Isabel Díaz Ayuso, en las declaraciones de bienes realizadas como cargo público, indicó que tenía el 50% de una sociedad limitada. Pero siempre omitió el nombre de dicha empresa. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, se trata de Sismédica SL, una compañía que pese a su nombre declara como actividad principal "el alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia". Esta sociedad lleva cuatro años incumpliendo la obligación legal de depositar las cuentas en el Registro Mercantil.
En la declaración de bienes que presentó en octubre de 2017, al ser nombrada viceconsejera de Presidencia y Justicia del Gobierno madrileño, Ayuso indicó que era dueña de una sociedad limitada, adquirida "por donación mediante escritura pública" y que el valor de las participaciones era de 1.502,53 euros. Hace dos semanas, cuando presentó su declaración como diputada autonómica en la Asamblea de Madrid, aclaró que era dueña del 50% de la compañía y omitió que había recibido esos títulos por donación. Los datos, efectivamente, son correctos: en una escritura firmada el 16 de abril de 2012, el padre de la dirigente del PP le donó a cada uno de sus dos hijos la mitad de las participaciones de Sismédica SL.
Como desveló infoLibre hace un mes, Isabel Díaz Ayuso adquirió un piso en el centro de Madrid el 7 de octubre de 2011 a través de una donación de sus padres, que en aquella fecha empezaban a acumular deudas importantes, de forma que el objetivo era evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Diversos juristas consultados por este periódico indicaron que la operación tiene los elementos típicos de un delito de alzamiento de bienes. Los padres de la dirigente del PP –Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente– eran dueños del 25% de la empresa MC Infortécnica SL, que en marzo de 2011 había recibido un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid, una entidad semipública en la que el Gobierno madrileño controla en torno al 30% del capital. El préstamo estaba avalado de forma solidaria por los ocho socios de MC Infortécnica SL y el 15 de diciembre de 2011 tenían que abonar el primer pago del préstamo: 103.292 euros. No devolvieron ni un euro. Pese a ello, Avalmadrid jamás procedió contra los avalistas para recuperar el dinero prestado, incumpliendo incluso un acuerdo del Comité de Morosidad de la entidad semipública.
En definitiva, Isabel Díaz Ayuso aceptó la donación de bienes en dos momentos diferentes. El 7 de octubre de 2011, sus padres le dieron el 100% de la nuda propiedad de un piso en el centro de Madrid, cuyo usufructo mantiene en la actualidad la madre –el padre falleció en 2014–. Y el 16 de abril de 2012, su padre le entregó el 50% de las participaciones de Sismédica SL.
La versión de Ayuso
A preguntas de infoLibre, un portavoz de la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid admitió que la empresa en la que tiene acciones es Sismédica SL, aseguró que "no tiene actividad y está dada de baja desde hace cuatro años" en Hacienda y añadió que la compañía "no tiene ninguna propiedad" en la actualidad. Dicho portavoz evitó responder a la pregunta de si había tenido propiedades en el pasado.
En cuanto a la pregunta de por qué había dejado de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil desde 2014, el portavoz de Ayuso aclaró que ella "es solo accionista de la sociedad y no tiene responsabilidades en la gestión de la misma". El administrador es, como se indicó, su hermano Tomás.
En sus declaraciones de bienes, que son públicas, Ayuso no indicó que la compañía careciese de actividad. No existe la obligación de hacerlo, pero algunos políticos lo hacen para dejar clara la situación.
