Ayuso cierra el año de la pandemia pagando al gigante de la sanidad privatizada IDC-Capio 11,64 millones pendientes desde 2015

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en el último consejo ordinario del año pagar al gigante sanitario IDC –la antigua Capio– 11,64 millones "para cubrir los gastos derivados de la liquidación del contrato" de dos de los cuatro hospitales con cuya gestión se hizo el grupo en la etapa de Esperanza Aguirre. Pero esos gastos de liquidación no corresponden a los efectuados en 2019. Ni a los del año anterior. Se generaron, según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en 2015. ¿Por qué la Comunidad ha esperado cinco años para satisfacer tales pagos? La respuesta ofrecida por la Consejería de Sanidad a infoLibre señala que a raíz de la liquidación de 2014 "surgieron diferencias interpretativas del alcance técnico y jurídico del contrato" que no se han resuelto hasta ahora. Es decir, hasta el último mes de 2020, un año marcado a fuego por las muertes de la pandemia y el hachazo que la expansión del virus ha asestado a la economía y las cuentas públicas. 

Los dos acuerdos para abonar a IDC 8.263.098,52 por el hospital Infanta Elena de Valdemoro y 3.383.980,83 euros por el Rey Juan Carlos de Móstoles se adoptaron el 29 de diciembre. Fueron las dos únicas decisiones de esa naturaleza frente a una avalancha de autorizaciones de gasto sanitario por acciones desarrolladas en el ejercicio que estaba a punto de concluir.

Las fuentes consultadas en el departamento madrileño de Sanidad aseguran que de esos 11,64 millones que han ido a IDCSalud Valdemoro SA e IDCSalud Móstoles SA, dos filiales del grupo, ni un solo euro procede del Fondo Covid. Con cargo a ese fondo estatal creado para amortiguar el golpe infligido por el coronavirus y sostener el gasto público de las comunidades autónomas, Madrid ha recibido ya 3.300 millones. Hasta ahora, ha trascendido su reparto por consejerías. Pero el desglose completo, esencial para saber qué actuaciones concretas se han acometido con ese dinero, sigue sin conocerse. Sí han trascendido los datos sobre gasto dedicado a becas universitarias a raíz de la pandemia.

Los pagos efectuados a IDC a los que dio vía libre el último consejo de gobierno ordinario del año –al día siguiente hubo uno extraordinario– constituyen un importante eslabón de una cadena de pagos para la que no hay fechas concretas pero que sin duda será larga y pesada. Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid fechado también el pasado 29 de diciembre cifra en nada menos que 769,29 millones lo que la Comunidad estima como cantidades relativas a "liquidaciones pendientes" desde 2015 con seis hospitales gestionados de forma indirecta: cinco de ellos funcionan bajo concesión a empresas privadas. Y de esos cinco, cuatro están en manos de IDC, el grupo que alcanzó notoriedad bajo la denominación Capio y que hace siete años era propiedad de cinco empresas domiciliadas en las Islas Caimán –oficialmente ya no es paraíso fiscal– y por tanto completamente opacas en cuanto a su accionariado. Sí se conocía su vínculo con el fondo británico CVC.

El holding de la antigua Capio, que se hizo con el grupo Quirón y cuyo accionariado acabó bajo control de la alemana Fresenius, había llegado a la cúspide del sector cuando la sanidad madrileña tenía a su frente a Javier Fernández-Lasquetty. Ahora, el círculo se cierra: Lasquetty, que en su momento se negó a dar explicaciones sobre si la Comunidad conocía la conexión de Capio con las Caimán, permaneció varios años fuera de la primera línea política. Dimitió en enero de 2014 después de que el TSJ madrileño cerrara la puerta a la privatización de otros seis hospitales. Y regresó cinco años más tarde para ostentar en el Gobierno de Díaz Ayuso el cargo de consejero de Hacienda, el departamento esencial en materia de gasto.

