Arnaldo trabajó para el Santander mientras era letrado en el Congreso

Enrique Arnaldo mantuvo contratos de defensa jurídica con el Banco Santander mientras fue letrado del Congreso, puesto que el próximo jueves dejará atrás una vez tome posesión como magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Elegido por el PP como uno de sus dos candidatos y aceptado por la coalición de Gobierno, Arnaldo representó en los tribunales desde 2003 y al menos hasta 2019 –año de la última sentencia localizada– a la que antes de la fusión de la Caixa con Bankia era la primera entidad financiera del país. Al mismo tiempo que ejercía como letrado del gigante bancario, Arnaldo asesoraba a la Cámara en materia de legislación aunque ningún documento lo relaciona con las comisiones parlamentarias que pudieran abordar asuntos económicos, tributarios o directamente vinculados al sector financiero.

Como ya publicó infoLibre, entre finales de 2001 y noviembre de 2020, Arnaldo ejerció como administrador solidario de Estudios Jurídicos y Procesales SL pese a que la normativa sobre incompatibilidades prohíbe que un funcionario ostente cargos en empresas con contratos públicos. La suya los tenía. Y alternaba los servicios a administraciones públicas con grandes, medianos y pequeños clientes privados. Un documento de Hacienda incorporado al sumario del caso Matas, por el que Arnaldo permaneció imputado más de un año aunque el juez le exoneró por completo en julio de 2011, indica cuáles de esos clientes privados estaban en cabeza en la primera década del siglo. El Santander era uno de ellos: solo en el periodo 2003-2008, reportó a Estudios Jurídicos y Procesales SL 418.000 euros. 

A preguntas de este periódico, el banco ha declinado precisar cuándo comenzó exactamente Arnaldo a prestarle servicios jurídicos y cuándo finalizó la relación profesional con su despacho. Ha rehusado también aclarar si la entidad conocía que el jurista ocupaba en paralelo una plaza de letrado del Congreso.

Sí ha facilitado datos sobre otro puesto, este vinculado con la docencia, que aparece integrado en la panoplia de actividades profesionales del prolífico Enrique Arnaldo: la dirección de la Cátedra Santander Justicia, adscrita al centro privado Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Fuentes oficiales del Santander aseguran que se trata de una cátedra patrocinada por el banco pero que fue ISDE la que designó quién debía dirigirla. El pasado verano, añaden los portavoces consultados por este periódico, se acabó el patrocinio.

Pero el caso del Santander no es el único. En el ranking de clientes de Estudios Jurídicos y Procesales entre 2003 y 2008 superan a las restantes dos empresas del constructor ya fallecido Francisco Hernando, El Pocero. Ambas figuran como enormes fuentes de ingresos para la firma de Arnaldo y los otros dos abogados que con él formaban un trípode societario. Entre 2005 y 2007, las dos compañías de El Pocero incrementaron los números de Estudios Jurídicos con un total de 1.685.800 euros.

El introductor de Pablo Casado en el centro privado donde acabó con rapidez Derecho

Como publicó El Confidencial, el letrado ha infringido la Ley de Universidades al impartir clases en la universidad pública Rey Juan Carlos (URJC) y en el centro universitario privado Cardenal Cisneros, adscrito a la Complutense. Fue en este último donde el líder del PP, Pablo Casado, terminó la carrera de Derecho.

En 2018 y en una entrevista al diario El Mundo, el antiguo director del Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, contó cómo conoció al hoy presidente de la formación conservadora: "La primera vez que vi a Casado entró en mi despacho acompañado de Enrique Arnaldo, que era profesor de Derecho Político, y de un familiar lejano mío que ya ha muerto,José Pérez de Vargas, que le dio a este chaval Derecho Civil y que era una persona de enorme poder en el Cisneros, que era también presidente del Patronato de la Rey Juan Carlos. Los dos venían a decirme que el chico venía aquí a terminar la carrera".

En la misma entrevista, Pérez de Vargas añadió esto sobre las 18 asignaturas que Casado superó en el Cardenal Cisneros, donde recaló tras haber pasado por el Icade: "Yo creo que sólo se examinó de cuatro o cinco, pienso que el resto se las convalidaron". Este jueves, el exdirector del centro privado ha confirmado a la Cadena SER que todo ocurrió tal como él mismo narró hace tres años.

Con una imagen de persona capaz de facilitar la consecución de objetivos de apariencia difícil –y así le retratan las conversaciones con el expresidente madrileño Ignacio González interceptadas por la Guardia Civil en Lezo, el segundo gran caso de corrupción donde emerge su nombre– Arnaldo enfila la recta final hacia el Constitucional dejando incógnitas sin resolver. Por ejemplo, ¿resulta compatible que un letrado del Congreso ponga de forma simultánea sus conocimientos jurídicos al servicio de la sede de la soberanía popular y de un gigante bancario?

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Desde el momento en que hace menos de un mes trascendió que Arnaldo había permanecido 18 años al frente de una empresa privada, el Congreso se ha atrincherado en el silencio. La duda sigue, por tanto, abierta. El ya virtual magistrado del Tribunal Constitucional sostiene que a su empresa no le afectan los artículos las incompatibilidades previstas en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Estudios Jurídicos y Procesales SL, con la que dijo haber roto amarras en mayo de 2017 aunque en realidad no cesó como administrador solidario hasta noviembre de 2020, no presta servicios a administraciones sino "asistencia jurídica".

Esa es su versión. Respaldado por el Congreso como persona idónea para escalar al TC, Arnaldo se convirtió hace un año en el protagonista de una sentencia donde la Audiencia Nacional dictamina que bajo su presidencia en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) burló nada menos que la Ley de Administraciones Públicas. La vulneración del artículo de ese ley que garantiza el principio constitucional de transparencia en lo que a la imposición de sanciones concierne cierra la puerta de forma taxativa a que el instructor de un expediente disciplinario sea a su vez presidente del tribunal encargado de decidir sobre el resultado final. Catedrático de Derecho

Junto con el contenido de la sentencia enunciada en el párrafo anterior, el único otro dato innegable a día de hoy es este: que no se conocen los términos exactos de la compatibilidad que se le concedió en 2002 para compaginar la abogacía al servicio del Estado y la dirigida a defender intereses privados. Exactamente la resolución donde han de figurar las condiciones exigidas a Arnaldo es la que el diputado socialista Odón Elorza pidió el miércoles al PSOE que reclamara a la Mesa del Congreso. En la votación telemática que finamente ha aupado al TC a los cuatro juristas pactados por el PP y el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, Elorza fue uno de los que rompieron la disciplina de voto.