Cuarenta y cuatro años después del asesinato de cinco obreros en uno de los acontecimientos más traumáticos de la Transición, la impunidad sigue marcando la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976. Ni un solo condenado. Ni una sola investigación que llegara a buen puerto. Todo lo que rodeó aquellos trágicos sucesos cayó en el olvido. Y sólo la justicia argentina se ha mostrado dispuesta a buscar responsables en el marco de la conocida como querella argentina, un procedimiento con casi diez años de vida que no deja de atascarse entre continuas piedras en el camino. Bajo la lupa de la magistrada instructora, María Servini, se encuentra el exministro Rodolfo Martín Villa, el único de la larga lista de acusados que se ha mostrado dispuesto a someterse al interrogatorio. A pesar de ello, la justicia argentina lleva seis años intentando tomarle declaración. Tras dos comisiones rogatorias fallidas y dos citaciones aplazadas, la última fecha fijada para que responda a las preguntas es el próximo 20 de marzo. Sin embargo, desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) no se muestran muy convencidos de que dicha comparecencia vaya finalmente a producirse.
A finales de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto envió un escrito a la magistrada instructora, adelantado por Público, comunicando que “habiéndose efectuado las correspondientes consultas” a las autoridades del Ministerio de Justicia español, éstas aseguraron “que el requerimiento no podrá ser diligenciado en los términos en los cuales actualmente se encuentra librado, ello en virtud de que, de conformidad con los instrumentos vigentes en la materia el medio idóneo para efectivizar la medida no es un oficio judicial sino que corresponde canalizar dicho requerimiento a través de una solicitud de asistencia internacional (exhorto internacional)”. El escrito levantó una enorme polémica. Y obligó tanto a Asuntos Exteriores como a Justicia a desmentir categóricamente las supuestas trabas a la cooperación judicial. A través de un comunicado, ambos ministerios negaron haber remitido “escrito alguno” en esos términos. “La solicitud de asistencia fue remitida por las autoridades argentinas el 28 de enero y se encuentra todavía pendiente de contestación”, completaban.
Ana Messuti, abogada de la querella argentina, señala que “no es necesario, en absoluto, mandar un exhorto” cuando la declaración estaba prevista en la embajada. Es decir, que la magistrada de ninguna manera “necesita pedir permiso” a España. En conversación telefónica con infoLibre, la letrada señala que estaban “casi completamente seguros” de que se interrogaría finalmente al exministro el 20 de marzo. Pero ahora, cuando queda menos de un mes para la fecha marcada, empiezan a surgir algunas dudas. “Yo veo signos prácticos de que [Servini] no va a venir en marzo. Tendría que haber empezado algún otro trámite para hacer el viaje”, explica. Sin embargo, Messuti no cree que en esta ocasión se pueda decir “tan fácilmente” que sea por “otro obstáculo más de España”. “Puede ser por conveniencia política, o pueden existir otros motivos por los que no convenga tomar declaración de la manera que se había previsto”, asevera la abogada, que recuerda que todavía “no hay nada firme”.
“Responsable” de la “represión”
La causa 4591/2010, en la que se investigan algunos de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, se puso en marcha en Argentina en abril de 2010. Ahora, una década después, el procedimiento sigue activo pero los avances son limitados. Durante todos estos años, los centenares de víctimas de la represión han recorrido un camino de victorias y jarros de agua fría. En el transcurso de la causa, dos han sido los momentos clave. En septiembre de 2013, la jueza instructora, María Servini, dio un primer paso dictando orden de detención internacional contra cuatro supuestos torturadores franquistas: José Ignacio Giralte, Celso Galván, Jesús Muñecas –condenado por participar en el intento de golpe de Estado del 23-F– y Antonio González Pacheco, conocido con el sobrenombre de Billy el Niño. Un año después, la magistrada añadió a la lista de reclamados a otras veinte personas. Había siete expolicías, un excapitán de la vieja Policía Armada, un exmiembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, dos exjueces, un ginecólogo y ocho exministros de la dictadura.
Entre estos últimos se encontraba Rodolfo Martín Villa. Quien fuera titular de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 se colocó bajo la lupa de la justicia argentina como supuesto “responsable” de la “represión de la concentración de trabajadores en Vitoria” el 3 de marzo de 1976. Ese día de hace cuarenta y cuatro años era jornada de paro general en la ciudad y varios millares de trabajadores se encontraban reunidos en asamblea en la iglesia del barrio obrero de Zamaraga. Pasadas las 17.00 horas, policías armados de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro (Burgos) y de la guarnición de Vitoria penetraron en la parroquia de San Francisco utilizando gases lacrimógenos. A medida que iban abandonando el templo, algunos de los trabajadores fueron alcanzados por pelotas de goma y balas de armas de fuego. Hubo más de un centenar de heridos. Y cinco obreros cayeron asesinados: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. El más mayor tenía 32 años. El más joven, solo 17.
La orden de detención internacional contra el exministro franquista llegaba sólo un mes después de que el relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, expusiese ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su demoledor informe sobre el trato que el Estado estaba dando a las víctimas de la dictadura. Aquel documento instaba a España a “valorar las alternativas y privar de efecto” las disposiciones de la Ley de Amnistía “que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”. Pero no solo eso. También exigía “promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso” y “asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior”, tomando “medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal”.