Dado que la provisión contable por liquidaciones pendientes excede de 750 millones –los 769 contabilizados por la Cámara de Cuentas y reconocidos por la Comunidad de Madrid menos los 11,6 ya abonados a IDC–, surge un interrogante: el de cuándo se prevé dotar económicamente esa bolsa y efectuar los pagos correspondientes. No hay previsión de fecha ni de cuantía: "Cada año –dicen los portavoces de la sanidad madrileña– se va presupuestando en función de las estimaciones de pago, pero, dada la complejidad para la realización de las correspondientes auditorias y subsanación de las alegaciones a las mismas, es normal que las liquidaciones de los contratos se realicen en ejercicios posteriores". "En la elaboración del presupuesto de 2021 –agrega la fuente– se incluirán las estimaciones de liquidación previstas en ese ejercicio".

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Entre el importe calculado para las liquidaciones pendientes de cerrar desde 2015 y el que el presupuesto de la Comunidad de Madrid reserva a los seis hospitales de gestión concertada –el único no privatizado es el de carácter militar Gómez Ulla– hay una acentuada similitud: la estimación de cuánto costarán las liquidaciones finales llega a los 769.295.147 millones ya mencionados y de ese total solo 239.170.147 corresponden a 2019; y lo presupuestado para 2019 y también para 2020 –el Gobierno madrileño no ha aprobado cuentas desde que tomó posesión– se sitúa en 727.624.117 euros. 

¿Ha comenzado entonces el pago de sobrecostes, altos además, con la autorización de gasto de los 11,64 millones aprobados el antepenúltimo día del año?. "No se trata de un sobrecoste. Los contratos de concesión con los adjudicatarios –responde la Consejería– prevén unos pagos a cuenta mensuales que suponen el 90% de la actividad asistencial desarrollada en función de la cápita actualizada para cada anualidad. Lo que se abona ahora por acuerdo del Consejo de Gobierno es la liquidación en ambos hospitales, tras auditar la actividad asistencial y la facturación intercentros de ambos hospitales".

En otras palabras: el gasto real de los hospitales privatizados es superior al que cada año se prevé en los presupuestos. Solo el contrato del Hospital de Móstoles, suscrito en 2010, implica un gasto mínimo global de 2.908 millones de euros en los 30 años de su duración, según los datos oficiales de la Comunidad. El precio del contrato de Valdemoro, en vigor desde 2009 con tres décadas por delante a partir de ese momento, asciende a 720,16 millones. El de Torrejón, formalizado en 2009, alcanza los 2.127 millones. La magnitud económica de esos contratos de más que larga duración dificultaría el rescate de los hospitales para la gestión pública incluso si un Gobierno de otro signo así lo considerase oportuno.

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La información disponible sobre el desglose de los 769 millones provisionados para liquidaciones pendientes del periodo 2015-2019 muestra un dato que sorprende: al hospital Fundación Jiménez Díaz, otro de los que gestiona la antigua Capio, la Comunidad calcula que deberá abonar 497.652.243 euros. Las cuentas autonómicas de 2019 –y 2020– preveían traspasar a lo largo del ejercicio a ese centro 371.945.459 euros en pago por la concesión. O sea, que el cálculo global de lo que se le adeuda desde 2015 desborda con creces lo que en teoría se prevé como coste total por año.

A qué obedece ese fenómeno constituye una incógnita. Porque a la pregunta que, en relación a ese dato, formuló infoLibre a la Consejería de Sanidad obtuvo una respuesta sin detalles: "La cifra provisionada corresponde a la estimación de liquidaciones pendientes de varios ejercicios, en el presupuesto de cada ejercicio se incluye la liquidación a cuenta que se refleja en el contrato correspondiente al ejercicio y la estimación de liquidaciones de años anteriores". 

Desde la oposición, los socialistas anuncian que pedirán explicaciones. "Llama mucho la atención –afirma Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del grupo parlamentario en la Asamblea regional– que la Comunidad de Madrid acabe el año realizando el pago de más de 11 millones de euros a IDCSalud por deudas pendientes de 2015". Y a ello, prosigue la diputada, "hay que añadirle que la Cámara de Cuentas ha cifrado en más 769 millones de euros la cantidad que según las propias previsiones del Servicio Madrileño de Salud la Comunidad debe a las empresas de los hospitales concertados y concesionarios de la región". "El Gobierno regional –concluye– debe aclarar cuánto van a pagar de más a estas empresas sanitarias, cuándo van a hacerlo y con cargo a qué partidas del presupuesto".