Cataluña ante el 1-O

La Audiencia de Barcelona expulsa al Ayuntamiento de la causa por las cargas del 1 de octubre

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional durante las protestas de este viernes en Barcelona.

infoLibre

La Audiencia de Barcelona ha decidido expulsar al Ayuntamiento de la capital catalana de la causa que el Juzgado de Instrucción 7 instruye por las cargas policiales del 1-O, en la que el consistorio estaba personado como acusación popular.

En un auto notificado este jueves al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia ha estimado el recurso de la Abogacía del Estado -al que se adhirió la Fiscalía- argumentando que hace falta una "habilitación expresa con rango de ley" para que el Ayuntamiento se pueda personar como acusación popular en determinadas causas penales.

El tribunal ha recordado que el 22 de noviembre se convocó en la Audiencia un pleno no jurisdiccional para unificar el criterio de todos los magistrados en esta materia. Por unanimidad, se acordó que "la personación como acusación popular de una persona jurídico pública exige una habilitación expresa con rango de ley que delimite objetiva y subjetivamente el ejercicio de la acción penal, sin que se acepte una mera conexión entre el delito y el ejercicio de competencias atribuidas al ente público". Además, la Sección Tercera cita jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que establece que "la acción popular es una concesión a la participación del pueblo en la Justicia; no a la participación de más poderes en la Justicia".

En declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press, el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación de Barcelona, Marc Serra, ha informado de que el Ayuntamiento ha recibido el auto con la decisión del tribunal este jueves. "Es una muy mala noticia para los más de 300 vecinos heridos el 1 de octubre", ha subrayado Serra sobre la resolución.

El concejal ha destacado que si dos años después del 1-O la causa sigue abierta es gracias al Ayuntamiento y ha resaltado que "se ha conseguido identificar a 50 agentes que ya están imputados", entre ellos mandos policiales. "Si no hubiera sido por esta acusación popular, hoy esta causa estaría cerrada", ha dicho, y ha acusado a la Fiscalía de estar casi obstruyendo la investigación.

Serra ha explicado que existe un "debate jurisprudencial y doctrinal sobre la legitimación de las administraciones públicas" en el ejercicio de la acusación popular, y ha recordado que el juez de Instrucción 7 y la Sección Tercera de la Audiencia habían considerado que el Ayuntamiento tenía legitimidad para estar personado en la causa.

Criterio "muy restrictivo"

Ha considerado que el criterio establecido por el plenario de la Audiencia es "muy restrictivo" pero ha valorado que la instrucción ya se encuentra en una fase muy avanzada y que ya hay un dibujo claro de la intervención de los agentes y la cadena de mando el 1-O.

Precisamente este jueves por la mañana, cuatro inspectores de la Policía Nacional han declarado como investigados en Instrucción 7 que recibieron órdenes de actuar sobre las 8 horas del 1-O procedentes de un superior, al que se han referido con el indicativo policial Marte y han ubicado en el Centro de Coordinación.

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Serra ha asegurado que la ciudadanía no entiende la decisión de la Audiencia: "La ciudadanía no entiende cómo puede ser que un partido político fascista como Vox esté en el Supremo en la causa judicial contra los presos políticos, cómo puede ser que esté ejerciendo la acción popular, y en cambio un Ayuntamiento de Barcelona que trabaja en la defensa de los derechos humanos y que trabaja con el único interés de reparar a los 300 vecinos y vecinas heridos se le haya expulsado de una causa como esta".

   

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