objeto evitar el abandono de los animales que provienen de camadas no deseadas. Todo este conjunto de actuaciones, que se retroalimentan entre sí, es a juicio de los animalistas la única fórmula posible para lograr que el sacrificio cero tenga efectos garantistas.
Abandono, adopción y esterilización
El problema, a juicio de Alberto Díez, presidente de la Asociación Nacional por la Defensa de los Animales (ANDA), "tiene una solución pero también tiene un origen". La unidad administrativa que genera la ley, es decir, la Comunidad de Madrid, "no es la que luego tiene que gestionar las consecuencias de la aplicación de esa ley, que son los ayuntamientos". La comunidad, por tanto, "lanzó una iniciativa que iba a afectar a la política municipal". Por ello, al Gobierno de Madrid "el sacrificio cero le resultó un eslogan muy atractivo", pero apenas supuso consecuencias negativas para él. El hecho es que la Comunidad de Madrid únicamente tiene responsabilidad, en materia de abandono, sobre los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que al no disponer de medios adecuados delegan la labor de acoger en el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid (CIAAM), ubicado en Colmenar Viejo y "gestionado por protectoras que ya ponían en marcha el sacrificio cero", subraya Díez.
En los ayuntamientos mayores, donde el sacrificio era diario, el relato es completamente distinto y las consecuencias comienzan a ser evidentes. "El sacrificio cero, si no viene acompañado de otras medidas en paralelo, genera una situación problemática", continúa el activista, quien incide en que "hay que ser consecuente con la realidad: que un artículo lo establezca no significa que vaya a ser viable, sólo lo hace legalmente vinculante".
"La principal alarma saltó en Madrid porque desde hace meses se puso en marcha la nueva ley que prohíbe el sacrificio, y no ha venido acompañada de medidas que priven el abandono", observa Laura Duarte, portavoz del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma). Las perreras se encuentran "saturadas de animales", porque "el sacrificio es un objetivo, pero para alcanzarlo hacen falta medidas como prohibir la venta o fomentar la adopción y la esterilización". Si no, continúa, "es imposible porque no hay capacidad suficiente".
Duarte critica asimismo que los animales de compañía se sigan vendiendo en tiendas y criaderos, "mientras otros buscan hogar". "Muchos de los animales que se compran son los que aparecen en las perreras", lamenta la portavoz del partido animalista. "Cuando se compran animales, meses después se abandonan", agrega. En este contexto critica también la escasa persecución de la compra-venta de animales por parte de particulares, una práctica que considera habitual pese a estar prohibida en España.
Coincide con ella Amanda Romero, activista por los derechos animales, quien censura que las tiendas "fomenten la compra impulsiva e irreflexiva de los animales" con el consiguiente abandono de los mismos. La cría de animales y su venta entre particulares, insiste también Romero, no es legal "pero no existe un control adecuado". A su entender todo ello responde a "una cuestión de voluntad política para hacer que se cumpla la ley", que hasta ahora "se pasa por alto y no se aborda". En este punto, estima Alberto Díez, "la legislación es más deficitaria", por lo que resulta necesario "poner un coto muy restringente a la cría por parte de particulares", de modo que se establezca un control sobre "todas las plataformas digitales y a todo aquel que oferte un cachorro en venta de manera que esté vinculado necesariamente a un registro profesional".
Educar y sancionar
El marco de medidas descrito debe estar respaldado, sostiene Alberto Díez, por "sanciones que sean realmente disuasorias contra el abandono y la cría". Lo que no es viable, considera, es que la única acción al respecto sea "informar de que no es correcto y dejarlo ahí".
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Sin embargo, es evidente que todo ello responde a "medidas muy prohibitivas que si no van acompañadas de educación e información de por qué se toman pueden parecer excesivamente rigurosas". Por este motivo apuesta por "incidir en políticas de educación y concienciación" que sirvan para informar a la ciudadanía de las consecuencias que entraña el abandono, la cría indiscriminada y la no esterilización.
Amanda Romero también entiende que este tipo de campañas son "absolutamente necesarias" pero lo cierto es que "desde las instituciones no existen". A día de hoy, lamenta, la Administración Pública no trabaja "ni en cuanto a concienciación ni en facilitar el acceso a la adopción", paso clave para combatir el problema. "Necesitamos sensibilización sobre estas tres cuestiones: no abandono, adopción y esterilización", concluye la activista, quien asevera que el problema "es de tal magnitud que realmente es inasumible".
Si se va por ese camino, coincide Alberto Díez, "es cuando el sacrificio cero avanza por sí mismo". Pero tal y como se ha hecho en Madrid, señala, "se ha empezado la casa por el tejado, y eso no deja de ser publicidad". "Estamos repitiendo los mismos problemas que en Cataluña", donde las perreras ya sufrieron las consecuencias de un sacrificio cero puesto en marcha de forma parcial y poco rigurosa.
La Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó en julio de 2016 su nueva Ley de Protección Animal, que llevaba por bandera una consigna cuanto menos llamativa: la prohibición de sacrificar animales domésticos abandonados. La comunidad gobernada por Cristina Cifuentes se convertía así en la segunda que impulsaba el sacrificio cero, después de Cataluña. Un año después, no obstante, el balance no deja espacio para celebraciones. Tal y como ya advirtieron organizaciones en defensa de los derechos animales, el principal efecto de esta ley es la absoluta saturación de las perreras y protectoras madrileñas, que no cuentan con los medios ni la capacidad suficiente para acoger a todos los animales que diariamente demandan un hueco en sus instalaciones. Aunque la Comunidad de Madrid prevé repartir un millón y medio de euros para asumir la situación, el movimiento insiste en que de nada sirve el sacrificio cero si no lleva aparejado medidas paralelas que garanticen resultados.