Juezas y Jueces para la Democracia denuncia que el auto del Supremo muestra la "incapacidad de la justicia para perseguir los crímenes" del franquismo

"La decisión es insólita". Así valora la organización Juezas y Jueces para la Democracia el auto por el que el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La asociación judicial ha lamentado a través de un comunicado hecho público este miércoles que la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal —compuesta por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero— decidiera por unanimidad aceptar las medidas cautelares solicitadas por la familia del dictador y suspender así la extracción del cadáver del golpista, que estaba prevista para el próximo lunes 10 de junio. "No podemos sino lamentar esta decisión que confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron", critican.

Y es que el principal argumento empleado por la Sala no tiene sustento, a juicio de la organización. Se basaba en que, aceptando las medidas cautelares, se evitaría "el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". "Algo incomprensible", aseguran desde Juezas y Jueces para la Democracia. "Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público", añaden.

¿Es imposible corregir al Supremo por el auto en el que reconoce a Franco como jefe de Estado desde 1936?

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Pero es que, además, "la exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas en un lugar religioso, creencia que muchas de las víctimas no profesaban". Asimismo, recuerdan, "es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos". 

Por último, la organización judicial denuncia también el trato que el Supremo da al dictador en su auto de este martes. En la exposición de motivos para justificar la paralización, los magistrados aseguran que "don Francisco Franco Bahamonde" fue jefe de Estado "desde el 1 de octubre de 1936". Pero en aquella fecha, y tras un largo tira y afloja entre Franco y el general Mola, el militar sublevado fue nombrado, efectivamente, jefe de Estado, pero por la Junta Nacional de Defensa, un órgano creado por los golpistas para ostentar el poder Ejecutivo en las zonas controladas por el frente nacional. "Tanto tiempo después de la Constitución y de la promulgación de la Ley de memoria histórica, y dos años después de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados sin votos en contra instando al Gobierno a exhumar los restos del dictador para sacarlos del Valle de los Caídos, parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad", denuncia la organización. 

"Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación", sentencian.