Málaga, sin vivienda no hay paraíso: la cara B del Silicon Valley del Sur de Europa

2 de abril por la noche. Sobre una de las fachadas del Palacio de Bellavista, sede del Museo Picasso Málaga (MPM), el tractor para la llegada de todos los museos que han venido después a lo largo de los últimos 20 años, se acumulan, apiladas, las sillas y mesas del velador de algún bar cercano, uno de los casi 12 mil establecimientos de hostelería registrados en la provincia, la que más tiene de toda España, el territorio también en el que más crece un sector motor de la economía andaluza: 14% de PIB, 400.000 empleados de manera directa.

La imagen, subida a Twitter por el periodista malagueño Pablo Bujalance, se mueve rápidamente por las redes sociales. Al cabo de unas horas, el ayuntamiento anuncia, también con un mensaje, que el mobiliario había sido retirado gracias a la actuación de los inspectores municipales. A unas pocas calles, esa misma noche, junto a la fachada del Museo Carmen Thyssen, la estampa es aún peor: un camarero toma una comanda a unos clientes sentados en la misma entrada de la institución que custodia joyas de Zurbarán, Sorolla, Fortuny y los maestros europeos con los que, durante décadas, fue componiendo su colección el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Del origen de la adquisición de estos cuadros, ya hablamos otro día.

La anécdota de las sillas sobre la fachada de un edificio protegido, emblema de la alta cultura, no hace categoría pero sirve para ejemplificar dinámicas habituales en una capital que hace años se define, al menos, con dos titulares: Málaga, la ciudad de los museos; Málaga, la ciudad de los pisos turísticos. También hay un tercero, Málaga, dicen de ella gracias a su parque tecnológico bautizado como Málaga Tech Park, es el Silicon Valley del sur de Europa.

En lo que antes se conocía como el Parque Tecnológico, Google abrirá este mismo año la sede de su centro de ciberseguridad. Vodafone y Dekra también han anunciado que instalarán en Málaga sus centros de investigación y su director, Felipe Romera, ya ha dicho en alguna ocasión que la lista de interesados en situarse en el parque tecnológico es larga.

Son realidades compatibles, es más, son realidades complementarias, pero las tres han abocado a la capital de la Costa del Sol a una misma consecuencia: Málaga es la provincia donde más sube el precio de la vivienda en España y, por tanto, donde asumir un alquiler o una hipoteca está sólo al alcance de bolsillos muy acomodados.

Lo reconoce el propio Ayuntamiento de Málaga, gobernado desde hace 20 años por el incombustible Francisco de la Torre, del Partido Popular, en su día presidente de la diputación franquista de Málaga y hoy, octogenario, un verso libre en el partido, activo impulsor de las políticas de memoria histórica en la ciudad y liberal en asuntos en los que su partido se escora sin remedio. También responsable, desde sus sucesivos mandatos, del perfil urbanístico de la Málaga actual. En la actualidad gobierna en minoría gracias al apoyo de un tránsfuga de Ciudadanos. La izquierda confía en que la campaña sirva para retratar el agotamiento de su proyecto; por el contrario, en el PP dan por segura la mayoría absoluta en estos comicios.

Fondos inversores que pagan los pisos a tocateja

Con datos del primer trimestre de 2023, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), organismo municipal, alerta que “el problema cada vez más evidente de una Málaga dual es el aumento continuo de la brecha en relación a los precios de la vivienda y el esfuerzo necesario para su adquisición, que imposibilita al acceso a un inmueble a una gran parte de la población y en especial a las personas joven”.

Ese mismo informe señala en Málaga casi la mitad de los inmuebles se pagan a tocateja, ¿quién puede soltar del tirón 200.000 o 300.000 euros? Un asalariado no, desde luego, a no ser que sea el suertudo heredero de un desconocido tío abuelo emigrado que hizo fortuna en las minas de plata del Perú o le toque el Euromillones.

