La admisión a trámite por un juzgado de Madrid de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Equipo Económico SL, el despacho fundado por Cristóbal Montoro en 2006, acaba de poner en aprietos al ministro de Hacienda pero también a altos cargos del Ministerio de Economía. Fruto de una investigación iniciada en septiembre de 2013, la querella sostiene que Equipo Económico logró a dedo en 2012 un contrato ilegal y "espurio" del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSC) cuyo verdadero objetivo era que los socios del despacho hicieran valer su influencia ante el ministerio que dirige Luis de Guindos. Y que la existencia de ese contrato era conocida por quien hasta noviembre de 2016 fue secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, y por la entonces y ahora directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno. Los querellados son siete: cuatro antiguos responsables de Hacienda que trabajaron a las órdenes de Montoro; su hermano Ricardo y los dos máximos directivos del CSC en aquel momento.
¿Qué objetivo perseguía el contrato adjudicado a Equipo Económico con los fondos públicos manejados por el CSC? Conseguir una nueva ley favorable a la institución cameral y que garantizase su "supervivencia". Para alcanzar ese fin, relata la fiscal Carmen García en la querella, los socios de Equipo Económico ofrecieron sus servicios al Consejo de Cámaras con la idea de valerse "presuntamente del hecho de haber ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración Pública y de su posibilidad de interceder con altos cargos públicos del Estado".
Este martes, el ministro Montoro subrayó en declaraciones a los periodistas que no tiene "nada que ver desde hace nueve años" con Equipo Económico SL, firma que había surgido con la denominación Montoro y Asociados. El ministro precisó que cuando abandonó la consultora en 2008 fue el momento en que esta adoptó su nuevo nombre. Y que hasta entonces no había contratado con ninguna administración.
La denuncia de Anticorrupción, que también se dirige contra Equipo Económico SL como persona jurídica y cuya admisión a trámite por el juzgado de instrucción 22 de Madrid fue
adelantada este martes por Abc, observa en los hechos indicios de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados. La querella desvela que, antes de presentarla el 24 de abril, Anticorrupción pidió un informe a la Intervención del Estado (IGAE). Y que ese informe "ha patentizado las irregularidades cometidas en la adjudicación, evidenciando que se trató de un contrato espurio cuya firma presuntamente no obedeció a la necesidad de los trabajos objeto del mismo, aunque su adjudicación sí permitió a la sociedad Equipo Económico la obtención ilegítima de fondos públicos gestionados por el CSC".
El texto afirma que quien hasta noviembre de 2016 fue secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, supo de la existencia de ese contrato, otorgado por 216.000 euros aunque finalmente Equipo Económico cobró 90.000. Y, basándose tanto en los correos electrónicos interceptados como en la documentación remitida por Economía, subraya que la entonces y ahora directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, "tuvo conocimiento (...) de su adjudicación al margen del procedimiento legalmente establecido".
Un portavoz de Jaime García Legaz, ahora presidente de Cesce, que gestiona el seguro de crédito a la exportación y donde el Estado posee el 50,25% de las acciones, recalcó lo siguiente en declaraciones a infoLibre: que cuando el presidente del Consejo Superior de Cámaras (CSC), Manuel Teruel, también objeto de la querella, le envió a García Legaz los correos que menciona Anticorrupción y en los que hacía constar de forma expresa el encargo hecho a Equipo Económico, el entonces secretario de Estado se limitó "a darse por enterado". "El Ministerio –agregó el portavoz– no tiene potestades sobre la contratación efectuada por las Cámaras; la tutela que ejerce sobre ellas se limita al control de las cuentas anuales". La misma fuente remarcó que la directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, ya había confirmado "durante su declaración como testigo ante la Fiscalía que también se dio por enterada y nada más".
Portavoces oficiales del Ministerio de Economía ofrecieron la misma versión respecto al carácter "autónomo" del CSC en cuanto a sus contrataciones, que "ni se controlaban ni se fiscalizaban en la Secretaría de Estado de Comercio". Rehusaron sin embargo aportar detalles sobre la declaración prestada por la directora general pero destacaron dos puntos: que la elaboración de la nueva Ley de Cámaras "fue muy participativa y de hecho se aprobó por unanimidad"; y que el texto aprobado y publicado en abril de 2014 "no tiene nada que ver en cuanto a contenido con el del borrador que elaboró Equipo Económico" tras recibir del CSC una adjudicación que, según Anticorrupción, vulneró los principios básicos de la legislación sobre contratos públicos.
Ese borrador, remacha la Fiscalía, carecía por completo de sentido: redactar la ley correspondía al Ministerio, recuerda la Fiscalía. Y el Ministerio no le había encomendado ni "formal ni informalmente" al CSC la confección de ningún anteproyecto o similar de la nueva norma. El último párrafo de la querella abunda en esa dirección y pone en apuros a Cárdeno: "La directora general tuvo conocimiento al recibir el proyecto de ley de que el Consejo [de Cámaras] había celebrado un contrato cuyo objeto era una función que el ordenamiento jurídico atribuye a la citada Dirección General".
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Además de Ricardo Montoro y Manuel Teruel, la querella se dirige contra el que fuera secretario de Estado de Presupuestos de Montoro durante el Gobierno de José María Aznar y presidente del Consejo de Administración de la consultora, Ricardo Martínez; el exdirector general de la Agencia Tributaria Salvador Ruiz; el exdirector del Gabinete de este, Manuel de Vicente-Tutor, el exdirector general de Gabinete Técnico en el Ministerio, Francisco Piedras; y la exsecretaria general del CSC, Carmen de Miguel.
La querella cita la declaración de un testigo que atribuyó a Arturo Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid e imputado en la Operación Púnica por presunta financiación del PP de Madrid, la iniciativa de que el Consejo Superior de Cámaras contratase a Equipo Económico. En conversación telefónica con infoLibre, Fernández negó esa versión de forma tajante.
La admisión a trámite por un juzgado de Madrid de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Equipo Económico SL, el despacho fundado por Cristóbal Montoro en 2006, acaba de poner en aprietos al ministro de Hacienda pero también a altos cargos del Ministerio de Economía. Fruto de una investigación iniciada en septiembre de 2013, la querella sostiene que Equipo Económico logró a dedo en 2012 un contrato ilegal y "espurio" del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSC) cuyo verdadero objetivo era que los socios del despacho hicieran valer su influencia ante el ministerio que dirige Luis de Guindos. Y que la existencia de ese contrato era conocida por quien hasta noviembre de 2016 fue secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, y por la entonces y ahora directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno. Los querellados son siete: cuatro antiguos responsables de Hacienda que trabajaron a las órdenes de Montoro; su hermano Ricardo y los dos máximos directivos del CSC en aquel momento.