Ayuso y Prohens defienden la ordinalidad en la financiación que Feijóo rechaza para Cataluña

A medida que el debate sobre la propuesta fiscal que impulsan el PSC y Esquerra para Cataluña desciende a los detalles, afloran las contradicciones dentro del PP. Ya pasó con la quita de la deuda, que los republicanos acordaron con el PSOE para votar la investidura de Pedro Sánchez y a la que las comunidades del PP más endeudadas, en particular la valenciana, les gustaría acogerse. Aunque, a la espera de que se concrete, el presidente Carlos Mazón trata de distanciarse, sin mucha convicción, al igual que varios de sus compañeros de baronía conservadora.

Ahora le ha llegado el turno al principio de ordinalidad, el límite que PSC y Esquerra quieren poner a la aportación de Cataluña a la solidaridad con las comunidades de menor riqueza. ¿En qué consiste? En que las transferencias de fondos de los territorios ricos a los pobres deben servir para reducir la distancia entre unos y otros, pero sin llegar al punto de que, al final, el orden en la recepción de fondos sea distinto del orden de las aportaciones.

En su afán por descalificar el modelo que tratan de impulsar el president Salvador Illa y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el PP de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado en tromba contra ese principio. Hasta el punto de afirmar que es la causa por la que, si algún día el acuerdo se materializa (de momento está lejos de tener garantizado el apoyo del Congreso, imprescindible para aplicarlo), reduciría drásticamente los recursos disponibles para el resto de las comunidades del régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra—.

El portavoz del PP en el debate celebrado este miércoles en el Senado, Gerardo Camps, fue muy claro al respecto. “La solidaridad es nada”, aseguró tajante desde la tribuna, “porque si el principio de ordinalidad significa que el que es más rico es el que menos va a aportar posteriormente; que el que va primero o segundo en la aportación va a ser también el primero o el segundo en recibir y que, por lo tanto, esa solidaridad queda en papel mojado”.

Esta posición, con la que el PP de Feijóo alimenta el discurso de que Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa que aumentar los privilegios de los independentistas, choca frontalmente con la que defienden dos de las baronesas del partido: Marga Prohens e Isabel Díaz Ayuso, presidentas, respectivamente, de Illes Balears y Madrid. Sus dos comunidades, junto a Cataluña, son precisamente las únicas que aportan al sistema en términos de recursos más de lo que reciben. Las doce restantes, en diferentes grados, son perceptoras netas de fondos.

La “solidaridad” de Madrid

Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, hace meses que reclama al Ministerio de Hacienda un nuevo modelo de financiación con “más recursos” y, sobre todo, que respete el “criterio de ordinalidad”. La “solidaridad” de Madrid, advierte la consejera de Ayuso, no puede significar que quede “en una situación peor” de la que tenía como punto de partida.

Marga Prohens, la jefa del Govern balear, rechaza, igual que Ayuso y que Feijóo, la propuesta de PSC y Esquerra porque, dice, “rompe con la igualdad de todos los españoles”. Pero, en línea con la presidenta madrileña, defiende el “límite a la solidaridad” que supone el principio de ordinalidad. Baleares es una comunidad que aporta, señaló este verano después de reunirse con Pedro Sánchez en Mallorca.

“No queremos ser más que ninguna otra comunidad autónoma, pero como presidenta de todos los ciudadanos de Baleares tampoco voy a permitir que se nos menosprecie”. Por eso, remarcó, exigirá no solo que se respete el principio de ordinalidad, sino que se tengan en cuenta criterios singulares del archipiélago, incrementando el peso de la insularidad en los criterios para el reparto de la financiación y añadiendo otros como la población flotante o el crecimiento demográfico de las islas.

La contradicción es tan flagrante que la ministra Montero aprovechó su intervención del miércoles en el Senado para echársela en cara al PP: “Ustedes, en territorios donde gobiernan, defienden la ordinalidad”. Pero ahora la critican para impulsar una estrategia que “consiste en demonizar todo aquello que tiene relación con Cataluña”.

“Ustedes defienden la ordinalidad en otras partes del territorio”, insistió. “Y cuando usted quiera se lo documento, le digo cuáles son las que quieren y pelean por la ordinalidad”, aludiendo a las alegaciones que las diferentes comunidades han ido trasladando a la propuesta de nuevo modelo que Hacienda planteó en diciembre de 2021. Hacienda no atendió una petición de infoLIbre para dar a conocer la información en poder del ministerio en torno a las propuestas de las comunidades.

Este criterio, explicó la ministra al portavoz del PP, siempre ha formado parte del debate sobre la financiación autonómica. “En su partido y en mi propio partido”, reconoció, “es una cuestión que suscita discrepancias dependiendo de los territorios”.

Muchas diferencias

La ordinalidad, en todo caso, no es el único debate que Feijóo tendrá que pasar por alto este viernes en la reunión a la que ha convocado a sus barones en Madrid para hacer frente común frente al modelo que el Gobierno quiere plantear en el Congreso. Los presidentes autonómicos del PP discrepan también en torno a la quita de la deuda —las menos endeudadas se niegan con vehemencia a aceptarla, pero las que más deben saben que acogerse a la oferta de Hacienda puede facilitarles mucho la vida en los próximos años— y en general acerca del peso que deben tener los criterios de reparto en función de la población real o de factores de corrección como el envejecimiento demográfico, la dispersión o la despoblación, entre otros. Algunas, como Andalucía, adquieren hacer valer sus problemas de déficit hídrico. Otras, como Aragón, la orografía exigente de una parte de su territorio.

El manifiesto del PP sobre financiación autonómica desvela sus agujeros ante un modelo desigual

Ver más

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, anunció que en la reunión de este viernes su partido formalizará “un proyecto alternativo de financiación sin privilegios”. No obstante, fuentes de la dirección del PP y de un Gobierno autonómico consultadas por Efe apuntan que no se bajará al detalle y que el acuerdo será acerca de los principios generales del sistema.

Génova lleva semanas tratando de acercar posturas en torno a una propuesta que reconozca singularidades sin perjudicar la solidaridad, compatible con diferentes criterios de reparto y que incluya un fondo transitorio mientras se negocia el nuevo modelo, tal y como reclaman con insistencia Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Una postura concreta y común no parece probable. El propio Feijóo admitió esta semana su incapacidad para fijar una posición compartida por el PP en todas las comunidades. “Yo no soy un caudillo” y “esto no es una secta”, se justificó en una entrevista emitida por Onda Cero, la emisora propiedad del Grupo Planeta, en la que admitió diferencias en el seno de su partido.