Si todo continúa la senda marcada por el Gobierno, los restos de Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos el próximo lunes. Pero es posible que esta semana el Tribunal Supremo acepte una petición de la familia del dictador y la operación quede paralizada. Cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reunirán este martes para decidir si echan el freno a un proceso que comenzó hace ahora casi un año. Se trata de Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero. Mientras lo dirimen, la plataforma Ni Valle ni Almudena intentará presionar a las puertas del tribunal para que éste opte por lo que ellos consideran más justo: que Franco sea exhumado de la tumba donde fue enterrado hace 43 años y, de este modo, se haga justicia con las víctimas de la dictadura. No obstante, desde el Supremo aseguran que, dependiendo de cómo se desarrolle la reunión, la decisión final podría alargarse.
Pero que el Supremo decida paralizarlo no implica que el proceso que comenzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quede en una simple promesa. Y es que lo que tendrá que dirimir este martes el Tribunal no es la nulidad de los Reales Decretos aprobados por el Gobierno para llevar a cabo la exhumación, sino si acepta o no las medidas cautelares de paralizar la extracción de los restos solicitadas en los recursos presentados por la familia Franco, según explica Alicia Cárdenas, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Por tanto, en este momento hay dos posibles escenarios: por un lado, el Tribunal puede aceptar las medidas solicitadas y, de este modo, paralizar la exhumación hasta que se resuelva la cuestión de fondo del recurso interpuesto por la familia; por otro, el Supremo puede rechazar la suspensión cautelar y permitir que se proceda a la extracción de los restos del dictador mientras dirime el asunto. En este último caso, si la institución decidiera darle la razón a la familia, Franco podría ser inhumado de nuevo en Cuelgamuros. Algunos medios como El Confidencial o La Razón avanzaron que, por ahora, la balanza del Supremo se inclina por suspender, de forma cautelar, la exhumación.
A falta de la decisión del Supremo, al cadáver de Franco le quedan seis días en el Valle de los Caídos. Una cuenta atrás que se produce después de casi un año de retrasos. Y es que la exhumación, por lo que dijo el entonces recién estrenado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía que haberse producido el verano pasado. Pero se retrasó hasta finales de 2018. Luego, hasta principios de 2019. Pero las demoras siempre se producían sin anunciar ninguna fecha concreta. Hasta el 15 de marzo. Ese día, con las elecciones generales ya convocadas para el 28 de abril, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que la exhumación se llevaría a cabo el 10 de junio, el mismo día en el que se prevé que los restos se inhumen en el Panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo.
La familia pide la inconstitucionalidad de los Reales Decretos
La familia ha batallado desde el principio la decisión de exhumar al dictador. De hecho, no es la primera vez que solicitan que el proceso se paralice. El pasado mes de diciembre, los Franco interpusieron un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que solicitaban la nulidad del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre para la exhumación de los restos del dictador. Pedían, así, que en tanto se analizaba el fondo del asunto, se paralizara cualquier actuación tendente a trasladar al general golpista fuera del Valle de los Caídos. Pero como el acuerdo no suponía ni la inmediata exhumación de los restos de Franco ni producía una situación irreversible, el Tribunal rechazó la petición. Ahora, en cambio, la situación es muy distinta. Y es que la decisión que el Consejo de Ministros tomó el pasado 15 de marzo sí implica la inmediata exhumación. Por tanto, el alto tribunal sí que podría decidir ahora paralizar el proceso.
Aun así, para que se adopten las medidas cautelares el Tribunal tendrá que dirimir si se dan o no las condiciones que el derecho exige para hacerlo. En primer lugar, los magistrados del Supremo deberán observar si existe una apariencia de buen derecho —fumus boni iuris en lenguaje jurídico—, tal y como explica a infoLibre el magistrado Joaquim Bosch. ¿En qué consiste? Se trata de un principio que se cumple cuando un tribunal que está decidiendo si adopta unas medidas cautelares observa que es una posibilidad razonable que la sentencia final dé la razón a quien pide dichas medidas. En opinión de Bosch es complicado que exista la apariencia de buen derecho en este caso. Y es que, tal y como sostiene, es complicado que finalmente el Supremo dicte la nulidad de la exhumación porque existe una Ley de Memoria Histórica que la avala.