El informe del OMAU no da rodeos ni está para bromas: “El 45% de los compradores pagan la vivienda sin necesidad de préstamo hipotecario, lo que indica claramente que se trata de personas con altos niveles de renta o de grupos inversores. También en el conjunto de la provincia de Málaga el 34% de los compradores son extranjeros con rentas claramente superiores a la local”.

Esta radiografía de Málaga no es ajena a otras capitales españolas y europeas pero es la ciudad andaluza la que ha protagonizado una reciente campaña de la Junta de Andalucía como destino idóneo para los nómadas digitales, “dirigida a menores de 40 años que puedan desarrollar su trabajo en remoto, así como jubilados o personas con altos cargos y directivos, con alto poder adquisitivo que busquen un lugar donde fijar su residencia por unos meses o de manera estable”, según se lee en la nota de prensa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, departamento encargado de diseñar las políticas de turismo en la comunidad que gobierna, con mayoría absoluta desde el pasado junio, el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Para Málaga, el Gobierno andaluz quiere rentas altas procedentes, muchas de ellas, de ese Silicon Valley costasoleño donde nacen (y puntualmente crecen) starts ups tecnológicas, muchos de esos altos directivos vivirán por un tiempo en uno de los miles de pisos turísticos que se ofertan en la capital. La rotación en estas viviendas pasa por altos directivos y por miles y miles de turistas ocasionales venidos de toda Europa.

Sólo en el centro de Málaga, hay más viviendas turísticas que malagueños censados y su provincia es la que más pisos tiene de esta categoría de toda España. En total hay 35.360 alojamientos turísticos con una capacidad global para 179.640 viajeros, según datos del INE de mayo de 2023. Centenares de estos recogen la llave que le da acceso a su alojamiento de un cajetín con un candado.

¡Ay, los candados!

No ha sido hasta la denuncia, polémica, del candidato de Adelante Andalucía en estas municipales del 28M, Luis Rodrigo, que el ayuntamiento malagueño ha anunciado que retirará los candados y cajetines que emplean los propietarios de estos pisos para depositar las llaves ubicados en la vía pública, en farolas, barandillas, puentes o bancos.

El problema de los pisos turísticos forma parte del listado de denuncias que en esta campaña están abanderando los candidatos de la izquierda en capitales que sufren una turistificación al alza. Es el eje de la campaña de Dani Pérez, candidato del PSOE, partido del que algún histórico socialista reconoce en off a infoLibre que “hemos llegado tarde a esta denuncia y corremos el riesgo de no ser creíbles ahora”.

Sobre este asunto han debatido en el Parlamento de Andalucía, en la sesión de control del pasado jueves, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, y el presidente andaluz. El barón popular ha pedido que no se aliente la turismofobia. “Hay que ser tremendamente prudentes y no populistas cuando se habla de turismo, una industria que da de comer directamente a 400.000 familias en Andalucía y representa el 14% del PIB”. Ha dado otro dato: en lo que va de año, la comunidad ya ha recibido 5,8 millones de visitantes, la aspiración es que la mayor parte sean a futuro de “alto poder adquisitivo, un turismo de mayor calidad”.

No hay alcalde ni presidente autonómico que se presente en las elecciones de este 28M que lleve en su programa acabar con la industria del turismo. Pero sí hay quién quiere buscar el equilibrio y compatibilizar el desarrollo económico que llega con el turismo con políticas que trabajen por la vida normal de los vecinos y el mantenimiento de las señas de identidad de las ciudades y pueblos por los que España es un destino de primer orden internacional. El debate es complejo y conviene no resolverlo con una disyuntiva tipo test: turismo sí, turismo no.

Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado un duro revés al Gobierno andaluz y ha respaldado que los ayuntamientos puedan poner topes a estos pisos en zonas saturadas. A finales del año pasado, el Gobierno andaluz recurrió la orden, impulsada por los ayuntamientos de Cádiz y de Sevilla, mediante el cual ponían coto en zonas saturadas a los pisos turísticos.

