Aralia se embolsa otros dos millones por seguir gestionando una residencia de la que se le intentó quitar la concesión

La empresa de residencias Aralia, ligada al empresario salpicado en la Gürtel José Luis Ulibarri, seguirá gestionando durante tres meses más un centro en Madrid del que se le intentó retirar la concesión por incumplimiento de los pliegos al subcontratar la atención de los mayores. Aunque el contrato suscrito con la firma hace tres años finalizaba a finales de agosto, la Consejería de Políticas Sociales aprobó una primera prórroga por importe de 1,087 millones de euros. Y ahora, cumplido ese plazo adicional, el departamento dirigido por Javier Luengo ha vuelto a acordar una segunda ampliación gracias a la cual la empresa se embolsará otro millón de euros más. La idea es que continúe llevando las riendas de la residencia y centro de día, ubicado en el municipio de Leganés, hasta que se formalice el nuevo contrato derivado de la licitación para la gestión del centro. Un procedimiento en el que ya han presentado ofertas la propia Aralia y DomusVi, otro de los gigantes del sector al que se abrió –sin éxito– un expediente sancionador. De hecho, esta última ha presentado la segunda mejor oferta económica.

A comienzos de año, la Consejería de Políticas Sociales decidió ponerse seria en relación con el cuidado de los mayores en la región. En lo que se interpretó como el inicio de una etapa de mano dura y mayor control sobre las residencias, el departamento entonces dirigido por Alberto Reyero abrió tres expedientes a la firma vinculada a Ulibarri. En un movimiento sin precedentes, el Ejecutivo regional trató de retirar a Aralia la concesión de tres geriátricos en la región –Ensanche de Vallecas, Isabel La Católica y Parque de los Frailes (Leganés)– por incumplimiento de los pliegos al haber subcontratado la atención de los mayores a otras empresas. Los procedimientos abiertos en relación con los dos primeros centros no se llegaron a concluir, por haber vencido la adjudicación antes de continuar con los trabajos tras la primera ola de la pandemia. En cuanto al tercero, la empresa torció el brazo a la administración gracias a un dictamen vinculante de la Abogacía General autonómica en el que se tildaba la irregularidad de “incumplimiento menor” que no justificaba la retirada.

El contrato para la gestión del centro de Leganés con Aralia concluía el pasado 27 de agosto. Sin embargo, a día de hoy esta firma, que acumula multas por importe de 358.000 euros en el último lustro, sigue llevando las riendas de Parque de los Frailes a pesar de las irregularidades detectadas. A finales de verano, la Consejería de Políticas Sociales acordó prorrogar sus servicios en este centro por un periodo de tres meses y cuatro días. Y ahora, una vez concluido ese plazo, el Ejecutivo madrileño ha vuelto a alargar la relación contractual con la firma. El pasado 26 de noviembre, la Consejería de Políticas Sociales emitió una orden, firmada digitalmente por Salvador Sanz Iglesia –secretario general técnico del departamento–, en la que se establece una segunda extensión de los trabajos por tres meses más –diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021–. En total, medio año extra que permite a la compañía embolsarse 2,12 millones de euros. Una cifra que se suma a los 12,5 millones que ya ha ingresado Aralia por la gestión de este centro durante los tres años que en principio contemplaba el contrato.

El pliego de cláusulas administrativas recoge la posibilidad de que los trabajos puedan alargarse “hasta tres años como máximo, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, exceda de seis años”. La decisión de recurrir a estas ampliaciones corresponde a la propia administración. “La Comunidad de Madrid no está obligada a llevarlas a cabo. Por eso, no se entiende que ahora lo hagan cuando hace unos pocos meses estaba dispuesta a resolver el contrato”, apunta en conversación con este diario Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare). La Consejería de Políticas Sociales evita hablar de “prórrogas”. “Una prórroga tiene que ser como mínimo de un año, y eso es lo que queríamos evitar”, señalan a infoLibre fuentes del departamento que dirige Javier Luengo. En este caso, continúan, son “encargos puntuales” que se van haciendo a Aralia a fin de que los residentes del centro puedan continuar disfrutando de los servicios de la residencia hasta que se adjudique el nuevo contrato de gestión para los próximos tres años.