No obstante, los magistrados de lo Contencioso-Administrativo que se reúnen este martes tendrán que decidir, a su vez, si existe el denominado peligro en la mora —o periculum in mora—. Es, según explica Bosch, el requisito más importante a la hora de decidir si se aplican o no las medidas cautelares. Consiste, afirma el magistrado, en ver si la no aplicación de esas medidas implicaría un daño difícilmente reparable para quien las solicita en caso de que finalmente el tribunal le conceda la razón. Es decir, si permitir que la exhumación se lleve ahora a cabo provocaría un perjuicio a la familia del dictador difícil de reparar si finalmente se anulan los decretos del Gobierno. Y en este caso, sostiene Bosch, el traslado del cadáver y una posible reinhumación en el Valle —en el caso de que el Supremo resolviera a favor de los Franco—, podría provocarlos. Esto es lo que podría hacer que los magistrados de la Sala se inclinaran por la suspensión de las actuaciones que el Gobierno fechó para el próximo lunes.
En cualquier caso, a la espera de una resolución del Supremo, los Franco han dado un paso mas en su lucha para frenar la exhumación. El pasado 29 de mayo la familia presentó una nueva demanda ante el Supremo en la que plantea la inconstitucionalidad de los Reales Decretos aprobados por el Gobierno socialista para posibilitar la extracción de los restos del golpista. En este nuevo escrito, la familia del dictador alega que la técnica del Real Decreto Ley no puede ser utilizada cuando se afecten derechos y libertades fundamentales y, en el presente caso, señalan, afecta al derecho a la libertad religiosa de los familiares, al derecho a la intimidad personal y familiar de sus descendientes y de las personas inhumadas en el Valle, y al derecho a la igualdad ante la ley "por tratarse de una verdadera ley de caso único, esto es, dictada sólo para la exhumación de Francisco Franco". Además, señalaron que la fórmula del real decreto empleada por el Ejecutivo está dedicada a cosas "de extraordinaria y urgente necesidad". Unos requisitos que, aseguran, no se dan, puesto que los restos llevan allí enterrados 43 años.
Las organizaciones memorialistas esperan que el Supremo no lo paralice
Las organizaciones de memoria histórica, por su parte, esperan cautelosas la decisión del Supremo. Y desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lo hacen, además, con preocupación. Según explica su presidente, Emilio Silva, la exhumación no debería de ser paralizada. Pero es posible que lo sea. Más si se tiene en cuenta que uno de los magistrados que tendrá que decidirlo, José Luis Requero, mantiene, según afirman desde la organización, una "estrecha relación con el letrado Santiago Milans del Bosch, colaborador de la Fundación Franco y cuyo bufete atiende intereses de la familia del dictador". Por este motivo, la asociación ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando que el magistrado se abstenga en la resolución.
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"Consideramos que quizá [el magistrado] debería abstenerse en la decisión acerca del traslado de los restos del dictador Francisco Franco, en caso de que la explicada proximidad con el bufete de Santiago Milans del Bosch planteara serias dudas acerca de su imparcialidad, algo que de ser así comprometería seriamente la decisión que pueda tomar la Sala, porque la imparcialidad hay que ejercerla y parecerla", asegura la ARMH en un comunicado.
Por su parte, Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria, sostiene que el Supremo no debería adoptar las medidas cautelares porque la exhumación es "reversible". "No supone ningún coste para la familia y, si finalmente se les diera la razón", el cadáver del golpista podría volver al Valle, dice. En cualquier caso, su organización participará mañana en la concentración que la plataforma Ni Valle ni Almudena ha convocado a las 12.00 horas en la madrileña Plaza de las Salesas (junto a la sede del Tribunal Supremo).
"Valoramos que las medidas cautelares deben ser rechazadas, puesto que la exhumación y el traslado de los restos desde Cuelgamuros al panteón de El Pardo no suponen un daño para la familia, porque ambos lugares de enterramiento son propiedad del Estado español. Asimismo, en caso de que finalmente el Tribunal Supremo estimase el recurso de los abogados de la familia contra todo el proceso de exhumación, el traslado de restos previsto para el próximo día 10 de Junio sería perfectamente reversible", reza la convocatoria de la protesta. "Lo que ahora se dilucida es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas electas, o la familia Franco y sus abogados, pagados con el producto del expolio de los bienes públicos llevado a cabo por la dictadura. Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española", sentencian.
Si todo continúa la senda marcada por el Gobierno, los restos de Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos el próximo lunes. Pero es posible que esta semana el Tribunal Supremo acepte una petición de la familia del dictador y la operación quede paralizada. Cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reunirán este martes para decidir si echan el freno a un proceso que comenzó hace ahora casi un año. Se trata de Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero. Mientras lo dirimen, la plataforma Ni Valle ni Almudena intentará presionar a las puertas del tribunal para que éste opte por lo que ellos consideran más justo: que Franco sea exhumado de la tumba donde fue enterrado hace 43 años y, de este modo, se haga justicia con las víctimas de la dictadura. No obstante, desde el Supremo aseguran que, dependiendo de cómo se desarrolle la reunión, la decisión final podría alargarse.