Anticorrupción confirma que el hermano de Ayuso obtuvo 234.000 euros de “comisión comercial” pero no ve “ilegalidad alguna”

La Fiscalía Anticorrupción da carpetazo a la investigación abierta por el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas del que se benefició económicamente Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en los momentos más duros de la primera ola. El Ministerio Público ha acordado este mismo jueves archivar las diligencias abiertas alrededor de esta operación al considerar que el "análisis" del caso "no permite concretar ilegalidad alguna". Unas pesquisas que, entre otras cosas, sí han terminado por confirmar que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró en concepto de "comisión comercial" más de 234.000 euros de Priviet Sportive SL, la firma de un empresario amigo de la familia –Daniel Alcázar– que se hizo con la licitación bajo la lupa. Y que colaboró con la empresa en media docena de ofertas de material sanitario presentadas ante la Comunidad de Madrid.

Uno de los aspectos a aclarar en este caso, que terminó por desatar la gran guerra interna en la cúpula del PP, eran la cuantía y el concepto por el que había cobrado Tomás Díaz Ayuso de Priviet Sportive. Sobre todo, después de que algunos anónimos llegados a Más Madrid (y al expresidente popular Pablo Casado) apuntasen a un intento de tapar una supuesta intermediación del hermano de la presidenta regional con facturas falsas. La líder del Ejecutivo autonómico lo negó categóricamente en todo momento. E, incluso, emitió un comunicado en el que aseguraba que lo que la firma de Alcázar había pagado a su hermano no era "una comisión por obtener el contrato", sino "el cobro de las gestiones realizadas" para conseguir el material sanitario en China y traerlo a España.

Por aquel entonces, desde Génova se dejaba caer que el hermano de la presidenta se había embolsado en aquella operación 283.000 euros, una cifra que la presidenta siempre redujo a 55.850 euros, más el IVA. Ahora, Anticorrupción pone las cifras sobre la mesa. En el decreto firmado por el fiscal jefe, Alejandro Luzón, se recoge que Tomás Díaz Ayuso emitió cuatro facturas a Priviet Sportive por un total de 234.103,52 euros, un dinero que llegó entre el 7 y el 14 de julio de 2020 a su cuenta bancaria. En todas ellas figuraba como concepto "comisión comercial".

Un bonus "pactado" del 4%

Una parte, relativa a 175.000 euros, corresponde a los trabajos que realizó para la empresa adjudicataria "en relación con distintas ofertas, entre ellas la analizada", mientras que los 59.203,52 euros restantes se corresponden con "el bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid" –alrededor del 4%–. "Por lo que se refiere a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento seguido debe calificarse de transparente: Tomás Díaz Ayuso, en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real; Priviet transfiere el importe a la cuenta de Díaz Ayuso y ambos cumplen con sus obligaciones tributarias", concluye Luzón al respecto.

En el decreto, el Ministerio Público comienza analizando la experiencia del hermano de la presidenta y la empresa adjudicataria. Sobre el primero, señala que venía trabajando en el mercado sanitario "desde finales del siglo pasado", ya fuera por cuenta ajena en diferentes mercantiles –MC Infortécnica, Pulsion Medical System Iberica o Gala Medica– o, más tarde, en régimen de autónomo para firmas del sector médico como Cardiac Science, Airis o Ibersurgical. En cuanto a Priviet Sportive, venía dedicándose desde hace tiempo "al comercio al por mayor de prendas de vestir", importando habitualmente tejidos, etiquetas y distintas prendas del mercado asiático. Sin embargo, recoge el fiscal, la pandemia y la declaración del estado de alarma sumió a la compañía "en una complicada situación económica".

Consciente de la "creciente demanda" de material sanitario en los momentos más negros de la pandemia y de la "difícil" situación que estaba atravesando Priviet, el hermano de la presidenta regional propuso a Alcázar "una oportunidad de negocio". Lo hizo, en parte, por la "relación de amistad" que le unía con el propietario de la firma textil, un vínculo que también le une a la líder del Ejecutivo autonómico pero que, en este caso, el Ministerio Público obvia. En concreto, Tomás Díaz Ayuso propone que la compañía aproveche "su experiencia y capacidad logística y financiera" para importar del mercado asiático mientras él aporta "al proceso comercial" su "conocimiento" del mercado sanitario, de los proveedores y de "clientes potenciales". Ambos acordaron una remuneración fija de 175.000 euros y un bonus a determinar por operación que no podía superar el 7%.

Seis ofertas en las que "colaboró"

Así, el 10 de marzo, pocas horas antes de que la OMS declare la pandemia mundial, Ayuso presenta a la compañía de su amigo un informe: "Documento elaborado para la introducción de la empresa Priviet Sportive SL en el mercado sanitario". Aquel texto, de 37 páginas, detallaba los diferentes productos susceptibles de oferta, las especificaciones técnicas o las normas que debían cumplir. Además, examinaba las compañías y empresarios que "podrían encargarse de fabricar cada uno de estos productos" e incluía, en uno de sus anexos, una lista de hasta catorce "clientes potenciales". Entre ellos, la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León. En estos dos casos, se indicaba que las gestiones deberían hacerse a través del portal de contratación, algo que contrasta, a ojos de Anticorrupción, con otros de quienes sí se facilitaban "más datos".

