Ayuso bate todos los récords del PP de Madrid en el veto a iniciativas de la oposición desde el 'tamayazo'
El PP de Madrid ha batido desde la llegada al poder de Isabel Díaz Ayuso todos los récords marcados por sus antecesores y correligionarios desde el tamayazo en cuanto al veto a iniciativas parlamentarias de la oposición. Artífice y difusora de mensajes que acusan al PSOE de haber “colado una dictadura por la puerta de atrás” y de imponer un sistema equiparable al venezolano por la actuación de la Fiscalía en el caso contra su pareja por delito fiscal, Ayuso ha negado a través de su partido la tramitación parlamentaria de 20.746 iniciativas frente a las 12.193 cuya entrada en la Cámara regional fue bloqueada entre noviembre de 2003 y junio de 2019. Es decir, durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido.
Entre los argumentos esgrimidos por el PP para la inadmisión de preguntas, peticiones de información, solicitudes de comparecencias o proposiciones no de ley, hay una trinidad que se repite con frecuencia: la iniciativa busca debate sobre “un asunto de otra legislatura” o adolece de “falta de concreción”. Al dúo anterior se suma otro que ha escalado a la cumbre tras el rechazo a debatir sobre las amenazas a periodistas lanzadas por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso: que la iniciativa inadmitida contiene “un juicio de valor”.
Las cifras reflejadas en el primer párrafo proceden de documentos oficiales de la Asamblea de Madrid. Las relativas a la legislatura actual -la XIII, que hasta hoy comprende el segundo semestre de 2023 y los cuatro primeros meses de este año- figuran en el apartado estadístico de su web. Y todos los datos de legislaturas previas han sido extraídos de los sucesivos resúmenes semestrales de la actividad parlamentaria [puedes acceder a ellos pinchando aquí]. Solo hay una excepción: la etapa iniciada en noviembre de 2003 una vez que dos tránsfugas del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, auparon a Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad tras unas elecciones cuyos resultados pronosticaban un gobierno de coalición PSOE-IU. El resumen de esa legislatura -la VII- no está alojado en el mismo espacio cibernético que los restantes pero se puede consultar pinchando aquí. En cada uno de los documentos basta con escribir en el buscador la misma locución –“no admitida a trámite”- para averiguar cuántas iniciativas de todo tipo acabaron en la basura sin debate gracias al veto promovido por el PP, que entre 2019 y 2021 gobernó en coalición con Ciudadanos y en la siguiente legislatura -2021-2023- se apoyó en Vox aun sin darle asientos en el Ejecutivo.
Un aumento desorbitado sin explicación oficial
A partir del final de ese segundo trecho 2021-2023 y tras las elecciones de mayo de ese último ejercicio, el partido de Ayuso rige la Comunidad de Madrid con una arrolladora mayoría absoluta que ha hecho notar sus efectos en la censura al debate parlamentario: en los diez meses y medio transcurridos desde la tercera investidura de la presidenta, el número de iniciativas cuya admisión a trámite ha impedido la Mesa de la Asamblea -7.396, según la estadística que ofrece web de la Cámara- supera ya en más de 1.000 las bloqueadas (6.098) a lo largo de los 24 meses del anterior mandato.
Una vez obtenida esa información, infoLibre transmitió dos preguntas a la Asamblea de Madrid. La primera, esta: ¿qué factor explica que en los meses transcurridos desde el inicio de la actual legislatura la Asamblea haya inadmitido 1.000 iniciativas más que en los dos años que duró la anterior legislatura? Y la segunda, la que sigue: ¿Hay algún dato que explique el porqué del salto que se produjo a partir de 2019?
La respuesta de la institución no aclara nada: “La Mesa de la Asamblea -sostienen los interlocutores de este medio en referencia a la primera cuestión- aplica el Reglamento de la Asamblea y si las iniciativas son incorrectas no se califican”. Sobre por qué se dispararon los vetos a partir de 2019, se pronunciaron en estos términos. “No corresponde a la actual Presidencia enjuiciar lo que se haya hecho en otras legislaturas”.
Pero los números de esas otras legislaturas hablan por sí mismos. Y confirman que el desembarco de Ayuso se ha traducido en un recorte aún mayor de las alas de la oposición, como ya lo indicaban otras medidas de largo alcance. Básicamente, la ley que refuerza su control sobre el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, ahora presidida por el antiguo presidente socialista Joaquín Leguina, expulsado del PSOE tras jalear a Ayuso en la campaña electoral de 2021.
Siempre a tenor de las cifras incluidas en los informes oficiales sobre la actividad del Parlamento madrileño, en la primera legislatura de Esperanza Aguirre (noviembre de 2003-junio de 2007) la Mesa de la Asamblea inadmitió 605 iniciativas. En aquella época, Ayuso no se había incorporado todavía al grupo parlamentario de su maestra política -logró su primer escaño en 2011-, cuya política de impedimentos al debate parlamentario fue in crescendo: en la legislatura 2007-2011 las iniciativas vetadas pasaron a 1.628 y entre 2011 y 2015 subieron hasta las 6.901.
Parte de esa legislatura -desde septiembre de 2012 a junio de 2015-, el timón de la Comunidad estuvo en manos de Ignacio González, el delfín de Esperanza Aguirre que la sustituyó tras su dimisión y detenido por -supuesta- corrupción en 2017. Ambos han ocupado durante años un lugar preponderante mediática y judicialmente en los casos que en algún momento han girado o lo siguen haciendo en torno a la financiación del PP madrileño. La Audiencia Nacional ya ha exonerado a Aguirre de toda responsabilidad penal.
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Los vetos a la oposición se relajaron durante el mandato de Cristina Cifuentes, en el que se situaron en 3.059 las iniciativas inadmitidas. Aunque la legislatura recorrió el cuatrienio 2015 -2019, Cifuentes dimitió un año antes de expirar su mandato: la difusión del vídeo sobre el hurto de dos cremas en un supermercado en 2011 se sumó al escándalo sobre un supuesto uso de documentos falsos para obtener un máster, caso en el que resultó absuelta. A Cifuentes la sustituyó Ángel Garrido, el único de los antecesores de Ayuso procedentes del aguirrismo -fase posterior a la de Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad entre 1995 y 2003- que no estuvo o está involucrado en algún sumario por corrupción.
Tampoco Ayuso se ha visto investigada en ningún caso aunque la imputación de su novio, Alberto González, por defraudar 350.000 euros al fisco ha reabierto el mismo flanco informativo al que dio cerrojazo una vez que la Fiscalía archivó la investigación sobre el cobro de 234.000 euros por parte de su hermano como mediador en la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pandemia.
