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Un arrepentido señala como ideólogo del 'narcoblanqueo' al abogado de Puigdemont y no revela si vio a policías antes de incriminarlo

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La declaración prestada en julio por un arrepentido del clan del narco Sito MiñancoSito Miñanco es, por el momento, el episodio conocido que juega en contra del abogado de Carles Puigdemont, imputado por blanqueo de dinero procedente de la droga. El arrepentido, M.A.P.S., de nacionalidad colombiana, señaló a Gonzalo Boye ante la juez que investiga el caso como quien "inventó" y "produjo" los documentos necesarios para aparentar la legalidad de casi 900.000 euros intervenidos en Barajas en febrero de 2017 cuando varias personas –mulas, en el argot de la droga– intentaban sacarlos del país. Prestada a petición propia desde la cárcel y en la que dio datos sobre reuniones con Boye, al menos una de ellas grabada por la Policía, esa declaracion cambió la versión ofrecida por el mismo M.A.P.S. en enero. El arrepentido, cuya concesión de la libertad provisional tras incriminar a Boye presenta el entorno del letrado como un dato relevante, se sometió a un prolijo interrogatorio donde solo rechazó contestar una pregunta: la de si había recibido en prisión la visita de miembros de la Policía.

Boye quedó este miércoles en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante la juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, María Tardón. Eso le permitirá asistir a Puigdemont en Bruselas durante la vista fijada para el día 29 por la euroorden dictada desde España. La Fiscalía había pedido que se restringieran sus movimientos con comparecencias quincenales ante el juzgado. Tardón no lo consideró necesario.

Al abandonar la Audiencia, el abogado lanzó un mensaje: "La gente puede disparar lo que quiera contra mí pero evidentemente, lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad porque no lo hay". Ayer suavizó sus palabras del martes, cuando atribuyó a su relación con Puigdemont lo sucedido. A la pregunta de los periodistas sobre si en su opinión, esta citación puede tener que ver con su condición de abogado del expresident huido de la justicia, dijo: "Quiero entender que no. No debería ser así".

Causa secreta

La citación de Boye como imputado se produce en una causa declarada secreta y en la que, por tanto, no se sabe aún de qué pruebas dispone la Fiscalía Antidroga. En la declaración prestada en julio por M.A.P.S., a preguntas del fiscal, M.A.P.S. señaló con reiteración a Boye como el ideólogo de la fórmula seguida para lograr que el Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) devolviese el dinero intervenido. "Él –declaró en referencia expresa a Boye– se inventa los contratos de los préstamos", préstamos ficticios destinados a "justificar" los pagarés ideados para dar una apariencia lícita al origen del dinero. Con esa declaración, prestada desde la cárcel, M.A.P.S. modificaba la versión que había dado en enero y aportaba detalles de reuniones en las que, según su testimonio, Boye tuvo un papel esencial. El dinero, confesó M.A.P.S. se lo había dado Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Sito Miñanco.Sito Miñanco

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A lo largo de un interrogatorio que duró una hora y 12 minutos, M.A.P.S. respondió todas las preguntas, incluidas 34 del letrado del bufete Boye que representaba a varios investigados, entre ellos José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Fue ese letrado el que le inquirió por si había recibido en la cárcel la visita de miembros de la Policía. "Eh…. No contesto a esa pregunta", fue su respuesta. Poco después, el mismo abogado le preguntó si le han ofrecido alguna cosa "por modificar su versión con respecto a su declaración anterior". Aquí sí contestó: "No, ninguna".

Como publicó infoLibre, Boye envió a la Audiencia Nacional el 31 de julio un escrito donde remarcaba que "fue contratado para recuperar un dinero incautado por la autoridad competente y utilizó para ello documentación proporcionada por quien reclamaba en el expediente administrativo". Es decir, en el expediente abierto por el Sepblac tras la incautación en Barajas de los casi 900.000 euros. ¿Quienes lo contrataron? Pues M.A.P.S. y otro ciudadano colombiano, M.G.R., también involucrado en ese expediente y que, al igual que su compatriota y otras 40 personas del clan de Sito Miñanco, con él mismo en cabeza, terminó cayendo en febrero de 2018 en la llamada Operación Mito. ¿Pero cómo llegaron hasta Boye M.A.P.S y M.G.R? Según fuentes jurídicas, fue Arango, la mano derecha de Miñanco, quien los puso en contacto.

Según sus próximos, Boye –y ese parece el principal argumento que esgrimirá en su defensa– sostiene que se limitó a pedir a sus clientes documentación para reclamar el dinero ante el Sepblac. Pero ni comprobó ni hizo ninguna averiguación para verificar si el dinero procedía de préstamos reales, que es lo que decía un acta de manifestaciones notarial que –asegura– le entregaron y a cuya emisión se declara ajeno. Ni consideró que la presencia de la gente de Sito Miñanco convirtiera en oportuno hacer tal averiguación. Boye sostiene que el artículo 22 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales exime de ello a los abogados en lo que a sus clientes se refiere.

La declaración prestada en julio por un arrepentido del clan del narco Sito MiñancoSito Miñanco es, por el momento, el episodio conocido que juega en contra del abogado de Carles Puigdemont, imputado por blanqueo de dinero procedente de la droga. El arrepentido, M.A.P.S., de nacionalidad colombiana, señaló a Gonzalo Boye ante la juez que investiga el caso como quien "inventó" y "produjo" los documentos necesarios para aparentar la legalidad de casi 900.000 euros intervenidos en Barajas en febrero de 2017 cuando varias personas –mulas, en el argot de la droga– intentaban sacarlos del país. Prestada a petición propia desde la cárcel y en la que dio datos sobre reuniones con Boye, al menos una de ellas grabada por la Policía, esa declaracion cambió la versión ofrecida por el mismo M.A.P.S. en enero. El arrepentido, cuya concesión de la libertad provisional tras incriminar a Boye presenta el entorno del letrado como un dato relevante, se sometió a un prolijo interrogatorio donde solo rechazó contestar una pregunta: la de si había recibido en prisión la visita de miembros de la Policía.

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