La Audiencia Provincial de Madrid ha abierto una investigación por las actuaciones de las detectives que fueron contratadas para vigilar a la víctima de La Manada durante tres meses posteriores a la agresión sexual sufrida en los San Fermines de 2016.
Hace unas semanas el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid archivaba la denuncia presentada por la mujer, acusando a las detectives por un delito de revelación de secretos contra la intimidad personal. El juez instructor consideró que las detectives, que llegaron a fotografiar a la víctima junto a cinco amigos en la piscina de su urbanización, en el vestíbulo de su portal y también en un restaurante con su familia, según informa El Periódico, no vulneraron su intimidad porque "recabaron datos e imágenes en lugares públicos".
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La sección número 14 de la Audiencia Provincial de Madrid, en cambio, sí aprecia “indicios de delito” en los seguimientos realizados cuando ella trataba de rehacer su vida, que fueron utilizados para desacreditar a la joven.
La familia de Alfonso Cabezuelo, el militar condenado a 15 años de prisión por el caso de La Manada, habría contratado a través de la empresa Cassol a dos detectives para espiar a la víctima. El fallo dicta que "no solo accedieron a la identidad y domicilio de la víctima, que debía de estar protegido por el secreto sumarial, sino que en el curso de la investigación accedieron a chats privados chatsde esta, y en la piscina de su domicilio, sin el consentimiento debido, tomaron instantáneas de la misma".
El abogado de los cinco acusados por el caso de La Manada utilizó los informes elaborados por las detectives en la defensa de los agresores, pero la documentación quedó fuera de procedimiento. Sin embargo, la Audiencia de Madrid concluye que "la víctima debería de haber estado protegida en su intimidad y dignidad, durante la sustentación del proceso, y por quienes tienen la obligación legal de garantizar esa protección.
La Audiencia Provincial de Madrid ha abierto una investigación por las actuaciones de las detectives que fueron contratadas para vigilar a la víctima de La Manada durante tres meses posteriores a la agresión sexual sufrida en los San Fermines de 2016.