Barcelona y Palma declaran la guerra a la gentrificación mientras Madrid y Málaga se rinden

¿Qué es la gentrificación? Imagine que usted es una persona de clase media-baja que lleva viviendo años de alquiler en el centro de Madrid o de Barcelona. Con el tiempo hay cada vez más locales nuevos en su barrio mientras cierran comercios de toda la vida. El ayuntamiento empieza a hacer caso a las demandas vecinales y mejora el pavimento de las calles o en el alumbrado nocturno. En su edificio se cruza con gente que apenas conoce. De repente, su casero le avisa de que le suben el alquiler hasta un precio imposible de asumir. Se marcha y no encuentra un piso de iguales condiciones y que cueste una cifra razonable por la zona. Le han expulsado del barrio.

Es un proceso que consta de tres etapas. Primero el abandono del barrio que permite el hundimiento de los inmuebles y degrada los servicios básicos. Después, la etapa de especulación y encarecimiento. Por último expulsión y comercialización. Un fenómeno que a menudo va aparejado de la turistificación. Esto sucede cuando una ciudad hace del turismo su principal reclamo, lo que provoca que los vecinos se vean desplazados por el visitante y las viviendas y las calles se convierten en un escaparate para el turismo y no para los autóctonos. Aunque estos dos fenómenos van casi siempre de la mano, en el caso de la gentrificación se trata de un desplazamiento en términos de clase social. Es decir, los vecinos son expulsados por otros vecinos con mayor capacidad adquisitiva.

Este viernes entra en vigor la primera ley de vivienda estatal, una cuestión que ha centrado la campaña del 28M y que preocupación de primer grado para miles de ciudadanos que votarán en los próximos comicios. A pesar de los intentos de algunas corporaciones municipales por resolver problemas como el de la vivienda y de la incorporación en los programas electorales de propuestas puntuales dirigidas a barrios, cuesta dar con una respuesta estructural que revierta estos fenómenos.

En este contexto la pregunta que cabe hacerse es: ¿Hay manera de revertirlos? Hay ciudades que ya han perdido por completo el control de los efectos de la gentrificación y del turismo, es el caso de Venecia. Otras están tratando de revertir dinámicas de desenfreno especulativo, caso de Barcelona o Palma de Mallorca —aunque a tenor de los datos siendo insuficiente para atajar la subida desbocada de los precios— y otras que, directamente, han desistido como es el caso de la ciudad de Madrid. El actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó hace unos meses que no iba a hacer "nada" para regular los precios de los alquileres en la capital. Repasamos las medidas que han implementado estos últimos años los acaldes de estas grandes ciudades.

Palma de Mallorca

Las islas Baleares es uno de los destinos preferidos de los turistas de medio mundo y esto, unido al fenómeno de la gentrificación, convierte a su capital, Palma, en un lugar donde los vecinos no pueden vivir. La demanda de pisos turísticos se ha disparado en los últimos años y con ello se ha producido un aumento de los precios del alquiler. Tanto es así que el Govern balear, en manos de PSOE, Podemos y Mes se plantea prohibir la adquisición de vivienda a los ciudadanos, extranjeros o no, que lleven menos de cinco años residiendo en la comunidad.

La región es una de las pioneras en políticas contra este tipo de fenómenos. Se ha obligado a grandes tenedores, como bancos o fondos buitres, a ceder viviendas que lleven más de dos años desocupadas para destinarlas a alquiler social. El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el socialista José Hila, cuenta con 1.548 viviendas públicas de alquiler social, incluyendo las 400 pertenecientes al Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) y el resto del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), una cifra que el consistorio quiere duplicar en los próximos diez años. Se trata de una medida recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que también establecía que un 47 % de las viviendas que se construyan han de ser de protección oficial.

Barcelona

Desde el equipo de gobierno de la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, colocan el derecho a una vivienda en el centro de sus políticas. Un asunto que es de suma relevancia en la Ciudad Condal, donde el 66,1% de los vecinos ven complicado encontrar un hogar que se adecue a sus necesidades económicas y donde casi cuatro de cada diez pisos de alquiler habitual están en manos de grandes tenedores. Un problema de acceso que intentan mitigar con normas como la que obliga a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los bloques que levanten a vivienda social, una medida impulsada desde las entidades sociales.

El actual consistorio cuenta con una unidad antidesahucios que presume de haber parado nueve de cada diez desahucios en la ciudad condal, unos 14.000. Una cifra que no solo es fruto de la acción política, sino ha sido posible gracias a los movimientos por la vivienda de cada barrio. El equipo de Colau también cuenta con mecanismos disciplinarios que les permiten imponer multas millonarias a fondos buitre por mantener edificios enteros vacíos. Ha cerrado 6.000 pisos turísticos ilegales y ha concedido 130.000 ayudas para el alquiler, con una inversión de 216 millones de euros. Asimismo, también han impulsado el tanteo y retracto, una medida con la que pueden comprar pisos al mismo precio que el especulador, que antes de realizar la operación tiene que avisar al Ayuntamiento y este tiene derecho de compra preferente por el mismo precio.

Madrid

En la cara opuesta se ubica Madrid, que ha eliminado el servicio de inspección de viviendas turísticas que creó en 2018 para cazar a aquellas que operasen de forma ilegal. Una licencia que obligaba a los pisos turísticos a tener un acceso directo a la calle. Según la última actualización del padrón municipal realizada por el Ayuntamiento, la capital ha perdido en el último año un 0,8% de su población. El auge del turismo en Madrid ha dado lugar a un aumento del número de viviendas destinadas al alquiler turístico, pisos en los que ahora se alojan viajeros durante algunos días al mes y donde antes vivían los vecinos. Según la plataforma de alquiler vacacional Airbnb, un 66 % de todas las viviendas de alquiler se encuentran en el Distrito Centro.

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En 2019 el alcalde madrileño prometió construir 15.000 viviendas "destinadas al alquiler a un precio más barato" con dos programas: el ReVIVA y el plan ConFianza Joven. De esas viviendas solo hay 73 cedidas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Asimismo, Martínez-Almeida ha amagado con dar marcha atrás en el Plan 18.000, un programa que data de 1989 para construir viviendas protegidas en terreno público. Las viviendas empezaron a descalificarse en 2018 y actualmente unas 8.000 familias se enfrentan a un posible desalojo por no poder pagar el suelo donde se asientan sus casas.

Málaga

En Málaga hay una actual crisis del mercado de la vivienda. Con datos del primer trimestre de 2023, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), organismo municipal, alerta que "el problema cada vez más evidente de una Málaga dual es el aumento continuo de la brecha en relación a los precios de la vivienda y el esfuerzo necesario para su adquisición, que imposibilita al acceso a un inmueble a una gran parte de la población y en especial a las personas jóvenes". Sólo en el centro de Málaga, hay más viviendas turísticas que malagueños censados y su provincia es la que más pisos tiene de esta categoría de toda España.

Su actual alcalde, Francisco de la Torre ha declarado que carece de competencias para regular los pisos turísticos, pero sí las tiene, a tenor de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , que ha dado un duro revés al Gobierno andaluz y ha respaldado que los ayuntamientos puedan poner topes a estos pisos en zonas saturadas. El alcalde malagueño sí puede limitar que lleguen al mercado más pisos turísticos a la ciudad, pero la filosofía del su partido es contraria a este tipo de medidas.