La historia de Sismédica
La empresa inició sus operaciones el 22 de febrero de 1999. El objeto social incluía "la realización de toda clase de actividades inmobiliarias" y la comercialización de "artículos pertenecientes al sector de electromedicina". El capital social se fijó en 3.005,06 euros, dividido en 500 participaciones sociales, que fueron suscritas al 25% por cuatro personas: Leonardo Díaz Álvarez, José Luis Santos Marcelino Santamaría, Juan Manuel Pitarch Divar y Juan Carlos Herrero Casasola. Esa distribución de capital era idéntica a la del grupo MC, integrado por cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25%. Díaz, Marcelino, Pitarch y Herrero eran los hombres de esos cuatro matrimonios. La matriz de ese conglomerado empresarial se denominaba Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, que controlaba a su vez la totalidad de las participaciones de ocho filiales. Tal y como desveló infoLibre, al menos dos de esas filiales recibieron casi un millón de euros en adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid. Y una de las sociedades, MC Infortécnica SL, es la que recibió el préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid.
Como administradores solidarios de Sismédica SL fueron elegidos Leonardo Díaz Álvarez y José Luis Santos Marcelino. Este último dejó el cargo el 10 de diciembre de 2003 y fue sustituido por Isabel Ayuso Puente. Los padres de la dirigente del PP se convirtieron, por tanto, en los dos administradores solidarios de la empresa. En aquellas fechas, Leonardo Díaz se había convertido además en el socio único de la compañía, al adquirir las participaciones que tenían los otros tres fundadores.
El 16 de abril de 2012, los padres de Díaz Ayuso se retiraron oficialmente de la compañía. Le transmitieron las participaciones a sus dos hijos, Isabel y Tomás, y dimitieron como administradores solidarios. Tomás Díaz Ayuso pasó a ser el administrador único.
Las últimas cuentas presentadas corresponden al ejercicio 2013. La compañía declaraba un importe neto de la cifra de negocios de 18.284 euros y unos beneficios después de impuestos de 6.295 euros.
La obligación de depositar las cuentas
Las sociedades tienen la obligación de presentar anualmente sus cuentas en el Registro Mercantil de la provincia donde tengan su sede. Esta regulación se recoge en la Ley de Sociedades de Capital (LSC). En los tres meses siguientes al cierre del ejercicio los administradores de una compañía tienen que formular las cuentas (en general coincide con el 31 de marzo) y en los tres meses siguientes deben aprobarlas (30 de junio). A partir de la aprobación, tienen un mes para depositarlas en el Registro (31 de julio), tal y como se determina en el artículo 279 de la LSC.
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El incumplimiento de esa obligación legal tiene, según la ley, dos consecuencias: el cierre de la hoja registral, de forma que no se permite a la sociedad inscribir ningún documento –salvo los que certifiquen la dimisión de cargos, la revocación de poderes o la disolución de la compañía–, y la imposición de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), previa instrucción de un expediente administrativo.
En el caso de Sismédica SL, el Registro Mercantil de Madrid efectivamente procedió al cierre de la hoja registral por falta de depósito de cuentas. En cuanto a la multa, es imposible saber si ha sido sancionada ya que el ICAC no publica el nombre de las empresas a las que multa. Eso sí, la probabilidad de que la compañía propiedad de la política del PP y de su hermano haya sido sancionada es mínima: en 2017 sólo fueron multadas 159 empresas, lo que equivale a menos del 0,15% del total de sociedades infractoras. En España hay algo más de 1,2 millones de compañías mercantiles, de las que el 91,5% cumple la obligación de depositar las cuentas, mientras que el 8,5% restante no lo hace (algo más de 100.000).
A día de hoy, por tanto, Sismédica SL lleva cuatro años incumpliendo su obligación puesto que ya tenía que haber depositado las cuentas de 2014, 2015, 2016 y 2017. Para las de 2018, el plazo legal finaliza el próximo 31 de julio.
Isabel Díaz Ayuso, en las declaraciones de bienes realizadas como cargo público, indicó que tenía el 50% de una sociedad limitada. Pero siempre omitió el nombre de dicha empresa. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, se trata de Sismédica SL, una compañía que pese a su nombre declara como actividad principal "el alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia". Esta sociedad lleva cuatro años incumpliendo la obligación legal de depositar las cuentas en el Registro Mercantil.