El Consejo General del Poder Judicial abordará en las próximas semanas una decisión muy trascendente. La de decidir quién sustituye al conservador Manuel Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La preselección de candidatos ya está hecha y estos ya han realizado sus respectivas entrevistas ante los vocales de la comisión de calificación. Los progresistas apoyan sin fisuras a la magistrada Ana Ferrer, de Jueces y Juezas para la Democracia, mientras que los conservadores prefieren a Andrés Martínez Arrieta (de la moderada Francisco de Vitoria). Este último parte con ventaja porque, de no haber acuerdo entre vocales, ocupará el puesto provisionalmente por la vía de los hechos, al ser el magistrado más antiguo. Pero solo podrá permanecer dos años en el cargo –el mandato es de cinco– al llegar en 2027 a la edad de jubilación.
La Sala de lo Penal, de clara mayoría conservadora, mantiene un duro enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez. Sus magistrados (salvo Ana Ferrer, que redactó un voto particular) se negaron a aplicar la ley de amnistía a los dirigentes del procés condenados por malversación. Actualmente mantienen una causa abierta contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos cuyos tentáculos amenazan con extenderse a Moncloa y, en los próximos meses, tendrán que instruir y enjuiciar el principal asunto de corrupción que afecta al PSOE, el caso Koldo, que investiga los sobornos del comisionista Víctor de Aldama al exministro de Transportes José Luis Ábalos a cambio de un supuesto trato de favor en sus negocios.
Parte de la ventaja de Martínez Arrieta para presidir, aunque sea interinamente esa sala, se debe a los últimos pasos dados por Marchena. El todavía presidente –su mandato termina el 5 de diciembre– presentó en el CGPJ dos escritos hace dos semanas. En el primero, dirigido a la presidenta de ese órgano, la progresista Isabel Perelló expresaba su deseo de cesar en el cargo exactamente en esa fecha y reclamaba que no se le obligara a continuar en funciones hasta la elección de su sustituto. La segunda, dirigida a la comisión permanente, reclamaba a los vocales que, una vez extinguido su mandato, se iniciara el proceso para designar a su sucesor. Perelló, según fuentes del gobierno de los jueces, todavía no ha trasladado al Pleno la instancia de Marchena que reclama su cese inmediato. Esas mismas fuentes recuerdan que debe ser ese órgano –formado por los 20 vocales y su presidenta– el que tiene que aceptar su salida al ser el que lo designó hace ahora cinco años.
En paralelo, el Consejo sigue los trámites para la designación de su sucesor con dos candidatos, la progresista Ana Ferrer y el moderado Andrés Martínez Arrieta. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar apoyan como un solo hombre a la primera no solo por sus méritos sino también por el hecho de que se avanzaría en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley de paridad, en vigor desde el pasado septiembre. Ferrer fue, además, la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal en abril de 2014. Los conservadores, por su parte, se inclinan por Martínez Arrieta y consideran que su nombramiento constituiría un reconocimiento a su trayectoria. El magistrado lleva 36 años en la Sala de lo Penal del Supremo y es el más antiguo de toda la carrera judicial. Los progresistas valoran esos méritos pero subrayan que, en poco más de dos años, cumplirá los 72, con lo que tendrá que jubilarse y prefieren a alguien como Ferrer, que pueda defender un programa a cinco años.
El hecho de que Martínez Arrieta sea el magistrado más antiguo de la sala, unido a la voluntad inequívoca de Marchena de no permanecer como presidente ni un día más tras el próximo 5 de diciembre, dan al primero todas las papeletas para convertirse en nuevo presidente de forma interina, una vez que el Pleno apruebe el cese inmediato de Marchena, al que la comisión permanente concedió ayer la plaza del magistrado jubilado Miguel Colmenero. Así, por la vía de los hechos, el magistrado moderado ascendería al puesto al que aspira aunque fuera provisionalmente.
Los progresistas confían sin embargo en que se produzca un pacto cuanto antes para acabar con la situación de interinidad y aspiran a colocar a su candidata. Para ello, los vocales a propuesta del PSOE y Sumar creen que a la negociación de la presidencia de la Sala de lo Penal se deben sumar también las de las otras tres presidencias en liza (las de lo Contencioso, lo Social y lo Civil). Todos los elegidos o elegidas formarán parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, un órgano con once miembros de los que solo dos son mujeres: la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló, y la magistrada de lo Contencioso Esperanza Córdoba. Además de Ferrer, que aspira a presidir la Sala de lo Penal, otras dos mujeres optan a presidir sus salas: Pilar Teso (Contencioso-Administrativo) y Concepción Ureste (Social). Para dirigir la Sala de lo Civil, solo se ha presentado un hombre, Ignacio Sancho. Elegir, por tanto, a mujeres permitiría acercarse al reparto de 40%-60% en la Sala de Gobierno que exige la ley de paridad.
En todo caso, de las cuatro presidencias que se deben cubrir, dos de ellas tienen un peso específico mayor: la de lo Penal –que se encarga de las investigaciones y los juicios contra los aforados– y la de lo Contencioso, que dirime todos los conflictos administrativos contra las decisiones del Gobierno –hasta el punto de que puede anular sus decretos– y demás organismos públicos (también del CGPJ). De los cuatro candidatos a ocuparlas, tres sonaron ya como aspirantes a presidentes del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Ferrer y Teso fueron los nombres propuestos por los vocales a propuesta del PSOE y Sumar para dirigir el órgano de gobierno de los jueces, mientras que Pablo Lucas era, en principio, el preferido de los propuestos por el PP. El desacuerdo se rompió el pasado septiembre, cuando los conservadores pusieron sobre la mesa el nombre de la progresista Perelló, que finalmente resultó elegida.
Si, como ocurrió el pasado verano, los consejeros conservadores vuelven a vetar a Ferrer (esta vez para dirigir la Sala de lo Penal), la presidencia interina de Martínez Arrieta podría prolongarse todo el tiempo que se extienda la negociación entre ambas sensibilidades. Ese es uno de sus ases en la manga: la posibilidad de imponer a su candidato para el puesto, aunque sea en funciones, bloqueando el nombramiento. La cuestión es si tras más de cinco años con una renovación del CGPJ bloqueada por el PP, y en el que ese órgano no pudo ejercer su potestad de designar discrecionalmente a los cargos judiciales más importantes, pueden permitírselo o deciden pasar página. Está en juego la presidencia de la más alta instancia para las causas criminales en España. La de la amnistía. La de Ábalos.
El Consejo General del Poder Judicial abordará en las próximas semanas una decisión muy trascendente. La de decidir quién sustituye al conservador Manuel Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La preselección de candidatos ya está hecha y estos ya han realizado sus respectivas entrevistas ante los vocales de la comisión de calificación. Los progresistas apoyan sin fisuras a la magistrada Ana Ferrer, de Jueces y Juezas para la Democracia, mientras que los conservadores prefieren a Andrés Martínez Arrieta (de la moderada Francisco de Vitoria). Este último parte con ventaja porque, de no haber acuerdo entre vocales, ocupará el puesto provisionalmente por la vía de los hechos, al ser el magistrado más antiguo. Pero solo podrá permanecer dos años en el cargo –el mandato es de cinco– al llegar en 2027 a la edad de jubilación.