No en pocas ocasiones Francisco de la Torre ha declarado que carece de competencias para regular los pisos turísticos –la más reciente cuando la polémica de los candados- pero sí las tiene, a decir de la sentencia del TSJA. El alcalde malagueño puede limitar que lleguen al mercado más pisos turísticos a una ciudad cuyo centro histórico, ganado al peatón desde hace años, se ha convertido en una suerte de parque temático donde se esquivan mesas, sombrillas y guiris ebrios. Pablo Bujalance, en sus reflexiones en la sección calle Larios en Málaga Hoy, viene retratando la degradación que ve. “Lo de sentirse como un extranjero en Málaga es cada vez menos una frase hecha y cada vez más una evidencia empírica”.

No es un problema que sólo sufra Málaga, ya lo hemos indicado, pero la diferencia es que en otras capitales sus regidores quieren poner freno a estos desmanes y en Málaga, no. No por ahora.

Hay otra diferencia respecto a la política turística de otras capitales: Cádiz o Sevilla, la primera gobernada por Adelante Andalucía y la segunda por el PSOE, han propuesto cobrar una tasa turística para que todos los viajeros tributen con una pequeña cantidad, uno o dos euros máximo, de modo que pueda revertirse de alguna forma en la ciudad el impacto de estas visitas y que estos fondos cubran actuaciones para la conservación del patrimonio urbano. Málaga está en contra, el Gobierno andaluz, también.

No toda la política en materia de vivienda es negativa desde el gobierno malagueño: el Ayuntamiento de Málaga, en manos del PP desde 1995, entonces con Celia Villalobos de alcaldesa, ha construido 5.300 VPO para venta o alquiler desde el año 2000. En su plan de campaña, De la Torre ha prometido la construcción de 8.900 nuevas viviendas protegidas y libres en régimen de alquiler y venta y 4.700 actuaciones de ayuda al alquiler. Proyectos, con todo, dependientes de la agilidad de una gerencia de urbanismo rápida, lenta o lentísima según dependa.

La vivienda, con el permiso de Bildu, es el tema de esta campaña y una preocupación de primer grado para miles de ciudadanos que votarán en los próximos comicios.

Bajo el título El malestar de las ciudades (Arpa Editores), Jorge López Dioni denuncia la privatización de los espacios públicos, los efectos del turismo y la especulación urbanística. “Poco a poco, las ciudades se vacían y envejecen. Lo extraño es que no lo notamos, porque el flujo constante de personas nos hace sentir que todo está lleno, en especial los centros históricos, reconvertidos en parques temáticos”, reflexiona el autor.

Centros históricos de los que los locales, literalmente, son expulsados. Un dato sirve de contexto: en 2022, el salario medio en Málaga es de 17.468 euros anuales, 3.407 más bajo que el que contabiliza España (21.519 euros). Según datos de Eurostat, los trabajadores de los 10 principales motores económicos de la UE reciben de media una remuneración anual de 42.402 euros. Esa es la media. Es fácil pensar la brecha sideral que existe si se compara con los sueldos de esos altos directivos a los que la Junta quiere recibir a lo Pepe Isbert.

Málaga, en gran medida, sigue siendo una ciudad de trabajadores del sector servicios y de ahí ese sueldo de media. “El PTA es una magnífica fuente de riqueza y empleo pero es insuficiente para Málaga, no se puede vivir casi exclusivamente del turismo, hacen falta empresas que den más soporte a la economía de toda la población que vive en esa conurbación que va de Algeciras a Vélez-Málaga”. La prensa ha bautizado este fenómeno territorial que une el sur de Cádiz con la comarca de la Axarquía malagueña, poco explotado en el discurso político, como Malagadir.

La fuente que así opina, un alto cargo malagueño de los últimos gobiernos de la Junta socialista, considera que falta una mirada supranacional, por encima de las cuotas política, hacia ese eje, en el que se suceden municipios, casas diseminadas, urbanizaciones y de viviendas de lujo, que habitan casi tres millones de personas y en donde Málaga se erige como la gran capital.

Podría escribirse un artículo interminable enlazando datos que dibujen la situación de capital y el influjo de sus políticas en las poblaciones del entorno pero los datos ya sirven para situar el foco del problema.

