El nuevo Ayuntamiento de Leganés (PP) mantiene vivo el caso contra el ‘Protocolo de la Vergüenza’ de Ayuso

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El Ayuntamiento de Leganés, gobernado ahora por el Partido Popular, ha formalizado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de ese municipio, según fuentes del Alto Tribunal.

La anterior corporación de Leganés, en manos del PSOE, llevó a los tribunales un recurso contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó esa denuncia del ayuntamiento por la “inactividad” en la medicalización de las residencias. Ante esta situación, se decidió acudir al Tribunal Supremo. 

Y ese recurso de casación fue admitido a trámite por parte del Tribunal Supremo el pasado 20 de julio, que entiende que sí hay motivos para estudiar el caso denunciado en su día por el Ayuntamiento. Pero para seguir el proceso hacía falta otro paso: que el propio consistorio formalizara ese recurso de casación presentando un nuevo escrito con todos los argumentos tras el ‘sí’ del Alto Tribunal.

Pero desde el inicio del procedimiento judicial se ha producido un movimiento político que podía cambiar todo: el Ayuntamiento, tras el 28M, pasó a estar gobernado por el Partido Popular (con Miguel Ángel Recuenco al frente de la Alcaldía) con un pacto de gobierno con el partido independiente de Unión por Leganés (ULEG). Por lo tanto, se trata de un ayuntamiento dominado por los populares que tiene una causa abierta contra el Ejecutivo de Díaz Ayuso en el Supremo.

Desde el consistorio no han querido aclarar el paso dado por en el Supremo en esta batalla legal y se han limitado a expresar fuentes del equipo de alcalde que se remitían a las declaraciones hechas en su día por el regidor: “Dije, repito y mantengo, el alcalde de Leganés no va a interferir en la decisión que tenga que tomar el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Leganés”.

La vía del Supremo tras el rechazo del TSJM

Pero el paso sí se ha dado finalmente y, como confirman fuentes del Tribunal Supremo a infoLibre, el recurso de casación fue formalizado en la plaza de las Salesas el pasado 10 de octubre, a pesar de que se podía haber retirado. Esto supone un paso más para llevar a juicio al Gobierno de Ayuso por su gestión de las residencias, en aplicación del denominado Protocolo de la Vergüenza, en un municipio donde se calcula que murieron 270 personas por covid en los geriátricos.

El recurso es otro frente judicial para la Puerta del Sol en los tribunales por las residencias después de que este mismo mes un juzgado de Collado Villalba haya reabierto una causa dirigida contra la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero por las muertes que se produjeron durante la pandemia en el centro residencial Torrelodones-Sanitas Mayores. En el auto se ha ordenado practicar diligencias, pero si se hayan indicios, se elevará a un tribunal superior por sus condiciones de aforados. La dirigente popular comentó entonces a los medios, tras conocer la noticia, que “no tiene recorrido” y que espera su archivo.

En el caso del Ayuntamiento de Leganés se recurre contra la Consejería de Sanidad con motivo, según consta en el recurso de casación que se presentó en el Tribunal Supremo, de la “inactividad” de la Administración por “falta de adopción de medidas relativas a las residencias de mayores y centro socio-santiarios ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, respecto a las residencias de mayores situadas en el municipio”.

En el primer paso que se dio en el Supremo el Ayuntamiento señaló que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “se considera, con todo respeto, no ajustada a derecho, siendo gravemente lesiva a los intereses generales, y afecta a un gran número de situaciones, tanto en sí misma considerada, como por trascender el caso objeto del proceso”.

El consistorio en su recurso señalaba que el Gobierno de Díaz Ayuso no había cumplido con las obligaciones que se recogían en la orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo de 2020, en la que, en su segundo apartado, solicitaba la “adopción de medidas relativas a las residencias de mayores y centro socio-sanitarios ante la situación de crisis sanitaria”. Además, se denunciaba que no se obedecieron las propias instrucciones de la Consejería madrileña de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad que pedían un refuerzo para estos centros.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó los recursos de Leganés y del Ayuntamiento de Alcorcón al entender que esas directrices no eran de obligado cumplimiento. Esto supuso un giro en la doctrina del TSJM que cuando se presentaron los recursos por “inactividad” en 2020 sí dictaron medidas cautelarísimas en las que se instaba a la Consejería de Sanidad a medicalizar las residencias de los municipios y a dotarlas de más medios para proteger a los internos y trabajadores.

El TSJM adoptó, así, la tesis que la Comunidad de Madrid defendió desde que empezó el proceso en abril de 2020: no existía "como tal una obligación de dotar de un uso sanitario a los centros residenciales", dijeron en respuesta a la demanda de estos ayuntamientos. Por eso el Ayuntamiento de Leganés decidió no cerrar la puerta e intentar la vía del Supremo cuando gobernaba el PSOE.

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Los partidos de la oposición actual de la izquierda siempre han tenido el temor a que el actual equipo de gobierno del PP retirara, como tiene competencias, ese recurso del Supremo y decidiera dejar de dar la batalla contra la Comunidad de Madrid. Desde el PSOE se solicitó sin éxito al alcalde que confirmara si se había dado este paso jurídico o no. En una moción celebrada en septiembre los populares votaron en contra de que se siguiera este procedimiento mientras que se posicionaron a favor PSOE, Podemos, Más Madrid, Vox y ULEG.

Con este recurso, el Ayuntamiento de Leganés, una de las joyas del PP de Madrid en el sur, se convierte en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Recuenco fue una de las principales apuestas de la presidenta madrileña durante las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo en su objetivo de afianzarse en lo que era el cinturón rojo madrileño.

De hecho, la plaza de toros de Leganés fue el lugar escogido por Ayuso para hacer uno de sus grandes actos durante aquella campaña y donde presentó a todos sus candidatos en el sur. Aquel día Recuenco, junto a Ayuso, lanzó en un baño de masas este mensaje:  “La Comunidad de Madrid apuesta por el sur y por Leganés. Tenemos grandes problemas compartidos, nuestras calles están sucias y no son seguras y, por culpa de los últimos años de gobiernos socialistas, no ocupamos el lugar que nos corresponde. Los alcaldes socialistas nos quieren empobrecidos en todos los sentidos, políticamente les beneficia, porque un ciudadano próspero es un ciudadano libre y no está a expensas de la propaganda y los favores del PSOE. El sur está atascado por los socialistas y no lo vamos a permitir. Vamos a ganar Leganés, la zona sur y la Comunidad. Y lo vamos a hacer porque tenemos más ganas que nadie, como dice nuestro eslogan”.

El Ayuntamiento de Leganés, gobernado ahora por el Partido Popular, ha formalizado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de ese municipio, según fuentes del Alto Tribunal.

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