En agosto de 2014 Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley contra los piropos. La norma contempla multas de 50 a 1.000 euros y penas de hasta un año de prisión y se creó para ampliar la que se conoce como Ley Género, vigente desde 2007 y encargada de perseguir la incitación a la discriminación, a la violencia y al odio por razón de sexo. La norma fue una promesa cumplida de la entonces ministra de Interior e Igualdad de Oportunidades, Joëlle Milquet, hecha tras ver Femme de la Rue, un vídeo de Sophie Peeters, una estudiante que en 2012 grabó un paseo por las calles de Bruselas en el que podían oírse los comentarios hechos por los hombres a su paso.
En su fase de elaboración, algunos juristas belgas se pusieron en contra al considerar que la nueva ley podía atentar contra la libertad de expresión. "El derecho a la libertad de expresión no ampara el sexismo, como tampoco ampara el racismo", opina Encarna Bodelón, profesora de Filosofía del Derecho en la Universitat Autònoma de Barcelona y directora del Grupo de Investigación Antígona en relación a una ley que no persigue el halago, sino las conductas sexistas.
"Todo gesto o comportamiento que tengan la clara intención de expresar desprecio hacia una persona por razón de su sexo, de considerarla inferior o de reducirla a su dimensión sexual y que comporte un grave daño a su integridad". Este es el texto legal que ha hecho posible que en Bruselas se hayan denunciado 85 casos y se hayan impuesto 22 denuncias tras un año de entrada en vigor de la ley.
Para algunos sectores, entre los que se encuentran los mismos juristas que criticaron su aprobación y el Partido Libertario, los casos son pocos y no justifican una ley. Piden que se retire porque, además de atentar contra la libertad de expresión, creen que ha resultado poco efectiva. En la entidad Vie Féminine no comparten esta opinión y afirman que la validez de una ley no se puede medir cuantitativamente, que aún hay muchas mujeres que no la conocen y que aunque sean pocas las que aún denuncian debe existir para protegerlas y para darle visibilidad a un problema que ocurre en todo el mundo.
A pesar de haberle salido algunos detractores, la ley belga se ha convertido en un referente para otros países que en este año han avanzado mucho en la elaboración de sus propias normas. El interés ha venido, sobre todo, de países suramericanos. De Perú, por ejemplo, donde en marzo se aprobó la ley contra el acoso callejero que, como la ley belga, contempla sanciones económicas y penales. Panamá es otro ejemplo. Allí, la diputada Ana Matilde Gómez es la cabeza visible del equipo que ha elaborado un anteproyecto de ley que persigue castigar el acoso callejero aunque en este caso se trata de una ley más amplia que busca legislar sobre aspectos de acoso laboral, sin tipificar todavía en Panamá.
En Argentina, el Congreso estudia un proyecto de ley que no contempla penas de prisión pero sí multas y formación en los colegios. La impulsora es Victoria Donda, diputada por el Frente Amplio Progresista. "En los fundamentos de nuestro proyecto aclaramos que combatir el acoso callejero plantea la necesidad de un cambio cultural transversal, hecho que no logra por sí misma una ley o un proyecto", ha explicado la diputada a la revista Contexto.
Donda considera que la ley no va a eliminar la cultura del piropo pero sí va a darle al tema otra visibilidad.
¿Y qué pasa en España? La única rendija que hay en nuestro país para perseguir el acoso puntual se abre en la tan comentada ley mordaza y lo hace tras tipificarse por primera vez el stalking en el Código Penal. La criminóloga Nabila E. Zbairi acaba de presentar una tesina sobre un delito que se ha traducido como acecho o acoso predatorio: "Se ha recogido como un delito contra la libertad de obrar porque se inmiscuye en la vida privada de la víctima y atenta contra su sentimiento de seguridad. El acosador puede ser un conocido o un desconocido pero en ningún caso puede ser un acto puntual, tiene que ser continuado." El caso más ilustrativo es el de la ex pareja que acosa y presiona al otro para que vuelva y la ranura por la que un comentario sexista o grosero puntual podría colarse en un caso de stalking es porque además de condenar el acecho predatorio en su conjunto, el Código Penal da la posibilidad al juez de castigar también actos concretos por separado. "Pero quedaría siempre a criterio del magistrado", apunta la criminóloga.