¿Hay manera de revertir esta dinámica? Hay ciudades que ya han perdido por completo el control de los efectos del turismo, caso de Venecia; otras están tratando de revertir dinámicas de desenfreno especulativo, caso de Barcelona, y otras están en ese justo punto en el que pueden pararse a pensar qué es lo que quieren ser de mayores. Justo en esta categoría se sitúa, según varias voces con las que ha hablado infoLibre, Málaga.

En la capital malagueña, no en vano se da con vigor un movimiento social, venido desde distintos ámbitos, sensibilidades y organizaciones, que aboga por un repensamiento de los procesos urbanísticos desde un punto de vista político y social. Es otra forma de mirar al espacio público y a la vivienda: no como un producto, sino como un derecho.

En la serie audiovisual Se vende, Daniel Natoli, arquitecto y cineasta, cartografía desde hace años las consecuencias de las políticas del ladrillo en el litoral malagueño. En un primer documental, El último vergel, retrató el conflicto en Maro, uno de los últimos lugares libre de hormigón de toda la Costa del Sol, un territorio, explica, “con un fuerte arraigo a la tierra” desde antiguo por parte de las familias de agricultores del pueblo, donde se proyecta un campo de golf, hotel y viviendas de lujo.

Ahora, bajo el título de La posibilidad de un bosque, Natoli ha retratado el conflicto en los antiguos terrenos de Repsol, en Málaga, en torno a la construcción de cuatro torres en este solar que, con la expansión urbanística, ya están en la zona centro de la ciudad. Las continuas variaciones en el planeamiento urbanístico han hecho golosos para los promotores urbanísticos y las constructoras estos terrenos que albergaban unos depósitos donde se almacenaba el petróleo procedente de los barcos que paraban en el puerto para su posterior distribución y que no fueron desmantelados hasta el año 2000.

La confrontación social con el ayuntamiento nace en los años ochenta, cuando los vecinos empiezan a movilizarse pidiendo el desmantelamiento de estos depósitos de petróleo y la creación en su lugar de un gran parque urbano. Hoy, esos terrenos se sitúan entre dos de los distritos con más densidad de población de toda Europa, el de Carretera de Cádiz y el de Humilladero; hablamos de 200.000 habitantes de los cerca de 600.000 censados en la capital. A su vez son dos de las áreas con menos zonas verdes de la capital, apenas dos metros cuadrados por habitante frente a la media de entre 10 y 15 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 6,3 metros cuadrados de los que disfruta de media el resto de la ciudad.

Esas zonas, además, responden, según Pedro Sánchez, portavoz de la plataforma BUM (Bosque Urbano Málaga), “al desordenado desarrollo urbanístico” que trajo consigo la emigración de la provincia a la capital en los años sesenta y setenta, barrios en los que hoy habitan familias obreras y que nunca llegaron a corregirse.

Investigan a más de un centenar de personas por supuesta gestión irregular del agua en Málaga

Ver más

En el PGOU de 1983 no se contemplaba edificación alguna; el de 2011, el vigente, contempla su aprovechamiento urbanístico al máximo: cuatro torres y un centro comercial de lujo, la zona verde es testimonial. La plataforma BUM actualmente tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo para paralizar este último, enésimo, gran proyecto urbanístico que lidera el equipo de Francisco de la Torre. En el actual contexto electoral, BUM ha exigido a todos los candidatos municipales que digan qué piensan hacer con estos terrenos.

Bosque Urbano ya trató de paralizar de forma cautelar la subasta de estos terrenos, en su día, la jueza desestimó la demanda y le impuso el pago de las costas. La cuantía de ese dinero, que el ayuntamiento llegó a cifrar en 235.000 euros es otro de los puntos de conflicto entre los vecinos y el equipo municipal.

El cine Albéniz, en Málaga, acogerá el próximo martes 23 a las 20.00h, el estreno del documental de Daniel Natoli que explica, en parte, esa cara B del Silicon Valley del sur de Europa.