BB Serveis, la historia del mayor fraude conocido en el sector de las residencias

La pandemia convirtió a las residencias en la zona cero de la emergencia sanitaria, con 25.000 mayores fallecidos en menos de un año, y puso en el foco la actuación de determinadas multinacionales que se lucran con las adjudicaciones que reciben para gestionar geriátricos. Pero la tentación de enriquecerse con el dinero público destinado al cuidado de los ancianos no nació con la pandemia. Y en alguna ocasión se llegó a ejecutar a través de una presunta organización criminal, como ocurrió con la trama del grupo BB Serveis, que la Guardia Civil desarticuló el 23 de febrero de 2016. Se cumplen ahora cinco años y está a punto de finalizar la instrucción judicial de un caso considerado como la mayor estafa conocida en el sector de las residencias: afectó a más de 750 mayores, que recibieron una asistencia en muchos casos deficiente, y a 2.000 empleados. Algunos de ellos estuvieron hasta siete meses trabajando sin cobrar sus salarios y se enfrentaron a graves situaciones de precariedad económica, desahucios incluidos.

La lucha de un grupo de trabajadores fue clave en la operación contra la trama, al denunciar los hechos ante la Justicia, lo que está en el origen de las diligencias que lleva el Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona. La Plataforma de Afectados BB Serveis se creó en 2011, promovida por una trabajadora en una residencia del grupo (María José Alarcón), su pareja (Roberto Martínez) y el marido de otra empleada (Eduard Montells). “María José y yo sufrimos nuestro primer desahucio por aquellas fechas, y fuimos conociendo otros casos similares, lo que nos hizo ver que debíamos organizarnos”, rememora Roberto en conversación con infoLibre. El 8 de enero de 2013, una treintena de afectados presentaron una querella y la consiguiente investigación de la Guardia Civil llevó a la detención de cinco personas en febrero de 2016, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y contra el derecho de los trabajadores.

Además de presentar la querella, la Plataforma de Afectados BB Serveis también decidió grabar un documental explicando lo que habían sufrido ancianos y empleados. Se titula Pactos de silencio, lo dirigió Toni Navarro –director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona– y está construido sobre los testimonios de extrabajadoras del grupo (lo puedes ver aquí). Isabel Jiménez, por ejemplo, relata el abandono extremo que se vivía en la residencia: “No tener pañales, no tener esponjas, no tener geles. Incluso para comer no tener cubiertos, no tener platos, manteles. Llegar hasta ese punto. A los ancianos los hemos enterrado en vida”. Pilar García Sirvent recuerda que era “horrible estar en la lavandería porque no había nada. Ni jabón, ni nada. Nos han robado descaradamente, a los ancianos, a los familiares y a nosotros”. María José Alarcón, primera firmante de la querella, pone el énfasis en la injusticia de que se haya estafado a “gente que está en la fase más vulnerable de su vida”. “Nos faltaban medicinas, pañales. Nos faltaba de todo”, denuncia José Cano, que fue usuario de uno de los centros.

LA TRAMA

Los responsables de BB Serveis, con sede en Cataluña, crearon empresas franquiciadas por toda España con las que se presentaban a concursos públicos para recibir adjudicaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos, tanto para la gestión de geriátricos como para servicios de atención a domicilio. En total se hicieron con unas 90 adjudicaciones. “Una vez los franquiciados habían conseguido los contratos se desentendían de todas sus obligaciones y se preocupaban únicamente de recaudar el dinero fruto de estos contratos obviando incluso el pago de Seguridad Social, tributos a Hacienda y sueldos y salarios de los trabajadores”, explicó la Guardia Civil, que cifró inicialmente en 34.6 millones el dinero adeudado a los diferentes acreedores de BB Serveis. Parte de ese dinero se destinó a la adquisición de propiedades y de vehículos de lujo, como un Aston Martin valorado en 305.144 euros que compró el presunto jefe de la organización.

En diversos informes que constan en el sumario, al que ha tenido acceso infoLibre, la Guardia Civil sostiene que la supuesta organización delictiva tenía una estructura piramidal: el líder era Jesús Puyoles, en un segundo escalón se situaban Ismael Soriano y Alain J. Dominique Hernández, y en el tercero figuraban Diego Parra y Bauduin Noel Antoon Hayen, entre otros. Esas fueron las cinco personas detenidas hace cinco años. A dos de ellos ya no les alcanzará la Justicia porque han fallecido, Hayen y Puyoles, aunque la plataforma de afectados desconfía sobre este último deceso. “La muerte de Jesús Puyoles no acabamos de creérnosla. Es un personaje tan oscuro que no nos extrañaría que se hubiese fugado tras fabricar su muerte”, sostiene Roberto Martínez.

La Guardia Civil considera probada la existencia de financiación de procedencia extranjera, que “pudiera ser con el fin de llevar a cabo un blanqueo de capitales, generado por los beneficios económicos que los investigados han obtenido del desvío de capital de las sociedades de la trama”. En ese esquema se encuadran cuentas abiertas en bancos de Andorra y Suiza, además de la sociedad luxemburguesa Primedale Participation SA, todo ello controlado por Puyoles. Las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo por Primedale son del año 2012 y en ellas reconocía ser dueña del 60% de una de las compañías españolas de la trama (instituto Geriátrico Fenix). En mayo de 2020 se inscribió la disolución judicial de Primedale.

