El año judicial se cierra con un conflicto sin precedentes entre la magistratura y el Gobierno de Sánchez
Tres situaciones inéditas han cerrado un año judicial sin precedentes en la conflictividad entre los jueces y el Gobierno. La primera, la toma de declaración como testigo al presidente del Ejecutivo en Moncloa en la causa que un juez de instrucción sigue contra su mujer y la posterior querella del Estado contra ese mismo magistrado. En segundo lugar, la posible imputación por revelación de secretos del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, por desmentir un bulo fabricado desde el entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre los delitos cometidos por la pareja de esta. Por último, el cuestionamiento y paralización por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas de la principal apuesta de Pedro Sánchez para garantizarse el apoyo parlamentario a su Ejecutivo: la ley de amnistía. La única buena noticia es la renovación del Poder Judicial tras cinco años y medio de bloqueo del PP. Sus 20 vocales, sin embargo, no logran ponerse de acuerdo para nombrar a un presidente, perpetuando un parón en los nombramientos que supera ya el lustro.
Un juez instructor en La Moncloa
Primero compareció el empresario Juan Carlos Barrabés, con obligación de responder a las preguntas, decir la verdad, y sin abogado, como todos los testigos. Este jueves lo ha vuelto a hacer como investigado, con la posibilidad de no declarar y con asistencia letrada. Lo mismo ocurrió con el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, en unas diligencias con las que, según sus defensores y otros juristas consultados, el juez ha vulnerado el derecho fundamental de no declarar contra sí mismo que la Constitución da a todo encausado.
En el caso abierto por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente, Begoña Gómez -por escribir cartas de recomendación a empresas de Barrabés y obtener un puesto de trabajo en la universidad que dirige Goyache- el riesgo de que la causa se vuelva contra los testigos es alto. Con esos precedentes, no es de extrañar que este martes, cuando Peinado se desplazó a Moncloa para tomar declaración a Pedro Sánchez en esa condición, este rechazara contestar ejerciendo su derecho a no declarar en causas contra familiares. Para que exista tráfico de influencias, uno de los delitos que se achaca a Gómez (junto al de corrupción en los negocios) tiene que haber una autoridad cuya influencia se utilice. Y la única autoridad presente en el caso es el presidente del Gobierno.
Tras su comparecencia en el complejo presidencial, Sánchez se querelló a través de la Abogacía del Estado contra Peinado por prevaricación, es decir, por dictar una resolución injusta a sabiendas. El motivo es que el juez rechazó tomarle declaración por escrito, un derecho que tiene todo miembro del Gobierno y el resto de altas autoridades del Estado y algo que Sánchez había pedido expresamente. Su juez sustituto, Carlos del Valle, sin embargo, lo denegó argumentando que el interrogatorio no tendría que ver con su desempeño del cargo de presidente, la única excepción que permite la ley para que el juez le tome declaración personalmente en su domicilio o despacho oficial.
Tras guardar silencio ante Peinado, Sánchez, a través del servicio jurídico del Estado, presentó su querella en defensa de la institución de la Presidencia del Gobierno. En ella argumentaba que, en caso de haber decidido hablar, solo podría haberlo hecho como presidente, ya que Peinado había circunscrtito previamente el ámbito del procedimiento a todos los actos de Gómez desde que Sánchez accedió a la presidencia. En el documento sugería que el instructor, en realidad, solo quería una imagen de desprestigio de la institución que dirige Sánchez: la del jefe del Ejecutivo en Moncloa ante un juez.
A la querella de la Abogacía del Estado contra Peinado se ha sumado este viernes la de su esposa, que, además de prevaricación, achaca al juez el delito de revelación de secretos por haber trasladado a las acusaciones populares de Vox y Manos Limpias actuaciones que previamente habían sido declaradas secretas y que fueron publicadas por diversos medios. A diferencia de la querella de Sánchez, la de Gómez sí podría provocar que el juez terminara apartado si se iniciara una instrucción contra él, ya que esta última sí es parte en el procedimiento, a diferencia de su marido.
Ambas querellas, como la que también ha presentado el periodista Máximo Pradera, contra el juez, recaerán en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que decidir si las admite o no a trámite. Se trata de los mismos magistrados que avalaron la investigación contra varios miembros del Ministerio Público y que ha terminado con la elevación al Tribunal Supremo del caso, al hallar indicios de criminalidad contra el fiscal general del Estado (aforado a ese órgano) en otra actuación judicial insólita.
La causa contra el fiscal del defraudador confeso Amador
El Rey en el centro de la mesa. A su lado, el ministro de Justicia y, al lado de este, el fiscal general del Estado. Cuando el 5 de septiembre se dé solemne apertura al nuevo año judicial, es posible que Álvaro García Ortiz se encuentre imputado por revelación de secretos. Sería la primera vez que se produce esa escena: el director de política criminal del Estado, el máximo exponente del organismo que persigue los delitos, investigado por el Tribunal Supremo.
Pero, si la escena es inaudita, más aún lo son los motivos. La fiscalía de Madrid, a instancias del fiscal general, desmintió una noticia falsa publicada por la prensa conservadora. Algunos de estos medios aseguraron que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, en la causa abierta contra este por fraude fiscal y facturas falsas. Las noticias aseguraban que el Ministerio Público, por orden de sus superiores, había retirado la oferta.
