Blasco, condenado a ocho años por el ‘caso Cooperación’, se resiste a dimitir

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y actual diputado no adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, ha sido condenado a ocho años de prisión por dirigir el desvío de ayudas en proyectos de cooperación. Con su intervención y sus órdenes a subordinados favoreció al cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, y impidió que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.

Tras conocerse la noticia Blasco ha asegurado que dimitiría y renunciaria así, de forma inmediata, a su escaño en el parlamento valenciano. Sin embargo, el registro de la cámara autonómica ha cerrado a las 19.30 horas de este miércoles sin que se tuviera noticia alguna de la dimisión del que fuera hombre fuerte de Francisco Camps.

Tanto Blasco como el resto de condenados recurrirán el fallo, al considerar que los hechos probados en la sentencia no se ajustan a la realidad y que la resolución es injusta y dura. Para presentar el recurso ante el Supremo disponen de un plazo de cinco días. Si finalmente deciden hacerlo efecto, el Alto Tribunal podría pronunciarse en un plazo aproximado de seis u ocho meses.

Desvío millonario

La Justicia considera probado que en marzo de 2008 la Generalitat otorgó a Augusto César Tauroni 1,6 millones de euros para proyectos en países en vías de desarrollo, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es decir, menos de 3 por ciento. El resto se destinó a un "beneficio propio", a la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia.

Y esto fue posible tras "maniobrarlo" Blasco y Tauroni. El empresario lograba con ello una comisión del 25 por ciento del importe de las subvenciones, sin que conste "bien determinado", por otro lado, qué tipo de compensación recibiría el exconsejero y sus colaboradores.

Para cometer estos delitos, Blasco, quien era consciente de que la fundación no cumplía con los requisitos previos exigidos y que tampoco destinó los fondos a los proyectos, contó con la colaboración de su anterior equipo directivo, que respondió a sus directrices "en atención a su autoridad" y ante el "temor" de que pudiera prescindir de sus servicios.

Así de contundente se ha mostrado el tribunal que juzgó a Blasco y a otros ocho acusados más por la pieza primera del caso Cooperación, en la que se han juzgado presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes, dirigida por Marcial López, en el año 2008.

El tribunal considera que Blasco, quien dirigió diferentes consejerías cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat, cometió un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, por lo que le condena a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.

Otros condenados

Pero el tribunal aclara en su sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo– que Blasco no actuó solo, y que tiene una responsabilidad similar Augusto César Tauroni, único en prisión por esta causa, por lo que le fija la misma pena pero como cooperador necesario de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsificación y de malversación.

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Así, la justicia sentencia a la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación; y el exsubsecretario Alexandre Català cumplirá cuatro años, seis meses y un día de cárcel; al igual que el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.

Por su parte, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, es de tres años de cárcel; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, de cuatro años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, tres años y seis meses. El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le han impuesto siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Además, el tribunal condena a Tauroni, López y Cervera a pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe defraudado, es decir, de 1.784.840 euros, y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación Cyes.