Un correo para salvar a González Amador: su abogado lo filtró a MAR y este lo convirtió en un bulo

El instructor de la causa contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, no ha encontrado hasta el momento pruebas de que fuera Álvaro García Ortiz quien filtró la información que desmentía un bulo aireado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso sobre los delitos fiscales presuntamente cometidos por su pareja. Pero el magistrado ya tiene sobre su mesa otras dos filtraciones. La primera, la del jefe de gabinete y mano derecha de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que durante su declaración como testigo, este miércoles, ha asegurado que difundió información secreta, manipulada y en parte inventada sobre el caso en un chat con una cincuentena de periodistas. El testimonio de Rodríguez también apunta a uno de los abogados de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, como facilitador de datos reservados sobre su cliente. Se los reveló tanto a Rodríguez, según ha dicho ante el juez, como supuestamente a un periodista con el que este último le puso en contacto, tal y como ha declarado el asesor.

Los datos sobre las investigaciones judiciales, mientras estas se llevan a cabo, son reservados hasta el juicio, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y ninguna de las partes personadas en una instrucción puede hacerlos públicos. Ni el fiscal, ni los abogados que ejercen la acusación o la defensa. Nadie. Miguel Ángel Rodríguez, sin embargo, ha reconocido este miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo en la causa abierta contra el fiscal general que él sí filtró a 50 periodistas ese tipo de información confidencial. El principal asesor de Ayuso confesó que difundió a esos medios un correo enviado por el fiscal del caso abierto contra el novio de la presidenta madrileña, Julián Salto, al abogado de este. En él, la acusación pública informaba a la defensa de la interposición de la denuncia contra Alberto González Amador por delito fiscal y falsedad documental y le recordaba que el Ministerio Público estaba de acuerdo en negociar el pacto que el letrado había propuesto previamente: reconocer dos delitos fiscales para evitar la cárcel.

El siguiente mensaje enviado por Rodríguez a ese grupo de redactores difundía una mentira que este martes también ha confesado ante el instructor. "Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo... Todo sucio", escribió. Ante Hurtado, el principal asesor de Ayuso ha reconocido ser también el autor de esa filtración de información falsa, aunque ha atribuido esa falsedad a un error: su presunto desconocimiento de un correo anterior del abogado de González Amador en el que reconocía los delitos supuestamente cometidos por su cliente y ofrecía un pacto para evitar la cárcel. Sobre las supuestas "órdenes de arriba" de retirar la propuesta de pacto, el jefe de gabinete ha asegurado directamente que se lo inventó, pero ha defendido su derecho a hacerlo en aras de su "libertad de expresión". Esa fabulación fue la que llevó a la Fiscalía a desmentir las informaciones que recogían la filtración mediante una nota de prensa enviada el pasado 14 de marzo. La víspera, varios medios publicaron la información correcta –que era Amador quien reconocía sus delitos–. El Supremo señala al fiscal general como la persona que habría desmentido a esos medios el bulo difundido previamente por Rodríguez.

Pero la declaración como testigo de Rodríguez ha puesto de manifiesto otra supuesta filtración de información reservada del caso que tampoco tiene nada que ver con el fiscal general: la del abogado de González Amador en la causa abierta contra él por fraude fiscal, Carlos Neira. Ante el instructor, el asesor de Ayuso ha asegurado a preguntas del abogado y del Ministerio Público que fue ese letrado el que le pasó el correo del fiscal Salto que luego él se encargó de difundir entre los medios, según fuentes presentes en el interrogatorio. Al jefe de gabinete de Ayuso también le han preguntado si fue él la fuente de la primera información falsa sobre la confesión de los delitos, publicada por el diario El Mundo. Rodríguez lo ha negado y ha asegurado que su filtración fue posterior a la publicación de esa noticia. Sin embargo ha concedido que sí puso en contacto a su autor con la defensa del novio de Ayuso.

Durante su declaración como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el que inició la causa que ha asumido el Supremo al implicar al fiscal general, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se mostró de acuerdo con Álvaro García Ortiz sobre la necesidad de desmentir la información, aunque no con el contenido de la nota que finalmente se difundió. La fiscal consideró especialmente grave que el defensor del novio de Ayuso hubiera facilitado a Rodríguez los correos privados intercambiados con el fiscal del caso. Ante el instructor del tribunal madrileño, Lastra aseguró: "No pierdo la esperanza de que el Colegio de Abogados de Madrid esté tramitando un expediente disciplinario en su comisión deontológica contra su abogado [el de González Amador] puesto que el código ético del Consejo de la Abogacía y el Europeo sancionan la vulneración del secreto de las comunicaciones entre el abogado y el resto de las partes".

El Colegio de Abogados, sin embargo, no ha iniciado ninguna actuación contra su colegiado por esa filtración de información confidencial y reservada que provocó el desmentido del Ministerio Público y las noticias de los medios que publicaron la información real y contrastada: que no fue el fiscal, sino la representación del novio de Ayuso la que admitió dos delitos fiscales para no ingresar en prisión. Al contrario, se ha querellado contra los dos fiscales encausados –García Ortiz y Pilar Rodríguez– contra los que actúa como acción popular por un supuesto delito de revelación de secretos.