El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado claro este martes en rueda de prensa conjunta con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que “con la salud pública no se negocia". “Lo único que nos importa es la salud pública, como a la mayoría de los españoles. Con la salud pública no se negocia: no queremos ciudadanos en las UCI. Pensamos mucho en los sanitarios, en las familias que tienen personas enfermos, y por tanto esto nos lleva a decir que aquí hay que actuar en clave sanitaria", ha asegurado el ministro, en medio del pulso que mantienen el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central a raíz de la situación epidemiológica en la capital y el decreto del estado de alarma.
“Yo escucho muchos argumentos frente a la izquierda, escucho muchos argumentos de derechas, pero no escucho ningún argumento sanitario. Y al virus se le vence con criterios sanitarios”, ha incidido Illa, minutos después de que Isabel Díaz Ayuso asegurara en rueda de prensa en la Real Casa de Correos que “los madrileños no podemos ser rehenes” y desvelara que su equipo jurídico estudia si llevar a los tribunales el estado de alarma decretado por el Gobierno. En este sentido, el ministro ha argumentado que Sanidad no va a “entrar en polémicas estériles”, y que solo van a hablar de sanidad “porque tenemos un problema de salud pública que hay que abordar desde la salud pública”. “Podemos cruzarnos de brazos, o podemos ganarle al virus”.
El conflicto entre ambos gobiernos se ha agravado este martes después de que Salvador Illa asegurara, durante una entrevista en la Ser, que “no se dan las circunstancias para levantar el estado de alarma en Madrid", y apuntara al necesidad de “bajar la incidencia acumulada por debajo de 200, no de 500", como hasta ahora. “Si a lo largo de la semana se dan en algún municipio, pediré en el Consejo de Ministros levantar el confinamiento perimetral en ese municipio", ha incidido el ministro.
Ayuso cree que ante la salud "siempre" hay que ser prudentes pero también ante la economía: "No solo se muere de covid"
Estas palabras no han sentado bien en el Ejecutivo autonómico, que ha convocado la tarde del martes una rueda de prensa con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que han insistido en la necesidad de derogar el estado de alarma, decretado el pasado 9 de octubre, para el que estudian tomar medidas legales. "Vamos a seguir estudiando qué medidas podemos aplicar para que todas aquellas normas en Madrid se hagan conforme a derecho, para no invadir arbitrariamente nuestras competencias", ha deslizado Ayuso.
"Dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regimenes totalitarios. Desafortunadamente, la manera de actuar del Gobierno de España, con el aval de sus socios, contra Madrid es una sucesión de derechos y libertades individuales y contra las instituciones de nuestra democracia liberal", ha asegurado la presidenta.
Por su parte, el alcalde de Madrid ha asegurado que la incidencia de la Comunidad bajará a los 400 casos por cien mil habitantes el próximo martes, y ha denunciado el repentino cambio de criterio, para lo que pide que se establezca un marco común para todos los españoles. “Los madrileños no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos”, ha incidido Almeida.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado claro este martes en rueda de prensa conjunta con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que “con la salud pública no se negocia". “Lo único que nos importa es la salud pública, como a la mayoría de los españoles. Con la salud pública no se negocia: no queremos ciudadanos en las UCI. Pensamos mucho en los sanitarios, en las familias que tienen personas enfermos, y por tanto esto nos lleva a decir que aquí hay que actuar en clave sanitaria", ha asegurado el ministro, en medio del pulso que mantienen el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central a raíz de la situación epidemiológica en la capital y el decreto del estado de alarma.