El último caso de privatización sanitaria en Madrid ya está sobre la mesa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid han presentado este viernes ante el organismo una denuncia por la cesión por parte del Ministerio de Defensa de un edificio público a la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud. El proceso, a juicio de los denunciantes, no fue debidamente justificado. Ni tampoco cumple con los requisitos de transparencia. Por eso quieren que la CNMC dirima si se "ha cumplido con todas las exigencias legales" y si se han respetado "los principios de la contratación pública y el interés general".
La historia se remonta al pasado mes de enero. Fue entonces cuando terminó el proceso de licitación de un edificio contruido en 1950 bajo el nombre de Hospital del Generalísimo Franco y con uso militar hasta 2001, cuando se cerró y quedó en desuso. Se trata de un complejo hospitalario de más de 24.000 metros cuadrados por los que la Fundación Jiménez Díaz abonará 170 millones de euros de forma periódica. Y podrá gestionarlo, así, durante 75 años.
En estas cifras están los argumentos de la denuncia presentada este viernes. Empecemos por la primera. Según las organizaciones en defensa de la sanidad pública denunciantes, el importe pactado es una "contraprestación inusualmente baja", puesto que supone una cuota mensual de 8 euros por metro cuadrado, una cifra que no se corresponde de ningún modo a la zona en la ciudad de Madrid en la que se levanta el complejo —se encuentra en pleno barrio de Chamberí—. Según Vicente Losada, de Audita Sanidad, ese precio "está entre tres y cuatro veces por debajo" del habitual allí.
Pero es que además ni siquiera se contempla su actualización correspondiente a la posible inflación. "170 millones ahora no serán 170 millones dentro de 70 años", lamenta Losada. Esta circunstancia, calculan los denunciantes, "podría representar una pérdida para el erario público del 80,1% en los próximos 25 años sobre el precio anual, y sucesivamente mayores pérdidas aún durante los restantes 50 años del contrato".
Falta de justificación y transparencia
En cualquier caso, y más allá de ello, las organizaciones en defensa de la sanidad pública lamentan que la justificación por la que se ha hecho el concurso es "vaga y genérica". Únicamente, señalan, se recoge "la necesidad de dar uso al inmueble vacío". "En esta concesión demanial no existe estudio de necesidades ni consulta previa con otras administraciones que pudieran aportar sus demandas y evaluar la mejor opción entre ellas", recoge la denuncia, consultada por infoLibre. No se especifica por qué ahora, ni por qué a una fundación privada, ni por qué a 75 años, ni por qué con esos criterios, ahondan. "¿No habría sido más lógico mantenerlo como infraestructura para el saturado sistema público de salud madrileño, por ejemplo?", se preguntan.
Por otro lado, apuntan a la falta de transparencia. Porque sólo se presentó un licitador, la UTE [Unión Temporal de Empresas] Jiménez Díaz, de la cual no se han hecho públicas las empresas que la forman. "Por otra parte, el máximo legal de duración de una UTE es de 25 años, lo cual choca con el hecho de que a ésta se le ha concedido la concesión por 75 años".
El Gobierno de Ayuso cede en los tribunales ante Quirón y se pliega a pagarle otros 85 millones
Por último, "no se establecen los servicios que la concesionaria podrá subcontratar ni los términos en los que deberá hacerlo". "Se establece una disposición 'en blanco' que deja manos libres para realizar y disponer del edificio con plena libertad y sin sujeción real a ningún control durante 75 años", completan en la denuncia.
Por todo ello solicitan que se investigue para saber si la concesión "ha cumplido con todas las exigencias legales y se han respetado los principios de la contratación pública y el interés general". infoLibre se puso en contacto con el Ministerio de Defensa y Quirón para conocer su reacción a la noticia, pero todavía no ha recibido respuesta.
El grupo Quirón es el gran líder del negocio sanitario de nuestro país. Sobre todo después de la pandemia, cuando su facturación creció un 22%.
El último caso de privatización sanitaria en Madrid ya está sobre la mesa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid han presentado este viernes ante el organismo una denuncia por la cesión por parte del Ministerio de Defensa de un edificio público a la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud. El proceso, a juicio de los denunciantes, no fue debidamente justificado. Ni tampoco cumple con los requisitos de transparencia. Por eso quieren que la CNMC dirima si se "ha cumplido con todas las exigencias legales" y si se han respetado "los principios de la contratación pública y el interés general".