Hasta aquí lo que la justicia da de sí en España con este asunto. Pero, ¿hay presión para legislar? "Creo que aquí no se han dado pasos para legislar porque el tema no ha saltado aún a los medios como en otros lugares y las entidades que trabajan en ello no han encontrado el respaldo suficiente para hacerse un hueco en la agenda política", opina Zbairi. Es evidente que el papel de los medios no es menor: la ley belga empieza a gestarse tras la emisión del vídeo de Sophie Peteers en televisión.
A pesar de esa falta de eco mediático, asociaciones de mujeres españolas han reclamado en más de una ocasión que se regule este tipo de hostigamiento, que no el halago, pero nunca ha habido por parte de los distintos gobiernos una intención clara de legislar en este sentido. La vez que han estado más cerca de conseguirlo fue siendo ministra de Igualdad Bibiana Aído, quien amagó con crear un protocolo sancionador para evitar los comentarios sexistas hechos de manera puntual y en la calle.
La lucha contra el acoso callejero ha sido una reivindicación englobada en causas mayores por los grupos feministas desde los años 60 pero fue a principios de la década de 2000 cuando este tipo de hostigamiento se empezó a tratar de manera separada. El movimiento lo inició y lo sigue con fuerza Hollaback!, entidad que aparece en EEUU en 2005 y que busca acabar con los comentarios o los ofrecimientos sexuales hechos a mujeres por la calle.
Las cifras que facilita Hollaback! hablan de que ocho de cada diez mujeres en el mundo ha sufrido alguna vez un comentario por la calle que la he hecho sentirse insegura. La entidad que tiene muy clara la distinción entre un piropo y una actitud acosadora: "Si lo sientes como tal, es acoso", rezan sus webs y sus comunicaciones. Pero en otras entidades consideran necesario ser más precisos.
Dejar claro que lo que se pretende evitar es que las mujeres se sientan violentadas en el espacio público también fue importante para quienes elaboraron la ley belga que, sabedores de lo subjetivo que es el término "seguridad", no permiten a la justicia actuar de oficio en estos casos. La víctima tiene que denunciar si siente que su dignidad ha sido menoscabada pero quedará en manos de un juez determinar si el acosador ha mermado su dignidad o su seguridad en la vía pública. Pero para Vie Féminine muchas mujeres no se atreven a denunciar porque se sienten desprotegidas, postura que ratifican las últimas declaraciones de la policía de Charleroi. Allí, en la mayor ciudad de la región de Valonia, las fuerzas de seguridad reconocían hace poco ante la televisión pública que les falta formación para determinar si algunos comportamientos son constitutivos de delito o sólo una molestia.
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"Las mujeres no somos víctimas por defecto pero el entorno social y cultural influye mucho en nuestro sentimiento de seguridad", opina Nabila Zbairi, algo con lo que está de acuerdo la diputada Victoria Donda: "En Argentina, desde niñas debemos soportar diariamente un sinfín de groserías, frases que hieren la dignidad y el respeto y que son en extremo violentas." Para conseguirlo, todas las entrevistadas creen que legislar puede servir para concienciar a la sociedad pero también a los gobernantes.
En Bélgica está por ver si el nuevo Gobierno de Charles Michel, formado por hasta cuatro formaciones distintas de centroderecha, reformará esta ley contra el acoso callejero, la eliminará o decidirá dejarla como está. De momento, lo que con el Ejecutivo del socialista Elio di Rupo era un Ministerio de Interior y de Igualdad de Oportunidades, ahora se ha reducido a una Secretaría de Estado. Su titular, Elke Sleurs, no ha contestado a las preguntas de Contexto sobre los planes que tiene para una ley que también está recibiendo ataques por la izquierda por considerar que ataca los síntomas pero no las causas del acoso. Ante los medios belgas, Sleurs ha comentado su intención de mejorar la Ley Género en su conjunto aprobando normas que garanticen la igualdad de oportunidades. Sin embargo, nada ha dicho sobre una ley anti-piropos pionera en el mundo pero tachada de ineficaz y con detractores también dentro de su propio Gobierno.
En agosto de 2014 Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley contra los piropos. La norma contempla multas de 50 a 1.000 euros y penas de hasta un año de prisión y se creó para ampliar la que se conoce como Ley Género, vigente desde 2007 y encargada de perseguir la incitación a la discriminación, a la violencia y al odio por razón de sexo. La norma fue una promesa cumplida de la entonces ministra de Interior e Igualdad de Oportunidades, Joëlle Milquet, hecha tras ver Femme de la Rue, un vídeo de Sophie Peeters, una estudiante que en 2012 grabó un paseo por las calles de Bruselas en el que podían oírse los comentarios hechos por los hombres a su paso.