Aznar indultó en un solo día a más personas que todos los potenciales beneficiarios de un perdón por el ‘procés’

José María Aznar ordenó el 1 de diciembre de 2000 la aprobación en bloque de 1.443 indultos. Una medida de gracia, aprobada de una tacada, en un solo día y mediante decretos ley, que afectó a más personas que las que se verían beneficiadas de una amnistía si PSOE y Sumar acaban accediendo a tramitarla para cicatrizar las heridas judiciales pendientes como consecuencia del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.  

Y no fueron los únicos: a lo largo de sus ocho años de mandado, entre 1996 y 2004, quien hoy se opone a la amnistía en Cataluña perdonó a un total de 5.992 personas, entre ellas 16 presos de la organización terrorista Terra Lliure a los que otorgó la libertad apenas dos meses después de que CiU, la coalición política que está en el origen de Junts, le diese la investidura en el año 1996. El indulto, en este caso, había sido anunciado por el anterior gobierno socialista, pero fue Aznar quien, pudiendo no tramitarlo, lo llevó al Consejo de Ministros.

Con el indulto en bloque de diciembre de 2000 Aznar se sacó de encima casi la mitad de las solicitudes de indulto que tenía sobre la mesa. Y lo hizo con el argumento de que existía “circunstancias excepcionales”. ¿Cuáles eran? Según el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, el mismo que cuatro años después, siendo titular de Interior, intentó atribuir a ETA el sangriento atentado yihadista del 11-M, eran estos: el cambio de milenio, el aniversario de la Constitución, que se iba a celebrar unos días después y que tiene lugar todos los años, y una doble petición de “clemencia” formulada por el Vaticano con el fin de conmemorar el Año Santo.

También delitos graves

Entre los 1.443 indultados había personas castigadas con menos de tres años de cárcel, que como regla general obtuvieron el indulto total y en algunos casos el indulto parcial con acceso a la libertad condicional. Pero también personas condenadas por delitos graves (un total de 278), penados con más de tres años de prisión a los que se concedió un indulto parcial atendiendo criterios de reinserción o rehabilitación y de reincidencia. Hasta 460 beneficiarios eran personas condenadas por delitos de insumisión con los que se castigaba a los hombres que se negaban a hacer el servicio militar. 

El Gobierno de Aznar excluyó expresamente los casos de terrorismo, de crimen organizado, de malos tratos, de agresiones o tráfico sexual y torturas o tráfico de drogas (en este caso, claro, porque dos años antes, en 1998, indultó al narcotraficante Daniel Baúlo, jefe del clan de Os Caneos, que había sido condenado a 14 años de prisión). Y condicionó la concesión a que no se volviese a cometer delito alguno.

Eran medidas, en palabras de Acebes, “de una prudencia enorme” y “un gesto de sensibilidad” que buscaba “dar a muchos españoles también una nueva oportunidad”.

Gómez de Liaño

Entre aquel numeroso grupo de indultados había varias personas bien conocidas, empezando por el exjuez Javier Gómez de Liaño, condenado por un delito de prevaricación continuada en el llamado caso Sogecable, una instrucción judicial con la que había intentado encarcelar a todo el consejo de administración del grupo Prisa, editor del diario El País.

También estaban en la lista Teresa Moreno Maya, Tani, una mujer condenada por matar a su marido maltratador, y a los condenados por el caso Filesa de financiación irregular del PSOE Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores. Y “algunos alcaldes” relacionados con prácticas irregulares, entre ellos el de Burgos, José María Peña —un independiente elegido en una lista del PP— condenado por el caso de la construcción.

Para justificar la decisión de aprobar tan extenso número de indultos, el ministro Acebes argumentó que detrás de cada uno de los beneficiarios existía, “sin lugar a dudas, un profundo drama humano”. Personas, añadió, “que cometieron un error en un momento determinado y no han vuelto a delinquir y a las que pretendemos dar una oportunidad”.

Criterios “esenciales”

“Que haya personas que se hayan reinsertado en la sociedad, que puedan tener un trabajo o unas condiciones de convivencia” son los criterios esenciales a la hora de conceder un indulto, justificó el titular de Justicia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que hizo pública la decisión. “No estamos inventando, lógicamente, ningún criterio, sino aplicando mucho sentido común y, efectivamente, también mucha prudencia”.

La mayoría de los indultados en bloque por Aznar en diciembre de 2000 ya no estaban en prisión. En la cárcel, según datos aproximados facilitados por el ministro, estaban en torno a medio centenar de quienes se beneficiaron de aquella medida de gracia.

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Tampoco están en ningún centro penitenciario las personas condenadas o con procedimiento pendientes en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre. De hecho, la mayoría de ellos, según los datos ofrecidos esta semana por Òmnium Cultural, están pendientes únicamente de multas administrativas (880 de un total de 1.432).

El resto son, siempre según esta organización independentista, 113 condenados penalmente, 35 pendientes de decisiones del Tribunal de Cuentas, 17 pendientes de sentencia y 387 con causa penal abierta. El que está amenazado por una condena más abultada es el expresident de la Generalitat Carles Puigdmont, que tras la reforma del Código Penal puede ser condenado todavía varios años de cárcel.

Aznar sigue siendo, a día de hoy, el presidente del Gobierno durante cuyo mandato más indultos se concedieron, 5.992. Le sigue José Luis Rodríguez Zapatero, con 3.381. Mariano Rajoy contabilizó 962 en siete años y Pedro Sánchez, en los cinco años que lleva en la Moncloa, ha utilizado esta fórmula en 158 ocasiones hasta abril de este año.