Aralia y DomusVi aspiran a la nueva licitación

A ojos de Políticas Sociales, esta es la “única fórmula administrativa” que ven factible para evitar que los mayores de Parque de los Frailes queden desatendidos mientras se resuelve el procedimiento, que ha sufrido retrasos como consecuencia de la pandemia. La licitación, que cuenta con un presupuesto base de 15,67 millones, se hizo pública a finales de julio. A lo largo de un mes, se estuvieron recibiendo las diferentes ofertas económicas. Y a comienzos de septiembre, se celebraron las dos primeras reuniones de la mesa de contratación. Sin embargo, todavía no se ha emitido ningún veredicto. Desde la Consejería de Políticas Sociales creen que el procedimiento podrá estar totalmente cerrado en febrero, lo que coincide con la extinción de la segunda prórroga acordada con la firma vinculada a Ulibarri. No es la primera vez que el Ejecutivo regional tiene que recurrir a este tipo de pagos puntuales con dicha compañía. También lo hizo en el caso del geriátrico de Ensanche de Vallecas, otro de los centros cuya gestión trató de quitarle el departamento dirigido por Luengo, tal y como publicó a comienzos de verano elDiario.es.

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Por la adjudicación de Parque de los Frailes compite media docena de empresas. Entre ellas, Aralia y DomusVi, a la que también Políticas Sociales intentó retirar sin éxito la gestión de un geriátrico en el barrio madrileño de Usera –a ojos de la Abogacía la irregularidad “carecía de la entidad suficiente como para constituir incumplimiento grave”–. De hecho, la oferta de esta última firma es la segunda más económica de las presentadas, si bien es cierto que el peso máximo que tiene ahora este apartado es de 49 puntos, frente a los 80 que tenía en el contrato de hace tres años. Vázquez considera “necesario” establecer una suerte de “filtro” en estos procedimientos para que las empresas que tuvieran un mal expediente de gestión fueran penalizadas. “Igual no evitar que se presenten pero sí fijar algún mecanismo por el cual dichos antecedentes se puntúen de forma negativa en la valoración”, explica. Porque lo que no puede ser, dice, es que se incumplan de forma continua los pliegos de condiciones. “De las doce o trece sancionadas en los últimos años, al menos una decena fue por contar con menos personal que el que tenían que tener por contrato”, recalca.

Desde Políticas Sociales se limitan a decir sobre esto último que no pueden “vetar” que estas empresas participen en el procedimiento porque existe “libre concurrencia”. Lo que sí pueden, afirman, es “endurecer las condiciones” a fin de garantizar “determinada solvencia” a las firmas. En este sentido, ponen como ejemplo la fijación de acumulación de sanciones como motivo para romper la relación. Hace tres años, el pliego de cláusulas administrativas recogía que sólo se podía resolver el contrato por “pérdida sobrevenida” de los requisitos para contratar con la administración o por el “incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación”, entre otras cuestiones. Ahora, para la nueva adjudicación, se añade también “la imposición de tres penalidades graves o muy graves en un año o cinco muy graves o graves a lo largo de la ejecución” de los servicios. Además, se han incrementado los medios personales que deberá aportar el adjudicatario. En 2017, el número de ATS tenía que ser de 7, mientras que ahora la cifra escala hasta los 8,5. Lo mismo pasa con los gerocultores, que pasan de 48 a 57.

Como otras tantas residencias de la región, Parque de los Frailes no se libró del azote de la pandemia. Sólo entre marzo y abril, murieron en este centro 30 ancianos, 17 de ellos con positivo confirmado. Durante varios meses, el consejo de usuarios del centro, que representa a todos los residentes del geriátrico, registró varios escritos ante la Comunidad de Madrid denunciando falta de equipos de protección, de camas para los cuidados en fase terminal, de pañales, de directrices claras por parte de las autoridades o de un elevado número de bajas entre la plantilla como consecuencia del coronavirus, según publicó el periódico digital Nius. Siete meses después de aquella fatídica primera ola, Aralia, la empresa que alegó en un pleito que tener sucio un geriátrico no es incumplir un contrato, continúa llevando las riendas del centro. Y lo hará, por el momento, hasta el próximo mes de febrero, cuando está previsto que se resuelva definitivamente el concurso público en el que, para más inri, figura como una de las firmas aspirantes.