A pocos días de que esté previsto que comience a recibir pacientes el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la Comunidad de Madrid empieza a despejar algunas incógnitas relacionadas con el funcionamiento del centro de pandemias. Con el esquema para la dotación de personal sanitario diseñado, el Ejecutivo ha iniciado ya los procedimientos para la adjudicación de servicios adicionales vinculados a la nueva joya de la corona del Gobierno regional. Por el momento, se ha cerrado el contrato para la vigilancia y seguridad del hospital. La firma agraciada ha sido Ariete Seguridad, una compañía que tiene como administradora única a la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón Silvia Cruz. No es la primera vez que esta empresa se hará cargo de un servicio similar en la comunidad. De hecho, en la actualidad la vigilancia de hasta nueve hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud está en manos de esta sociedad, que desde hace un lustro ha suscrito contratos con el Ejecutivo madrileño por valor de 13,18 millones de euros –5,82 millones en solitario y otros 7,35 millones formando parte de una unión temporal de empresas–.
Tras varios meses de intenso trabajo, el Ejecutivo regional anunció a finales de octubre que la estructura del Enfermera Isabel Zendal estaba casi lista. Con la fase de la construcción prácticamente completada, la Consejería de Sanidad se reunió entonces con los sindicatos para explicarles cuál sería el procedimiento para la dotación de profesionales. En uno de esos encuentros, el Ejecutivo regional explicó que los servicios de mantenimiento, limpieza, alimentación, lavandería, recogida de residuos y seguridad serían adjudicados a empresas privadas. Por aquel entonces, todavía no se sabía qué firmas se harían con los jugosos contratos. Sin embargo, en los pasillos de la Asamblea de Madrid algunos diputados de la oposición ya hacían sus quinielas. “¡Verás cómo la vigilancia va a parar a la empresa de la exconcejal del PP en Alcorcón!”, decía en privado a comienzos de noviembre una diputada socialista. No falló. Ariete Seguridad, según adelantó este lunes la Cadena Ser, se encargará de este servicio durante, al menos, los próximos seis meses. Lo hará con un equipo de diez personas y cobrará por ello 808.198 euros, según consta en la licitación.
La parlamentaria socialista jugaba con bastantes papeletas a su favor a la hora de poner sobre la mesa su pronóstico. Principalmente, por la intensa relación que la firma ha mantenido con el Ejecutivo madrileño a base de adjudicaciones. Según consta en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid, Ariete Seguridad se ha hecho durante los últimos cinco años con 82 licitaciones –78 de ellas de la Consejería de Sanidad, 2 de Políticas Sociales y 2 de Economía– por valor de 13,18 millones de euros. Las más jugosas han sido las relativas a la vigilancia y seguridad de varios hospitales de la red del Sermas. En total, se ha hecho en este periodo con catorce de este tipo, incluyendo la del Isabel Zendal, lo que le ha permitido embolsarse 5,41 millones de euros. En concreto, además del centro de pandemias, se encarga en la actualidad de este servicio en el Hospital Virgen de la Torre, Hospital Santa Cristina, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario de Móstoles, Hospital La Princesa, Hospital Virgen de la Poveda, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Central de la Cruz Roja y la antigua clínica Puerta de Hierro, el edificio que quedó abandonado una vez que se trasladó el centro a Majadahonda.
Además de en estos nueve centros, Ariete se hace cargo también de la seguridad y vigilancia en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, la institución que junto con la Unidad Central de Radiodiagnóstico se encarga de dar apoyo a la red hospitalaria. En este caso, la empresa logró el contrato el pasado 24 de junio por 57.686 euros. Fue la única oferta que se presentó. En principio, era para un plazo de tres meses, hasta después del verano. Sin embargo, una vez cumplido el periodo, la Consejería de Sanidad decidió prorrogar el encargo por un tiempo similar. En total, la firma se ha embolsado hasta el momento por este servicio durante medio año 115.373,50 euros.
