Asociaciones de jueces piden al Parlamento que la ley sea más estricta con la puerta giratoria entre la justicia y la política

Las asociaciones de jueces Francisco Vitoria y Jueces para la Democracia consideran que la normativa que regula los motivos de abstención e inhibición de los jueces que retornan a la magistratura tras desempeñar cargos políticos debería ser más estricta, con la intención de evitar una posible apariencia de parcialidad cuando juzguen a los partidos políticos.

"La ley debería precisar un poco más algunas de las causas de incompatibilidad", explica el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero. En similares términos se expresa el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que al igual que Sexmero considera que en uno de los supuestos, el de "amistad directa y manifiesta", habría que especificar "un poco más".

Precisamente, esta semana el magistrado Alfonso Guevara Marcos decidió apartarse del tribunal que examinará los recursos presentados por 14 imputados en la causa en la que se investiga el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia por su "amistad" con dos de ellos, el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y el de Renfe Miguel Corsini.

Corrupción del PP

infoLibre se ha puesto en contacto con las principales asociaciones de jueces y magistrados tras conocerse que el tribunal que juzgará la primera pieza de la trama Gürtel, el caso de corrupción más importante de la democracia ligado a un partido político, estará compuesto por los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, cuyo nombramiento como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue promovido por el Partido Popular. Esta formación política afronta una posible condena en Gürtel como responsable civil subsidiario del caso. 

Según el escrito de acusación, el partido presidido por Mariano Rajoy se habría beneficiado de más de 300.000 euros de la red corrupta, que supuestamente fueron utilizados por el PP de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Además, 16 excargos del PP afrontan penas de cárcel de más de 360 años, al mismo tiempo que también la exministra Ana Mato podría ser considerada responsable civil subsidiaria.

Sin embargo, el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, que es mayoritaria entre los jueces, considera que los motivos de abstención están absolutamente definidos, son extensos y están perfectamente detallados: "El problema es que hay personas a las que no les gustan los motivos de incompatibilidad". 

Los tres portavoces de las asociaciones de jueces aludieron al caso de Enrique López, un magistrado habitual de los cursos de la fundación FAES, presidida por José María Aznar, y que fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. "De Enrique López digo lo mismo que cuando [el excargo del PSOE] José de la Mata se hizo cargo del caso Gürtel. Todos los jueces son conscientes de que todas las resoluciones tienen que dictaminarse conforme a derecho. Y están obligados a motivarlas", explica Llarena, que no ve ningún motivo para que López no sea el ponente del tribunal. 

Pero el caso de De la Mata citado por Llarena no es único entre los magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central número 6, Eloy Velasco, fue cargo en el Gobierno valenciano del PP que presidió Eduardo Zaplana. El propio Eloy Velasco es el instructor de la operación Púnica, en la que están imputados numerosos cargos del PP, entre los que se encuentra el exnúmero dos del PP madrileño Francisco Granados, que permanece en prisión desde el 27 de octubre. 

"Una norma constitucional"

Llarena reconoce que los dos magistrados, Enrique López y Concepción Espejel, fueron nombrados vocales del Poder Judicial "en cumplimiento de una norma constitucional", que indica que al menos 12 de los vocales tienen que ser jueces: "Y además las Cámaras los eligieron tras un análisis de todos los partidos".

Pero el caso de López y Espejel, el de magistrados promovidos por un partido político no es excepcional, habida cuenta de que también el PSOE, IU y CiU han promovido la entrada en el Poder Judicial de magistrados que han acabado formando parte del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como por ejemplo es el caso de Javier Martínez Lázaro (PSOE) y de Ramón Sáez Valcárcel (IU).

Por su parte Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, asegura que la implicación de un juez en los cargos públicos no es nada negativo. Y reitera que la normativa "no está bien regulada". Y por eso los dos magistrados, López y Espejel, van a decidir en una causa que afecta al PP.

No obstante, Bosch destaca que el total de asuntos en los que se pueden dar estas incompatibilidades es "irrelevante", aunque "sí es verdad" que los pocos casos que se dan pueden llegar a tener una gran relevancia pública: "Por lo que sería necesario disponer de un sistema más claro de abstención y recusación, para evitar que un juez pueda asumir asuntos en los que la sociedad desconfíe de sus intenciones. Hay instrumentos de sobra, pero el poder político no han querido".

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Privilegios de los jueces

Los portavoces de las tres asociaciones sí coinciden en criticar los "privilegios" de los jueces que se reincorporan a sus puestos tras pasar por la política. "Tras reincorporarse en los concursos, como mérito judicial les supone un beneficio, pues tienen una reserva de plaza. Y su paso por la política cuenta como si hubieran estado ejerciendo la judicatura", explica Bosch, de Jueces para la Democracia.

"No es normal que a un juez que se va a la política se le guarde la plaza durante años", completa Sexmero, que al igual que el portavoz de la Asociación de la Magistratura, Pablo Llarena, considera que un juez que vuelve a su empleo tras años sin ejercer puede tener problemas para estar al día en su profesión.