Los buenos augurios con respecto a la pandemia en 2021 han tardado menos de un mes en disiparse. Faltan vacunas. AstraZeneca, farmacéutica británica, ha comunicado que no otorgará a la Unión Europea las vacunas previstas y su brazo ejecutivo, la Comisión Europea, la acusa de incumplir lo pactado y presiona para obtener las 100 millones de dosis en teoría firmadas para el primer trimestre del año, en vez de 20. Hay muy pocas certezas sobre lo que está pasando. Los contratos son secretos. Pero fuentes dentro de las negociaciones apuntan a que la empresa podría haber priorizado a Reino Unido en el reparto, porque en su acuerdo existía esa obligación; mientras que en el rubricado con el club comunitario solo se comprometieron a hacer "el mayor esfuerzo posible".
Otras voces apuntan a que Israel, con ritmo de velocista en su vacunación, podría haber comprado el producto a un precio mucho mayor, por lo que la producción destinada al país sería prioritaria. Los críticos con el papel de las farmacéuticas en la salud pública aseguran que la UE y, en general, los países desarrollados están pagando ahora la manga ancha de décadas sobre las prácticas del sector: acostumbrado a la total opacidad en su labor comercial, a priorizar sus beneficios privados por encima de la salud pública y a pelear con uñas y dientes por el derecho a explotar durante años sus productos gracias al sistema de patentes, aunque miles de personas mueran cada día de enfermedades evitables.
Es muy difícil sacar conclusiones sobre quién tiene razón o lleva las de ganar en la guerra abierta entre AstraZeneca y la Unión Europea. No conocemos los contratos. Los europarlamentarios están autorizados a consultarlos sin poder llevar ningún dispositivo móvil que tome fotos ni ningún mecanismo más analógico para tomar notas. Sabemos que los precios no son desorbitados por una filtración accidental de un miembro del Gobierno belga en Twitter. Si la documentación desvelada es verídica, la de AstraZeneca es de las vacunas más baratas, al menos según el precio que ha pagado el club comunitario: 1,78 euros por dosis, frente a los 18 euros de Moderna. No conocemos, sin embargo, si es un precio justo, adecuado a los costes de producción o al dinero invertido en la innovación requerida. Es información confidencial y así lo lleva siendo décadas. ¿Debe seguir siéndolo? Los ciudadanos europeos, con sus impuestos, han sufragado el producto de la big pharma británica con 336 millones de euros por adelantado. Aproximadamente, uno de cada seis euros utilizados por la compañía provienen de pagos de Gobiernos. Otras, como la de Moderna, han sido financiadas casi completamente por Estados Unidos. "Deberíamos exigir ese retorno en forma de transparencia. Estamos hablando de dinero público. Es más importante ahora que nunca", asegura Eva Iraizoz, de Salud por Derecho.
Bruselas, por la confidencialidad firmada, no puede hacer público su contrato con AstraZeneca. Los ciudadanos europeos no podemos saber, por tanto, si han negociado bien o mal, si el acuerdo es justo. Pero, por el mismo motivo, la Comisión Europea tampoco puede saber qué están pagando Reino Unido, Israel u otro país. Y les encantaría saberlo. "Lo llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. En este caso, vemos muy claramente cómo guardar esa opacidad no hace sino poner palos en la rueda a la hora de luchar contra una pandemia. Estamos conociendo o, más bien, no conociendo ningún aspecto clave: el precio, cuántas dosis se han comprometido, quién es el responsable ante efectos adversos, los plazos acordados para la distribución", denuncia Iraizoz. Coincide la responsable de Relaciones Externas de Médicos sin Fronteras España, Raquel González: esto no es nuevo. "Se ha puesto el foco ahora en la poca transparencia, pero esto es lo normal, lo habitual".
La activista se centra en la imposibilidad de saber si las farmacéuticas ofertan sus productos a un precio justo, basado en los costes que tienen y con un margen de beneficio razonable, o si se aprovechan de su monopolio, garantizado por patentes que duran décadas, para inflar lo que los Gobiernos pagan para adquirir medicamentos o vacunas. Las farmacéuticas –y los analistas que defienden las reglas del mercado– argumentan que gracias a esta confidencialidad pueden ofrecer precios más bajos a países más pobres o en vías de desarrollo. Si no fuera secreto, dicen, los países ricos presionarían para obtener las mismas rebajas. Sin embargo, Médicos sin Fronteras y Salud Por Derecho contraatacan asegurando que si los poderes públicos garantizan que todo se vende a un precio justo a todo el mundo no hace falta regatear, y evitaríamos abusos comerciales. "un ejemplo lo vimos en Europa con la hepatitis C. La farmacéutica que tenía la patente del remedio era la que decidía a qué precio se vendía a cada país. Francia pagó 60.000 euros por cada dosis, España 20.000", recuerda González. Insiste: "Esto no es nuevo".
¿Y qué hacemos?
En todo caso, no se trata de una carencia que se solucione de un día para otro. Pero la Unión Europea necesita, a corto plazo, una solución a la carencia de vacunas para inmunizar a su población tal y como prometieron los gobernantes de los Estados miembro. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé que el 70% de los españoles estará vacunado en verano, una estimación que cada día que pasa parece más irreal. Los implicados en la negociación con AstraZeneca están valorando varios planes B por si el diálogo no sirve. La Comisión Europea estudia desde bloquear sus exportaciones a otros países hasta, asegura la Cadena Ser, invocar el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite obligar a AstraZeneca a liberar la patente de su vacuna.
