En el escrito que firman los fiscales del caso Lezo, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, para oponerse a la puesta en libertad del expresidente de Madrid Ignacio González ambos recuerdan que en una de las conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, los tres hermanos González —Ignacio, Pablo, también encarcelado bajo fianza de cuatro millones de euros, e Isabel, esposa del también imputado José Juan Caballero— se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente" de la Policía Nacional.
Todo ello, añaden los fiscales, "vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad".chivada Más tarde se confirmaría que Pablo González se reunió dos días después con el 'número dos' de Interior.
Y así, Yáñez y García Cerdá creen que la prisión incondicional dictada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra el expresidente de la Comunidad de Madrid aprecia la "gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".
El propio Nieto compareció en el Congreso días después de conocerse la reunión con el hermano del expresidente madrileño y reconoció que este encuentro se produjo, pero que en ningún caso hablaron de la operación Lezo. De hecho, aseguró que "ni conocía ni debía conocer la existencia de esa investigación", porque es "uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho".
Uno de los argumentos que ofrecen los fiscales anticorrupción para oponerse a la excarcelación de González, principal imputado en la Operación Lezo, después de que su defensa recurriera el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que dictaba prisión incondicional, es que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González recurrió a "alguna persona" del Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Judicatura y la Policía Nacional para "conocer el estado de sus casos" y también para lograr la "impunidad de sus acciones".
El Ministerio Público asegura en su escrito que los investigados Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino —el hombre fuerte del expresidente en Latinoamérica para los asuntos del Canal de Isabel II y también en prisión incondicional— "han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, para lograr la impunidad de sus acciones".
Y para argumentarlo, los fiscales recuerdan que en la declaración del propio González ante el juez el pasado 21 de abril "reconoció haber recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar quién".
También manifestó, según Yáñez y García Cerdá, que el expresidente madrileño había contactado con "algún alto cargo de la Policía Nacional para saber cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase".
En este sentido, los fiscales remarcan que en una de las conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, los tres hermanos González —Ignacio, Pablo, también encarcelado bajo fianza de cuatro millones de euros, e Isabel, esposa del también imputado José Juan Caballero— se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente" de la Policía Nacional.
"Con estos antecedentes fácticos, el riesgo de destrucción de pruebas es evidente si se tiene en cuenta que se ha iniciado la verdadera actuación judicial y que se ha acopiado de numerosa documentación en los registros que está pendiente de analizar. Este análisis nos llevará a nuevas actuaciones dirigidas a esclarecer los hechos así como a fijar el grado de participación de otros sujetos vinculados a la administración pública que aún no han declarado", explican.
De hecho, Yáñez y García Cerdá destacan que Ignacio González ha demostrado "una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación por las vías ilícitas señaladas", por lo que existe "un riesgo cierto de destrucción o manipulación de pruebas y de ocultación de fondos públicos".
En cuanto a la argumentación de la defensa de González acerca de que no existe riesgo de fuga porque su familia vive en Madrid, los fiscales remarcan que este no es un "indicativo de estabilidad social y arraigo", ya que "la mayor parte de los miembros de la familia de González presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".
Además, la Fiscalía no ve impensable que el expresidente no vaya a huir por ser una persona "con notoriedad pública" porque "la realidad judicial de España ha demostrado que en otros casos en los que igualmente era impensable la huida, ésta se produjo.
Y para graduar el riesgo de fuga, los fiscales tienen en cuenta que "hechos como los investigados repugnan a la sociedad, afectan a la esencia del estado social y democrático de derecho, minan la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y merman gravemente el capital público".
"Todos estos elementos colocan a Ignacio González en una situación de aislamiento social y económico en España que debilita los elementos de arraigo ofrecidos por la defensa del investigado y hacen que el riesgo de fuga permanezca", indican.
Y además, recuerdan que los hechos presuntamente cometidos por el expresidente le han proporcionado una "ingente cantidad de fondos públicos que en el momento actual no están controlados" y "tiene patrimonio oculto tras entramados societarios erradicados en paraísos fiscales", de modo que resaltan su "capacidad real de acción para huir de la justicia".
Según los fiscales, González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta", al tiempo que la "capacidad económica" de su familia es "absolutamente incompatible con las inversiones millonarias que pretendían realizar".
Por todo ello, los fiscales encargados de la Operación Lezo consideran que la medida de prisión incondicional es "respetuosa con los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad”.
En el escrito que firman los fiscales del caso Lezo, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, para oponerse a la puesta en libertad del expresidente de Madrid Ignacio González ambos recuerdan que en una de las conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, los tres hermanos González —Ignacio, Pablo, también encarcelado bajo fianza de cuatro millones de euros, e Isabel, esposa del también imputado José Juan Caballero— se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente" de la Policía Nacional.