Seis años esperando una declaración
Ya con la solicitud de Interpol sobre la mesa, el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tuvo ninguna duda de que sería denegada. La Audiencia Nacional ya había rechazado la extradición de Billy el Niño o del ex guardia civil Jesús Muñecas. Y el titular de la cartera esperaba para el caso de los exministros una “resolución muy equivalente”. “Son delitos prescritos en España, donde además hay una Ley de Amnistía”, aseveró el dirigente conservador. Pero Martín Villa se negó a usar la prescripción o la norma como “parapeto”. “Para eso tendría que haber cometido algún delito que fuera objeto de esa ley”, aseguró el antiguo titular de Relaciones Sindicales. En declaraciones a Onda Cero, el también ex vicepresidente del Gobierno mostró su plena disposición a dar las explicaciones oportunas a la magistrada argentina sobre los hechos del 3 de marzo de 1976: “Que quede claro, voy a solicitar poder declarar ante la juez, procuraré hacerlo de la forma más cómoda y más segura para mí, pero lo voy a hacer, así lo he pensado desde el principio”.
Tal y como dejó entrever Catalá, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2015 un acuerdo para rechazar la extradición de los exministros y del resto de acusados. La denegación se basaba en tres motivos diferentes. En primer lugar, el principio de jurisdicción preferente, según el cual “cuando la ley de un Estado prevé la competencia para enjuiciar a sus ciudadanos, es motivo suficiente para no conceder la extradición”. En segundo, el principio de extinción de la responsabilidad criminal, pues “los delitos que supuestamente se les imputan fueron cometidos en los años 70 y la ley penal de entonces, el Código Penal de 1973, tenía una previsión de extinción de la responsabilidad de quince años”. Y, por último, el principio de la no doble incriminación. Sólo un mes y medio antes, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires señaló que estaba dispuesta a tomar declaración al exministro en España. Y dejó un recado en relación con la actitud de las autoridades españolas: “Mucho no ayudan. Mucha gracia no les hace”.
La magistrada lo intentó en varias ocasiones. Envió una primera comisión rogatoria solicitando interrogar a la veintena de acusados entre el 4 y el 22 de abril de 2016. España exigió entonces a Argentina que previamente le remitiera la batería de preguntas. Y luego derivó el exhorto a los tribunales territoriales. Este primer pedido fue rechazado por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid en octubre de 2016. La misma suerte corrió el segundo auxilio judicial internacional que cursó Servini dos años después para tomar declaración al investigado por “graves delitos” en el marco de una “política de Estado sistemática impuesta por los golpistas como consecuencia de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”, tal y como aseguró la magistrada sobre el exministro en una de sus resoluciones. La Audiencia Nacional volvió a rechazar que se tomara declaración a Martín Villa en territorio español. Primero, porque los delitos habrían prescrito. Y segundo, porque admitir la comisión rogatoria vulneraría la famosa Ley de Amnistía de 1977.
Las cartas de apoyo a Martín Villa agrandan la brecha sobre el relato de la Transición
Dos cambios y “mucho interés” en que “no se indague”
En este auto, el juez José de la Mata recordaba que la jueza tenía a su disposición “múltiples mecanismos” para llevar a buen puerto su objetivo procesal, como por ejemplo tomarle declaración en Argentina o en la embajada del país latinoamericano en España. Tras este varapalo, Servini citó en marzo de 2019 a Martín Villa para declarar en Buenos Aires el 9 de septiembre. Y el extitular de Relaciones Sindicales aceptó: “Llevo cuatro años y medio pidiendo que se me tome declaración para poder responder a las acusaciones contra mí”. Pero con las elecciones argentinas a la vuelta de la esquina, la magistrada decidió a última hora mover la fecha a comienzos de diciembre para evitar la sobrecarga de trabajo –como jueza federal tiene competencia electoral–. Sin embargo, todavía quedaba un tropezón más en el camino. A pocas horas del día marcado, Servini atendió un escrito de los abogados del exministro y determinó que tomaría declaración a Martín Villa en la Embajada de Argentina en Madrid el próximo 20 de marzo.
Queda menos de un mes para la fecha prevista. Y todas las miradas están puestas sobre la jueza argentina y el exministro español. Puede que el próximo 20 de marzo, por primera vez, Servini consiga definitivamente sentarse frente a uno de los investigados en la causa 4591/2010. Seis años después de la primera orden de detención contra Martín Villa por la matanza de Vitoria. “Es horrible que se hayan producido tantas trabas por parte de España para que dos personas, jueza y declarante, se sienten frente a frente. Es realmente lamentable, habiendo además tantas víctimas y problemas que hay que aclarar”, apunta Messuti, que considera que ha habido “mucho interés” en que “no se indague más”. “Más que una condena al victimario, la impunidad es la falta de respuesta a la víctima, algo que es más grave. Que [Martín Villa] se siente frente a la jueza y hable es muy importante”, sentencia la letrada de la querella argentina.
Cuarenta y cuatro años después del asesinato de cinco obreros en uno de los acontecimientos más traumáticos de la Transición, la impunidad sigue marcando la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976. Ni un solo condenado. Ni una sola investigación que llegara a buen puerto. Todo lo que rodeó aquellos trágicos sucesos cayó en el olvido. Y sólo la justicia argentina se ha mostrado dispuesta a buscar responsables en el marco de la conocida como querella argentina, un procedimiento con casi diez años de vida que no deja de atascarse entre continuas piedras en el camino. Bajo la lupa de la magistrada instructora, María Servini, se encuentra el exministro Rodolfo Martín Villa, el único de la larga lista de acusados que se ha mostrado dispuesto a someterse al interrogatorio. A pesar de ello, la justicia argentina lleva seis años intentando tomarle declaración. Tras dos comisiones rogatorias fallidas y dos citaciones aplazadas, la última fecha fijada para que responda a las preguntas es el próximo 20 de marzo. Sin embargo, desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) no se muestran muy convencidos de que dicha comparecencia vaya finalmente a producirse.