Y aquí viene la segunda ironía: la Unión Europea se opuso, junto al resto de países del considerado mundo desarrollado, a suprimir las patentes de los productos médicos relacionados con la lucha contra el covid-19. Fue una petición de India y Sudáfrica dentro del seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se volverá a debatir en la sesión del próximo 4 de febrero, con pocas esperanzas de llegar a un acuerdo. Si se aprueba, cada país de la OMC podría decidir por su cuenta si sigue respetando las patentes... o si se las salta. Es una medida "radical, en el mejor sentido de la palabra", considera González, pero necesaria: tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales, opina. "Este momento no necesita las medidas que rigen el comercio de manera habitual. Necesitan fórmulas nuevas, con toda la dificultad que entrañen", asegura.
Otra opción, a diferencia de la planteada en el seno de la OMC, está contemplada en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, también en el español. Los Gobiernos pueden, por su propia cuenta y riesgo, obligar a cualquier empresa a la licencia obligatoria de su patente: es decir, venderla a otra compañía para que desarrollen su producto. Siempre que recurran circunstancias de especial necesidad, claro. Así reza la Ley de Patentes de 2015: el Ejecutivo, previo informe positivo de Industria y Sanidad, podrá tomar prestada la patente de cualquier empresa siempre que "la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública" o "la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país". Parece escrita para la situación actual.
Sin embargo, el abogado especializado en propiedad intelectual Ceyhun Pehlivan, de la firma Linklaters, cree que, aunque la norma es clara, ponerla en práctica es muy inusual y muy difícil. Aunque hay casos registrados durante la pandemia: Israel obligó a licenciar la patente de un medicamento contra el covid y Países Bajos mantuvo un pulso, en medio de una fuerte movilización social, contra una farmacéutica que se negaba a liberar los derechos sobre un componente de los test de antígenos. Las empresas defienden las patentes como la única manera de garantizar la innovación: si una compañía privada no tiene la seguridad de que va a poder lucrarse con los resultados de sus experimentos, no los haría. Es un incentivo para arriesgar. "Si no garantizas esa posibilidad, nadie va a invertir cientos de millones de euros", explica el letrado, que cree que este tipo de operaciones "no son la solución". Tampoco en el grave contexto actual.
"Es una herramienta que nunca se ha activado en la historia de España, tampoco en muchos países. No tenemos jurisprudencia", advierte. "Es el último recurso", considera Pehlivan, por el mensaje a la iniciativa privada que lanza el país que se atreva a ejecutar esta opción: las empresas temerán que el Gobierno pueda en el futuro volver a "jugar sucio" y negar el derecho al pingüe beneficio tras haberse gastado millones en I+D. El abogado cree que el camino es la licencia voluntaria. Que las farmacéuticas, libremente, decidan ceder su patente a otra empresa para que desarrolle su producto. A cambio de una buena compensación económica, no por amor al arte. Es lo que ha hecho Pfizer con la francesa Sanofi. En todo caso, sean obligadas por las instituciones o ejerciendo su libertad de empresa, el experto avisa: "Sanofi tiene medios para poder fabricar esta vacuna. En España a quién le vas a dar esta licencia? No es tan fácil".
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A largo plazo, el camino que, opinan muchos expertos, deben seguir los Gobiernos es tan simple –y tan difícil– como no dar dinero a cambio de nada. La intervención pública en el modelo farmacéutico debe ser completa y orientada a favorecer los objetivos de una Salud Pública universal y justa. Así lo considera el último informe sobre "la vacuna del pueblo" (the people's vaccine) elaborado sobre uno de los think tanks que más ha pensado y escrito sobre los abusos de poder de las farmacéuticas: el Instituto por la Innovación y el Propósito Público. Pide que los Estados "se involucren directamente en la coordinación y ejecución de los proyectos, de actividades en el ámbito de la innovación farmacéutica, para mantener un nivel suficiente de control que pueda garantizar el suministro y la disponibilidad, así como la dirección de esta innovación: es decir, que se desarrollen productos óptimos según las necesidades del sistema sanitario".
Ya no es por el tercer mundo: la Unión Europea, tras años rechazando opciones para universalizar el acceso a medicamentos y vacunas, sufre las consecuencias de la opacidad y las patentes sobre un bien tan preciado. Las sufrirá aún más si permite, en el futuro, que el virus circule a sus anchas por los países del Sur Global mientras sus ciudadanos disfrutan de la inmunidad. Las epidemias no funcionan así, nadie está a salvo si no estamos a salvo. Ese es el camino que, por ahora, está siguiendo el mundo: la mayoría de los Estados menos desarrollados recibirán la vacuna entre 2022 y 2023, según diversas estimaciones. En África se han vacunado ya 24 personas. Y más allá de la profunda injusticia, del fracaso colectivo señalado por la Organización Mundial de la Salud, el virus puede mutar en estos países con alta transmisión para hacerse resistente a la vacuna, volver al Norte global y obligarles a volver a empezar. Las herramientas para la solidaridad, como el fondo Covax, "son un parche", a juicio de Médicos Sin Fronteras.
La mutación es posible, pero aún falta evidencia para asegurar que sea probable. Pero González advierte: si la pandemia no se erradica en todo el mundo, los países desarrollados sufrirán las consecuencias también de otra manera. "¿Cómo serían las relaciones comerciales en un mundo así? Tendría un impacto directo en la economía mundial. Mucha de la producción viene de lo que denominamos países del sur. Tiene unas implicaciones enormes. Desde el punto de vista de la salud pública, es evidente. Pero desde el punto de vista económico. también".