En cuanto al dinero de Suiza, el Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona está pendiente de la respuesta a una comisión rogatoria enviada al país helvético, que es en principio la única diligencia que falta antes de cerrar la instrucción y decidir si procesa a los investigados.

La Agencia Tributaria, por su parte, emitió un informe en el que concluye que varias empresas del grupo cometieron delitos fiscales y que en total se produjo un “desvío de fondos” de 10,42 millones de euros.

ACTIVOS EN EL SECTOR RESIDENCIAL

Dos de los implicados siguen a día de hoy activos en el sector residencial. Se trata de Ismael Soriano y Diego Parra, que son matrimonio. A través de la sociedad DP Consultores de Dependencia SL, donde consta como administrador y socio único Parra, gestionan las residencia Verge de la Salut en Granollers y en La Roca del Vallès (Barcelona). infoLibre contactó con ambos para conocer su versión sobre los hechos, pero declinaron realizar declaraciones.

Este periódico también preguntó al Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat por la situación de ambos geriátricos. Una portavoz explicó que el centro de Granollers tiene 21 plazas financiadas por la Generalitat, a través de lo que se conoce como prestación económica vinculada al servicio residencial (PEV), mientras que el de La Roca del Vallès no recibe fondos públicos.

“En las visitas de oficio que ha realizado la Inspección de Servicios Sociales no se han detectado faltas remarcables en cuanto al mantenimiento o la atención asistencial”, añadió dicha portavoz sobre ambas residencias.

Que Soriano y Parra sigan vinculados al sector residencial, después de lo que ocurrió con BB Serveis, es una de las cuestiones que más indigna a los afectados. “Imaginemos que alguien ha sido detenido por ser un presunto pederasta y, mientras llega el día del juicio, se le permite abrir dos guarderías. Esto es lo que está ocurriendo con los ancianos en el caso de BB Serveis. Son personas que están acusadas de robar dinero público destinado a dependientes y se les permite seguir gestionando dos residencias”, denuncia Roberto Martínez.

En los informes de la Guardia Civil que constan en el sumario, a Ismael Soriano se le define como “hombre de confianza” de Puyoles, que se apoya en él “en lo relativo al funcionamiento de los centros” residenciales por su experiencia en el sector socio-sanitario. A Diego Parra, por su parte, lo acusa de utilizar precisamente la empresa DP Consultores para emitir facturas falsas que permitan “maquillar” los balances de compañías de la trama y de ayudar a la organización “en lo referente a la ocultación y distracción de bienes”.

las víctimas

Las víctimas de los directivos de BB Serveis fueron los ancianos y las trabajadoras. La quiebra del grupo afectó a 750 mayores, pero para ellos aquel momento supuso el fin de la desatención que habían sufrido en los meses anteriores. Para muchas trabajadoras, en cambio, sólo supuso un punto y seguido en una situación de desamparo. "Hubo precariedad económica, miedo, dolor, desahucios, embargos, deudas, incluso años después muchas personas siguen arrastrando deudas y son acosadas por empresas de recobros, un acoso impune por cierto. En uno de los casos que conocimos se produjo un suicidio. Esto es lo que sabemos, pero hay muchas historias que a día de hoy se desconocen. No es solo lo que te hacen en esos momentos, sino que muchos veces arrastras las consecuencias durante años", destaca Roberto Martínez.

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La investigación judicial estuvo cuatro años bajo secreto y, cuando se levantó, la Plataforma de Afectados comprobó con agrado "la buena investigación del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil, además del buen trato hacia las víctimas, algo que lo hace más llevadero". Así que ahora esperan el cierre de la instrucción y el procesamiento de los imputados, "que ya va siendo hora de verles sentados en el banquillo". Eso sí, lamentan que no se hayan investigado también las adjudicaciones de los concursos públicos, además de la trama económica en la que se ha centrado el Juzgado: "Todo huele muy mal. En Cataluña, por ejemplo, es algo que vergonzosamente no han investigado desde la Oficina Antifrau o desde el Sindic, pese a conocerlo desde 2015".  

En la plataforma están convencidos de que es necesario un cambio en el modelo residencial. Su portavoz, Roberto Martínez, señala que "el principal problema es que se han metido en el sector empresas cuyo interés es evidente es el de hacer negocio. Y no se puede hacer negocio de necesidades básicas, así que la solución pasa por que sean expulsadas e investigadas y que el cuidado de los mayores sea un servicio cien por cien público. Si quitas a todas esas empresas, las personas dependientes estarían bien cuidadas, las trabajadoras bien pagadas y sobraría dinero. Así de sencillo".

Este año se cumplirán diez años de la creación de la Plataforma de Afectados BB Serveis. ¿Ha merecido la pena? "Depende de lo que se considere merecer la pena", reflexiona Martínez. "Si lo miras desde el punto de vista individual o de las personas que luchan, posiblemente no; pero si lo miras desde el punto de vista social y del interés general, se van generando cambios que hacen que no sea tan fácil para las tramas criminales seguir con su actividad. Lo que sí que es urgente es que se proteja a quienes denuncian, algo demandado por los alertadores de corrupción, que acabamos siendo perseguidos, intentan destruirnos y en muchos casos malvivimos. Es algo que echa para atrás a mucha gente a la hora de denunciar y obviamente no parece que sea por casualidad".