Conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, SMS, correos electrónicos, documentos incautados a la trama e incluso datos de localización telefónica. Numerados, fechados y desmenuzados en 41 puntos, los indicios fácticos de delito reunidos por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, amenazan desde este lunes al presidente de Murcia con una segunda imputación, adicional a la que ya pesa sobre él por el llamado caso Auditorio. En la resolución, que coloca a Sánchez en el disparadero en vísperas de la moción de censura anunciada por los socialistas, el juez de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Superior de Murcia (TSJM) que investigue al político por los presuntos delitos de cohecho (soborno), fraude a la Administración y revelación de información reservada.
Apoyándose en los hechos plasmados en esos 41 indicios, Velasco concluye que el presidente murciano no solo se concertó (fraude a la Administración) con la trama para adjudicarle un contrato público destinado a la realización de trabajos reputacionales "de carácter privado" (cohecho) sino que le facilitó información de la Consejería a cuyo frente estaba, la de Educación, "que no podía ser conocida" por sus destinatarios (revelación de información reservada). Según él juez, Sánchez sabía que aquello quedaba extramuros de la labor institucional e implicaba pagar con fondos públicos un trabajo de limpieza de imagen personal. "Él era consciente", escribe el magistrado.
El juez esgrime los 41 indicios mencionados así como la declaración de dos investigados en la causa como constatación de que solo el estallido de la Operación Púnica, el 27 de octubre de 2014, impidió que la Administración autonómica pagase "3.000 pavos" mensuales a la trama por "mejorar y limpiar" la "estima particular" del hoy presidente y entonces consejero de Educación de Murcia antes de las elecciones autonómicas de 2015.
Sánchez, sostiene Velasco, buscaba "conjurar" así el riesgo que las noticias "vinculadas a aspectos de corrupción urbanística" ya representaban entonces para su ascenso político. El magistrado remarca cómo "prueba del concierto de voluntades fueron las al menos cuatro reuniones presenciales" a las que asistió Pedro Antonio Sánchez, en algunos casos de forma "cuasi clandestina" y fuera de las instalaciones oficiales de la Consejería de Educación. La secuencia de indicios aportados por el juez al TSJM se abre precisamente con la referencia a un correo electrónico incautado en el domicilio de Alejandro de Pedro y que constituye un "recordatorio" de la reunión que mantuvo el 11 de junio de 2014 "entre las 16.30 y las 17.30" con Pedro Antonio Sánchez.
Bajo el argumento de que ni se produjo daño para las arcas públicas ni "puede establecerse" que el hoy presidente murciano llegara a concertarse con la trama -lo que constituiría el delito de fraude a la Administración- para que lavase su imagen privada a cambio de fondos públicos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó en febrero a Anticorrupción oponerse a la imputación de Pedro Antonio Sánchez. Pero Velasco no solo ha decidido seguir adelante sino que la exposición razonada que dirige al TSJM invoca en apoyo de sus tesis una sentencia de la que fue ponente el mismo José Manuel Maza cuando ocupaba una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo.
Datada en 2014, esa es la sentencia del llamado caso Can Domenge [pincha aquí para leerla], que condenó en firme a la expresidenta del Parlamento balear, Maria Antonia Munar y a otros cuatro acusados. En esa resolución, Maza adujo que el delito de revelación de información reservada, presente en aquella causa al igual que el de fraude a la Administración, quedaba fuera de toda duda. ¿Por qué? Porque los beneficiados por la venta a bajo precio de un suelo público habían tenido acceso, para empezar, a "la ya inicial comunicación de que se pretendía enajenar la finca". Y, para continuar, se le fueron trasladando "informaciones concernientes a las iniciativas, criterios, presupuestos y orientaciones que se estaba dispuesto a admitir, introducir, aportar, rechazar o rectificar".
La analogía entre las peripecias de Munar y sus cómplices con lo sucedido en Murcia queda reflejada en parte de los 41 indicios que recoge Velasco, quien subraya que el delito de fraude "se consuma con el mero acuerdo o concertación con un interesado en algún contrato público" incluso si dicho contrato no llega materializarse.
El relato que traza el juez para documentar los indicios de delito incluye desde la transcripción de conversaciones cazadas por la Guardia Civil y que demuestran los avatares de la negociación con Pedro Antonio Sánchez y los suyos sobre el plan de limpieza de imagen hasta los datos de localización por repetidor del teléfono de Alejandro de Pedro, el gran experto de la trama Púnica en "reputación online",y que demuestran que el 24 de octubre de 2014 estaba donde le había dicho previamente a uno de sus empleados que iba a estar ese día: en la Consejería de Educación reunido con Pedro Antonio Sánchez.
"A este hay que limpiarle la reputación"
El 'pacto de las lentejas' se le atraganta a Rajoy: C's dobla el pulso al PP cuatro veces en un mes
Frente al argumento exculpatorio utilizado por Anticorrupción y según el cual las investigaciones "entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional", Velasco no alberga dudas: Sánchez, mantiene el juez, se concertó con Alejandro de Pedro y su equipo para le limpiaran su imagen "y así poder presentarse a aspirante a presidir el Gobierno autonómico, como finalmente consiguió". Pero nada de eso "lo sufragó con su dinero particular ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su gabinete de prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona". "Y él era consciente", apostilla aquí Velasco en alusión directa al presidente murciano.
El juez cita, uno a uno, el contenido de 13 correos electrónicos. Y transcribe la parte sustancial de los diálogos sostenidos por De Pedro y su socio, José Antonio Alonso, a lo largo de seis llamadas. En una de ellas, y en referencia a Pedro Antonio Sánchez, el socio de Alejandro de Pedro habla sin tapujos sobre el carácter personal y no institucional del trabajo que planean desarrollar: "A éste hay que limpiarle la reputación, este pura y dura reputación".
En la panoplia de indicios desplegada por Velasco ocupan una posición destacada y extensa los 11 imessage (una variante de los SMS) cruzados entre el 21 de septiembre de 2014 y el 23 de ese mismo mes por Pedro Antonio Sánchez y Alejandro de Pedro. De esos 11 mensajes, reproducidos de manera íntegra en la exposición razonada, "se desprende un interés del político por reunirse con Álex [Alejandro de Pedro], cosa que finalmente culminaron en un bar cercano al hotel donde se alojaba este en su visita a Madrid".
Conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, SMS, correos electrónicos, documentos incautados a la trama e incluso datos de localización telefónica. Numerados, fechados y desmenuzados en 41 puntos, los indicios fácticos de delito reunidos por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, amenazan desde este lunes al presidente de Murcia con una segunda imputación, adicional a la que ya pesa sobre él por el llamado caso Auditorio. En la resolución, que coloca a Sánchez en el disparadero en vísperas de la moción de censura anunciada por los socialistas, el juez de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Superior de Murcia (TSJM) que investigue al político por los presuntos delitos de cohecho (soborno), fraude a la Administración y revelación de información reservada.