Trece días más tarde, la compañía empezó a ofrecer a la Administración madrileña material sanitario. Cuajó la de la adquisición de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros. Anticorrupción sostiene que Díaz Ayuso participó "en la preparación" de las ofertas. Sin embargo, resalta que "no tuvo intervención en el procedimiento seguido" en la Subdirección General de Contratación. "No fue él quien contactó, sino Priviet", resalta el decreto. En este sentido, la Fiscalía considera "significativo" que en los correos que la empresa mandaba a la Administración el hermano de la presidenta "figurara en copia oculta". Por eso, concluye, "su intervención en la operación" fue "desconocida por los funcionarios tramitadores de esta".

A ojos del fiscal, la investigación practicada no ha puesto de relieve "elemento indiciario alguno" que haga pensar que Díaz Ayuso "llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones" ante la Comunidad de Madrid "tendente a conseguir" un "trato de favor" para la empresa, ni siquiera que aportara a la firma "algún contacto con funcionarios públicos". De hecho, considera "expresivo" que solo se aceptase una de las ofertas en las que "colaboró" el hermano de la presidenta, la que ha estado bajo la lupa del Ministerio Público.

Porque en aquellos meses Priviet hizo seis propuestas a la Administración regional. Además de las 250.000 mascarillas compradas, ofrecieron también otras dos partidas de 150.000 y 500.000 cubrebocas y otras tres de batas –50.000, 100.000 y 150.000 unidades–, estas últimas rechazadas por considerar "excesivo" el precio y por "negarse a adelantar" parte del pago.

Mascarillas vendidas por el triple del coste

En el caso del contrato investigado, Anticorrupción considera que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) intentó adquirir el mayor número de mascarillas posibles "dentro de unos márgenes que comprendían un amplio rango de precios". Para llegar a esta conclusión la Fiscalía analizó una muestra de 37 contratos, siendo el de Priviet el cuarto con mayor precio por unidad.

Los cubrebocas, según se expone en el decreto de archivo, fueron comprados a la sociedad K Beauty & Media, con quien Alcázar ya había mantenido relaciones comerciales. La empresa coreana recibía de Priviet la "documentación con las especificaciones técnicas requeridas de los productos sanitarios" y las remitía a los "potenciales fabricantes chinos". Luego, las ofertas que recibía las hacía llegar a la firma española. Por este procedimiento, se aceptaron primero las mascarillas de Jiaxing Yinou. Sin embargo, el material que recibió finalmente la Comunidad de Madrid fue de una segunda compañía "cuya documentación ofrecía más garantías de fiabilidad". Esa sociedad, como publicó infoLibre, era Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co.

La firma coreana cobró por tres grandes envíos de mascarillas para la empresa española. De ellos, según detalla la Fiscalía, uno no se correspondía con el material contratado por la Comunidad de Madrid. Por los otros dos, Priviet pagó 457.289,19 euros.

No fue el único gasto que tuvieron que asumir de cara a la operación. La sociedad de Alcázar también abonó 76.871,13 euros por el transporte aéreo de los cubrebocas, del que se encargó CIE Transport Service LTD, lo que despeja las sospechas de la oposición de que la carga hubiese podido llegar en los vuelos sanitarios pagados por el Ejecutivo regional. Y pagó 6.501,24 euros a la compañía que se hizo cargo de la entrega en el pabellón décimo de Ifema. Es decir, que Priviet habría invertido 540.661 euros por adquirir, traer y colocar unas mascarillas por las que luego cobró 1,5 millones de euros, tres veces más.

Ni presencia en la sociedad ni relación con el órgano de contratación

El fiscal jefe de Anticorrupción también analiza en su escrito el papel de la presidenta madrileña en el procedimiento de contratación. Y lo hace sobre tres ejes. En primer lugar, sobre el denunciado tráfico de influencias, Luzón sostiene que las declaraciones prestadas por todos los testigos que han intervenido en la tramitación del expediente han asegurado "no haber recibido indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación o por la empresa Priviet". "No consta intervención directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna", recoge el decreto de archivo.

Retrato robot del intermediario perfecto: del primo de Almeida al hermano de Ayuso

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Tras esto, analiza la posible prohibición para contratar con esta compañía debido a la intervención de su hermano. En este sentido, pone sobre la mesa la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha norma prohíbe contratar a aquellas empresas cuyo administrador o accionista sea un familiar de altos cargos "cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación". Por eso, el fiscal sentencia que aunque Tomás Díaz Ayuso haya tenido una relación comercial con Priviet y haya percibido una comisión por ello, "para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición" el hermano de la presidenta "tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad de Madrid ni su Consejo de Gobierno".

Del mismo modo, el fiscal descarta el deber de abstención. "No resulta aplicable porque no ha intervenido en el procedimiento", apunta Luzón, quien también destaca que "al tratarse de un contrato de emergencia" la actuación del Consejo de Gobierno "queda circunscrita a la recepción de la información contractual" por parte de la Consejería a la que pertenece el órgano de contratación –en este caso, la Consejería de Sanidad–.

Con su decreto, Anticorrupción da carpetazo a la investigación en lo que tiene que ver al tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, delitos alrededor de los cuales giraba la investigación. Sin embargo, no hace pronunciamiento alguno sobre la posible malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho, delitos en los que se centra la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Europea también alrededor de esta adjudicación.