La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
Fuentes del ministerio público consultadas por infoLibre remarcaron que la decisión se ha adoptado con el pleno acuerdo de la fiscal general de Estado, Dolores Delgado. Las diligencias llegan así a la Fiscalía del alto tribunal, único con potestad para investigar a Juan Carlos de Borbón dado su aforamiento, antes de que España haya recibido la comisión rogatoria cursada a Suiza. La Fiscalía de Ginebra, que investiga desde 2018 el caso, ya ha dejado al descubierto el vínculo del padre de Felipe VI con una fundación opaca panameña, Lucum, de la que sería beneficiario último.
Por esa fundación y por otra ubicada en Liechtenstein pasó una cantidad cercana a los 100 millones de euros. Tanto juristas como distintos expertos en la lucha contra la corrupción sostienen que, aunque Juan Carlos I fuese inimputable por actos fechados antes de su abdicación -junio de 2014-, sí puede ser investigado por dos delitos que supuestamente hubieran sido perpetrados después: blanqueo de capitales y delito fiscal por no tributar en España por bienes localizados en el extranjero.
En una nota remita este lunes, la Fiscalía General del Estado explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
"Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien –como es sabido– se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", señala el Ministerio Público.
El pasado día 5 de junio la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado dictó un decreto en el que designa para esta investigación al Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos Campos, de quien la nota de la Fiscalía señala que "pertenece a la más alta categoría de la carrera fiscal y reúne una extraordinaria cualificación y experiencia". Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación.
Esperando aún la comisión rogatoria
Las finanzas del rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por pandemia de covid-19, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual. Fue la apertura de la pieza 5 del caso Tándem o caso Villarejo en el verano de 2018 la que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o la existencia de testaferros tras la difusión de una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la examiga de Don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
En esa charla, grabada en Londres, ella afirmaba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas. La pieza 5, conocida como Carol, se cerró provisionalmente en la Audiencia Nacional sólo dos meses después debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de la que gozaba Don Juan Carlos en el momento de los hechos por ser jefe del Estado. Desde que abdicó en Felipe VI, el exmonarca es aforado ante el Tribunal Supremo.
A pesar del archivo de esta pieza, el juzgado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con "otros documentos hallados" durante la instrucción judicial.
Villar Mir: “Mi relación con don Juan Carlos ha sido siempre la que correspondía al encuentro correcto de un jefe del Estado con un ciudadano honrado y trabajador”
El Ministerio Público abrió entonces diligencias secretas, que se encargaron a un fiscal diferente a los titulares del caso Tándem, por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. Se trataba de una fase de investigación previa en el departamento dirigido por el fiscal Alejandro Luzón, si bien a la vista de que los hechos pueden acabar implicando a un periodo de la vida de Juan Carlos I en la que éste no goza de inviolabilidad penal, se ha optado por remitirlo a la Fiscalía del Supremo, órgano que sería el competente en investigarle si se apreciaran indicios y el caso terminara judicializándose..
En el marco de estas actuaciones, el encargado del caso ha interrogado a Shahpari Zanganeh, la esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi, por ser la supuesta encargada del reparto de comisiones en la operación de adjudicación del AVE, así como a la propia Corinna, en calidad de testigo, en septiembre de 2019. En esa ocasión, la empresaria alemana puso en conocimiento de los investigadores españoles, según explicó su abogado, "los hechos limitados de los que tiene algún conocimiento", pues asegura que apenas tiene datos y que lo que sabe llegó a ella a través de terceros, pues no participó en la operación.
La empresaria ha reconocido, a través de un comunicado enviado por sus abogados, esa transferencia, pero la enmarca en una donación del Rey emérito en el año 2012 como "regalo no solicitado" para ella y su hijo por el "cariño" que les tenía. Así, la desvincula de las supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, pues insiste en que no participó en los acuerdos que llevaron a este contrato.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.