Los ayuntamientos podrán gastar hasta 300 millones de euros de su superávit en atención social

El Gobierno ha aprobado este martes la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan invertir hasta 300 millones de euros de su superávit en partidas de atención social de colectivos afectados por la expansión del Covid-19, como había reclamado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fuentes del Gobierno han informado a Europa Press de que esta es una de las medidas que contempla el plan de choque social incluido en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, con medidas para hacer frente al impacto social y económico de la pandemia en los ciudadanos y la economía española.

Este plan, cuyo impulso reivindica Unidas Podemos y los Ministerios que controla el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, contará con una inversión de 600 millones de euros, tal y como ha informado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esos 600 millones, la mitad procederán del superávit que inviertan los ayuntamientos, gracias a la flexibilización de la regla de gasto, en cuestiones que tengan que ver con atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus.

Precisamente la FEMP reclamó este lunes al Gobierno que permitiera a las entidades locales gastar el superávit que tienen en medidas que hagan frente a la situación, mediante la flexibilización de la regla de gasto, una de las limitaciones de la Ley de Estabilidad para controlar el déficit de las administraciones públicas y que hace tiempo que los ayuntamientos piden que se relaje para ellos.

Finalmente, el Gobierno ha aceptado permitir el gasto de hasta 300 millones de euros. No obstante, según los datos facilitados por la FEMP el pasado febrero, se calcula que los ayuntamientos cerrarán 2019 con entre 4.000 y 5.000 millones de euros de superávit, que se sumarán a los remanentes de años anteriores hasta rondar los 26.000 millones de euros.

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Fondo de contingencia de servicios sociales de 300 millones

Dentro de ese paquete social también figura la creación de un fondo especifico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes, dotado con 300 millones de euros.

Asimismo, como medidas de apoyo a las familias, se incluye la moratoria en el pago de hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Covid, la moratoria en el pago de suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables, y la prórroga automática hasta septiembre del bono social a los hogares beneficiarios.