Contratos de emergencia
Ariete Seguridad se ha hecho con la vigilancia del Zendal por la vía de emergencia. Es decir, sin concurso público. No es la primera vez durante la crisis sanitaria que se lleva una licitación por este mismo procedimiento. Además del relativo al hospital de pandemias, se le han adjudicado otros nueve contratos de este modo por servicios extraordinarios de seguridad en días concretos, ya fuese para controlar accesos en determinadas zonas en las que se iban a realizar pruebas “de Autocovid” o para realizar labores de vigilancia durante las labores de limpieza y desinfección llevadas a cabo durante la primera ola de la pandemia. En total, ingresaron con todas estas adjudicaciones 61.599 euros. A estas nueve licitaciones a dedo, además, se suman otras 57 conseguidas sin competencia en los tres últimos años por valor de 239.059 euros. En este caso, la vía elegida por el Ejecutivo regional fue la de los contratos menores. Y dentro de este grupo hay, por lo menos, un par relativos a “servicios extraordinarios de vigilancia” –no se ofrecen más detalles– durante la actual crisis sanitaria.
Pero el contrato más importante de la Comunidad de Madrid con el que se hizo esta firma durante los últimos años data de abril de 2017. En concreto, es el relativo a la vigilancia y la seguridad de los cientos de Centros Sanitarios de Atención Primaria que se distribuyen por toda la geografía madrileña, adjudicado por 5,49 millones de euros. En esta ocasión, Ariete no se quedó con todo el pastel por el que se presentaron hasta ocho ofertas diferentes. Al concurso público acudió a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras tres firmas más –Aime Seguridad, Premium Central Receptora de Alarmas y Centro Europeo de Formación y Reciclaje–. A día de hoy, son estas cuatro compañías las que se siguen haciendo cargo del servicio. El primer contrato era para un plazo de tres años, prorrogable por el mismo periodo de tiempo. Con el primer tramo a punto de cumplir, la Consejería de Sanidad decidió acordar a finales del pasado mes de mayo una prórroga por otros 12 meses más. Por este año extra, la adjudicataria se embolsará otros 1,86 millones de euros más, por lo que el montante total asciende ya a 7,35 millones de euros.
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Constituida en diciembre de 1995, Ariete Seguridad es una empresa familiar que cuenta desde septiembre de 2017 con Silvia Cruz como administradora única. Sin embargo, su presencia en la firma es mucho anterior. Ocupó el puesto de directora general entre 1999 y mayo de 2011, cuando decidió dar el salto a la política. En las municipales de aquel año, formó parte de la candidatura del PP para el Ayuntamiento de Alcorcón. Salió elegida concejala, un cargo que revalidó nuevamente en la siguiente cita con las urnas. Durante su segunda legislatura en el consistorio madrileño, ocupó el puesto de primera teniente de alcalde, es decir, mano derecha del entonces regidor David Pérez, y responsable de las áreas de Economía, Empleo, Comercio y Mayores. Sin embargo, Cruz no terminó este segundo mandato. Se quedó a la mitad. En julio de 2017, envió una carta al alcalde presentando su dimisión por “motivos personales”. Dos meses después, volvió a la compañía familiar como administradora única. Lo hizo en un momento delicado. Durante ese ejercicio, la facturación se llegó a desplomar un 60%. Al año siguiente, en 2018, entraron en rojos. Una situación que lograron revertir en 2019.
La decisión de adjudicar el servicio en el hospital de pandemias a esta empresa de seguridad ha sido duramente criticada por la oposición. “Lo que estamos viendo con el hospital de pandemias no es solo un plató de televisión obsceno de la señora Ayuso, sino que también es un reality show en directo de cómo se utiliza un bien tan preciado y tan necesario como pueda ser la sanidad pública como plataforma de chanchullos y de reparto de contratos a dedo a empresas amigas”, ha señalado en un vídeo en su cuenta de Twitter la portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Mónica García. Desde la compañía, sin embargo, se defienden. En declaraciones a la Cadena Ser, el padre de la exconcejala y fundador y uno de los accionistas mayoritarios de la firma, Emilio Cruz, se ha preguntado si ya no van a poder tener empresas porque su hija estuviera en la política y ha recordado que cada vez que se hacen con un concurso los llevan “al matadero”. “Hay dos empresas [del sector de la seguridad privada] que trabajamos con la Consejería, a una de las dos nos tenía que tocar”, ha dicho a la emisora.
Con este nuevo contrato de servicios, el precio del hospital de pandemias se incrementa de nuevo casi un millón más. Y eso que todavía quedan por adjudicar la limpieza, alimentación, lavandería o recogida de residuos. Por el momento, la factura sólo por levantar la estructura asciende ya a 100 millones de euros. Casi el doble de lo que se presupuestó en un primer momento. Estos sobrecostes son fruto, según la Consejería de Sanidad, de las “mejoras” incorporadas –aumento de la superficie construida o el aumento de la altura del Centro Logístico Sanitario para su robotización, entre otras–.