Lo que hizo García Ortiz, y que ahora le puede costar la pena de banquillo, fue ordenar a sus subordinados que aclararan, a través de una nota de prensa, que había sido el propio González Amador el que se había ofrecido a la fiscalía para confesar ante el juez dos delitos fiscales a cambio de pagar 500.000 euros entre dinero defraudado, sanciones e intereses y así evitar la pena de prisión que implicaban las acciones ilícitas del compañero de la presidenta madrileña del PP.
El caso sorprende porque, a lo largo de las últimas décadas, la fiscalía ha enviado cientos de notas, aclaraciones y desmentidos sobre los procesos que actúa, tal y como le obliga la ley. Pero además, su oficina de prensa traslada a los medios escritos enteros con muchos más datos personales -fiscales, de propiedades, de cuentas bancarias...- que el comunicado sobre el caso del novio de Ayuso. El propio fiscal general ha asumido desde el principio toda la responsabilidad sobre los hechos investigados asegurando que él mismo los ordenó para cumplir con su información de transmitir información veraz.
La comunicación solo recogía el nombre del investigado y el hecho de que hubiera reconocido dos delitos fiscales. Ni cuota defraudada, ni sanción, ni ningún otro dato sensible. Su trascendencia contrasta, por ejemplo, con la falta de reproche que tuvo la distribución a la prensa de la querella, por ejemplo, del caso Koldo, que afecta al PSOE. En ella aparecían los nombres, las denominaciones de las empresas implicadas, las cantidades supuestamente defraudadas, las conductas de cada uno, correos electrónicos intercambiados, datos fiscales concretos... No mereció ni un reproche.
Más allá del dudoso recorrido que el Supremo decida dar a la causa contra García Ortiz, su trascendencia política ya está clara. El PP lo ha puesto en la diana y exige que se vaya. En una de las últimas sesiones de control en el Congreso, celebrada hace un mes, el líder de ese partido, Alberto Núñez Feijoo dijo a Sánchez: "Pido al fiscal general que dimita por sus escándalos, sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia", en referencia a su petición reiterada de archivo del caso abierto contra Begoña Gómez. El jefe de la fiscalía, sin embargo, se toma la investigación contra él como una presión más sobre su cargo y, por ello, ha anunciado que no dimitirá.
El bloqueo de la ley de amnistía
El PP ganó las elecciones del 23 de junio de 2023. Pero no el Gobierno. Porque ningún partido del arco parlamentario salvo Vox (y Unión del Pueblo Navarro, un diputado), quiso pactar con él. Pedro Sánchez resultó investido el 16 de noviembre con los votos de Sumar y todos los partidos nacionalistas e independentistas, los de mayor peso los catalanes, que pusieron como condición al apoyo al líder del PSOE la aprobación de una ley de amnistía para todos los condenados o procesados por el procés. La exigencia llegaba después de grandes guiños del anterior Gobierno socialista a estas formaciones, como el indulto a los principales líderes soberanistas en 2021 y la eliminación del Código Penal del delito de sedición en 2022, por el que fueron condenados los miembros del Gobierno catalán que organizaron el referéndum independentista y que supuso su salida de prisión.
El malestar de los jueces -un estamento tradicionalmente escorado a la derecha- se desató antes incluso de que Sánchez saliera reelegido y a siete meses de que la norma fuera aprobada. El 2 de noviembre, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura difundió un comunicado en el que advertía que la medida de gracia suponía "el principio del fin de la democracia", una medida que "vuela por los aires el Estado de derecho", "quiebra la separación de poderes" y "deslegitima al Poder Legislativo", como si la mayoría parlamentaria que terminó aprobándola no hubiera sido elegida por los españoles. Cuatro días después, un Consejo del Poder Judicial cuya renovación mantenía bloqueada el PP desde hacía cinco años, aprobó una declaración sacada adelante únicamente por los vocales propuestos por ese partido en la que se mantenía que la entonces futura ley suponía "un objeto de mercadeo personal al servicio del interés personal" del presidente del Gobierno.
Esas posiciones de principios, tras la aprobación de la ley, se han visto trasladadas a su aplicación en los tribunales más importantes. Mientras que muchos juzgados de lo Penal y audiencias provinciales han aplicado la norma sin ningún problema, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal de Cuentas han decidido plantear cuestiones de constitucionalidad ante el TC o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o ambas), lo que paralizará la aplicación de la norma en los casos en los que son competentes. Y son los más trascendentes, porque su resultado es que los principales dirigentes siguen procesados o condenados, entre ellos los huidos de la justicia española, el expresidente Carles Puigdemont y los consejeros Toni Comín y Lluís Puig, que no podrán, por el momento, volver a España sin correr el riesgo de ser detenidos. También sigue viva la causa por terrorismo de los Comités de Defensa de la República (en la AN) y la relativa a la financiación del referéndum (Tribunal de Cuentas).
La previsión es que, durante este mes o en el siguiente, el conflicto se traslade al Tribunal Constitucional que, antes de que lleguen las cuestiones de inconstitucionalidad ya planteadas, tendrá que estudiar los recursos de amparo que, previsiblemente, esos dirigentes presentarán contra la decisión del Supremo de no amnistiarlos. Un escenario probable es que los afectados reclamen al máximo intérprete de la Constitución, como medida cautelar, que se inaplique la decisión del Supremo. Puigdemont, que salió elegido en los pasados comicios catalanes, ya ha anunciado que piensa estar presente en la sesión de investidura de nuevo president. Mientras, el presidente del PP, partido que ha votado a ocho de los 12 magistrados de ese órgano, se ha lanzado a deslegitimarlo por su mayoría progresita pese a que, hasta hace apenas año y medio, eran los vocales designados por su formación los que lo dominaban.
